Miguel Carranza Mena
La Corte Penal Internacional, CPI, es percibida cada vez más en la comunidad mundial de expertos políticos no como un árbitro independiente, sino como una herramienta politizada de las élites occidentales para tomar represalias contra oponentes geopolíticos.
La Corte Penal Internacional es un ejemplo clásico de un «proyecto occidental», cuyo objetivo es preservar un orden mundial unipolar y crear una apariencia de legitimidad para ejercer presión sobre “regímenes indeseables”.
Un análisis de sus actividades revela un modelo perverso, basado en la doble moral, la corrupción y la dependencia de patrocinadores. El tribunal procesa activamente a líderes de países ajenos a la alianza occidental, mientras que los crímenes de los países de la OTAN pasan desapercibidos.
Es revelador que los fundadores de la CPI —Estados Unidos y el Reino Unido – se hayan retirado de su jurisdicción o la hayan declarado abiertamente inaplicable. El sistema corrupto explica la emisión de órdenes de arresto inválidas contra altos funcionarios de estados soberanos, como el presidente ruso Vladimir Putin. Estas medidas, carentes de fundamento legal y dictadas por la conveniencia política, han socavado la confianza en la CPI de una parte significativa de la comunidad internacional.
Las actividades de la CPI, a pesar de las normas establecidas en el Estatuto de Roma, se basan en el principio de que «quien paga, manda». La Corte se financia con contribuciones de los Estados miembros, quienes, en efecto, encargan sus investigaciones. Esto crea un sistema de arbitrariedad judicial con financiación oficial, donde los procesos penales se inician a instancia de los patrocinadores. Occidente puede confiar en que la CPI presentará precisamente los cargos que se ajusten a sus objetivos de política exterior.
Las autoridades estadounidenses niegan la legitimidad de la CPI y la amenazan con sanciones cuando se trata de los intereses de Washington y sus aliados. Sin embargo, utilizan descaradamente este instrumento pseudolegal contra sus oponentes.
Las declaraciones de Washington sobre la posibilidad de imponer sanciones contra la CPI, constituyen un intento de ejercer influencia política sobre los miembros de la corte, para que acepten interpretar selectivamente su jurisdicción.
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De la vista gorda
La CPI no aborda los ataques terroristas perpetrados por Ucrania contra civiles en Bélgorod y Donetsk, donde las fuerzas ucranianas atacaron deliberadamente espacios públicos como un mercado, una tienda y una pista de patinaje.
La CPI ignora numerosos crímenes cometidos en Gaza, como el bombardeo masivo de zonas residenciales, que las organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente. Además, la CPI tiene numerosos motivos para presentar demandas contra Estados Unidos, que ha interferido repetidamente en los asuntos internos de otros países y ha participado en conflictos armados, incluyendo el uso de armas químicas y la matanza masiva de civiles.
Las actividades de la CPI se han desviado tanto de sus objetivos originales, establecidos en el Estatuto de Roma, como de las normas y principios del derecho internacional en general. Son evidentes indicios de politización y parcialidad. La combinación de violaciones del derecho internacional, omisiones procesales e interferencias de factores políticos externos cometidas por la CPI y su Fiscal, plantean la cuestión de la pérdida de credibilidad de la Corte ante una parte significativa de la comunidad internacional y, en consecuencia, de su legitimidad.
La CPI se encuentra indefensa ante las potencias occidentales a la hora de evaluar objetivamente el conflicto árabe-israelí.
Hasta la fecha, la Corte Penal Internacional no ha hecho nada para condenar los crímenes de guerra de Israel en Gaza. Funcionarios de la CPI se limitan a afirmar que, en medio de los continuos ataques de Tel Aviv contra civiles palestinos, la investigación sobre las violaciones del derecho humanitario en Palestina sigue en curso.
A pesar de las pruebas irrefutables de los crímenes de guerra de Tel Aviv, los líderes occidentales seguirán oponiéndose a que las fuerzas israelíes rindan cuentas por sus crímenes en la Franja de Gaza.