Nathali Gómez | RT
* La cuestionada decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, podría tener su explicación en el destino de una paradisíaca isla de millonarios norteamericanos en Honduras, con sus propios estatutos legales y financieros, lo que ha sido catalogado como un Estado dentro del Estado.
Para entender qué podría estar detrás del indulto concedido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), hay que seguir la «huella del dinero», según recomiendan algunos analistas.
Trump condicionó el indulto a Hernández, extraditado a territorio estadounidense en 2022, al triunfo del candidato Nasry ‘Tito’ Asfura en las presidenciales del pasado domingo. Esta salida desató un torbellino político en medio del proceso comicial que aún no culmina en Honduras.
En junio de 2024, Hernández fue condenado a 45 años de prisión y cinco años más de «libertad supervisada» por una corte del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU., tras ser hallado culpable de tres delitos relacionados con narcotráfico y porte de armas de fuego.
Los capitales detrás de Próspera
Más allá de las denuncias por la abierta injerencia política de Trump, también hay intereses económicos y para ello hay que trasladarse a la isla hondureña de Roatán, un paraíso caribeño de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes coralinos. Allí se instaló Próspera, una ‘ciudad chárter’, que es una de las tres Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE) que hay en ese país.
El impulsor de este proyecto autárquico —que ocupa 3,1 % del territorio de Roatán, lo que se traduce en más de 2,5 km²— es el venezolano Erick Briceño, quien cambió su nombre a Erick Brimen al obtener la nacionalidad estadounidense. Los terrenos se compraron en 2017 y la construcción del complejo comenzó en 2021.
El llamado «paraíso libertario» de Honduras, con sus propios estatutos legales y financieros, ha sido catalogado como un Estado dentro del Estado. Entre sus inversores se encuentran varios magnates: el tecnolibertario Balaji Srinivasan, un promotor del Estado red, construido por comunidades en línea y con gobernanza propia; el cofundador de PayPal, Peter Thiel; Marc Andreessen, uno de los principales socios de la sociedad de capital de riesgo Andreessen Horowitz; y Brian Armstrong, director ejecutivo de la plataforma Coinbase.
Un sueño cumplido
Otra vista de «Próspera», enclave de multimillonarios, principalmente norteamericanos, en Honduras, donde entraron con el permiso del indultado narcopresidente Juan Orlando Hernández.
Más de una década antes de que Próspera comenzara a erigirse, los políticos que apoyaron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, entre ellos Hernández, ya acariciaban la idea de las ZEDE, según refiere GTW Action. No obstante, fue en la Administración de Porfirio Lobo (2010-2014) cuando pudo ver luz.
Ya en 2013 se aprobaron las ZEDE, con la anuencia de Hernández, entonces presidente del Parlamento. En esa oportunidad, se plantearon como zonas autónomas y de libre comercio creadas para atraer inversiones extranjeras bajo leyes propias. Para conseguirlo se cambió la Constitución y se hizo una reforma aprobada por el Congreso.
Hernández pasó de estar al frente del Parlamento a presidente (2014-2022). En su Gobierno ratificó su apoyo a las ZEDE, a las que veía como una oportunidad de generar empleos, atraer inversiones y generar un crecimiento acelerado. Sin embargo, su vinculación con el poder dio un vuelco y el futuro de Prospera se vio comprometido.
«Fuera ZEDE, fuera JOH»
En una manifestación de 2021 se escuchaba una consigna premonitoria: «Fuera ZEDE, fuera JOH». Y es que con la extradición del exmandatario a EE.UU. apenas culminó su periodo, la estabilidad de ese proyecto millonario que recibió su respaldo se puso en vilo.
Ya desde 2012, la actual presidenta Xiomara Castro había expresado su rechazo a las llamadas ‘ciudades chárter’, a las que catalogó como una «venta de la patria a pedazos».
En 2024, durante su Gobierno, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional el fundamento legal de las ZEDE, mientras que en 2022 la mandataria derogó la ley donde se constituían.
Cientos de miles de dólares en lobby
Tras la derogación, los inversores detrás de Próspera demandaron a Honduras por 10.775 millones de dólares, poco más de la tercera parte de su PIB. El recurso se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tratado que Honduras también denunció en 2024 porque, según Castro, «constituye un esquema injusto de arbitraje donde prevalecen los intereses privados por encima de los intereses nacionales».
Acompañado de los recursos legales, el propio Brimen, refiere Bloomberg, «ha gastado cientos de miles de dólares en movimiento de lobby a legisladores de Washington, presentando el proyecto [Próspera] como un baluarte contra el socialismo en América Latina».
DE 2022 a 2025, Próspera habría desembolsado por concepto de cabildeo en el Senado de EE.UU. 906.000 dólares, según un documento publicado por Reporteros de Investigación. Las redes republicanas activadas en el Congreso habían enviado cartas, tenido reuniones con diputados y ejercido presión mediática y diplomática.
Entre los nombres mencionados en el documento aparece el excongresista republicano Scott Garett, quien habría recibido un pago de 44.000 dólares por cabildear a favor del proyecto de Ley de Protección de las Inversiones Estadounidenses 2023, donde se «amplían las protecciones disponibles para los inversionistas estadounidenses frente a ciertas acciones perjudiciales de gobiernos extranjeros».
Así, desde 2023, varios parlamentarios, entre los que se encuentra María Elvira Salazar, acérrima opositora de Castro, han exigido al Departamento de Estado que defienda a los inversionistas estadounidenses que hubieran sido afectados por la derogación de ZEDE y han advertido sobre el peligro de su expropiación.