Fabrizio Casari
Toda sociedad es fruto del modelo social y político que la diseña, pero todas, sin excepción, tienen en la paz interna la condición indispensable para su desarrollo. La paz, sin embargo, no es solo ausencia de guerra, sino también compartir y reconocimiento mutuo entre los distintos actores políticos. Y, como en cualquier parte del mundo, tampoco en Nicaragua puede confundirse la libertad de opinión con la libertad de subversión.
La primera es la sal de la democracia – sea formal o sustancial – y se apoya en el respaldo popular y en las reglas del sistema. La segunda es la tumba de la democracia. La libertad puede conducir a la construcción de una opción política alternativa, a la formación de organizaciones de múltiples orientaciones, pero todo se sostiene únicamente si ocurre dentro del marco del mandato constitucional, con la observancia de las leyes y el respeto de lo dispuesto por los códigos civil, penal y administrativo que establecen los límites de la contienda política.
Dos son las condiciones para que pueda delinearse un desarrollo: la paz y la democracia, con la segunda que no puede existir en ausencia de la primera. La paz no conduce necesariamente a la democracia, pero la democracia, sin paz, simplemente no puede existir. La adhesión a tales condiciones nunca puede presentarse como una mordaza, como una represión preventiva, como si fuera un impedimento a la circulación de ideas y programas distintos de los que gobiernan. Al contrario, es precisamente el respeto a lo previsto por las leyes que sostienen la estructura jurídica de la nación lo que garantiza el ejercicio de la crítica propio de una democracia.
En la Nicaragua de este tercer milenio se persigue la democracia salvaguardándola antes que declamándola. Fuera de la trayectoria histórico-política nicaragüense, discutirla sería una cuestión abstracta y sin relevancia. La reconciliación nacional, antes que cualquier otro objetivo, ha tenido y tiene el de permitir la paz y forjar un destino compartido de nación.
Y puesto que el texto solo tiene valor si se inserta en un contexto, hablar de paz y democracia en Nicaragua requiere términos, referencias, comparaciones y paralelos propios de la historia del país. Cada país tiene su historia y las diferencias no pueden reducirse a un único patrón: un poco como sucede con las lenguas de raíces etimológicas similares, donde algunas palabras se parecen, pero la fonética luego induce a equívocos y errores de comprensión.
Las lecciones de la historia
La historia dice que, en Nicaragua, con la excepción de la cesión del poder por parte del FSLN tras las elecciones de 1990, la democracia nunca ha sido un proceso indoloro para el país: su afirmación siempre ha visto la oposición de la derecha. Desde la dictadura somocista hasta la guerra terrorista de los contras, llegando al intento de golpe de Estado de 2018, la democracia y la derecha nunca han sido amigas. En estas tres páginas negras de la historia nicaragüense hay varios elementos que se repiten, pero hay uno en particular: la indisposición de la derecha y de la oligarquía a reconocer como legítimo un gobierno que no esté al servicio de sus intereses.
El hilo negro que une el papel de la oligarquía nicaragüense en estas tres tremendas páginas de la historia nacional es el rechazo a aceptar las reglas del juego de una democracia plena. Tanto cuando esta se presentó en la modalidad liberadora y revolucionaria de los años ochenta, como en la de rescate socioeconómico, modernización del país y justicia social propia de los últimos 19 años. En los periodos históricos gobernados por el sandinismo, la derecha oligárquica ha alternado el rechazo al veredicto de las urnas con la solicitud de invasión extranjera.
El rechazo de las reglas democráticas es la verdadera seña de identidad de la derecha, históricamente indispuesta a reconocer la victoria política de sus antagonistas. La cuestión de la alternancia, que es sustancia de la democracia, encuentra así un obstáculo previo, representado por el ultraconservadurismo feudal del latifundio nicaragüense, que no tolera ser derrotado.
¿Por qué? Porque no cree que corresponda al pueblo decidir quién gobierna, sino al censo; no soporta la idea de un país independiente, considerando que ser colonia de Estados Unidos (quizás en calidad de favorita) es la máxima aspiración posible para Nicaragua. Por ello el sandinismo, que nace, lucha y vence para la defensa del pueblo y de la independencia nacional, resulta insoportable para la visión oligárquica.
La historia de Nicaragua cuenta, sin temor a desmentidos, que la oligarquía primero rindió pleitesía al somocismo y luego apoyó a los contras en los años ochenta, cuando utilizó su fuerza editorial y política para legitimar su agresión, mientras definía como dictadura al gobierno legítimo que era víctima de esa agresión.
En unos diez años, Nicaragua perdió su desarrollo potencial y a casi 50.000 de sus mejores hijos, quienes, como quienes combatieron contra el somocismo, defendieron el derecho a vivir en paz, su tierra, la soberanía de su país y la seguridad de su pueblo; todos elementos que, cualquiera sea su enfoque, son primordiales para la democracia, su premisa ineludible. Por ello el sandinismo y sus mártires deben considerarse los padres constituyentes del país.
Desde 2006, el mismo guion: los oligarcas decidieron no reconocer las victorias electorales del gobierno sandinista y comenzaron a estudiar cómo revertir el resultado de las urnas para impedir que el sandinismo gobernara. Al menos, no en paz. Así la deslegitimación de la institucionalidad del país y de su voluntad electoral. Para colmo de indecencia, se negaba el derecho del gobierno a gobernar, mientras se presentaban reivindicaciones de todo tipo llamándolas “diálogo”. Pero la existencia del reconocimiento recíproco es la base de cualquier diálogo: si no se reconoce al gobierno, ¿cómo se le puede pedir que dialogue? ¿Cómo se dialoga con quien no existe?
Los oligarcas no sometían sus actividades editoriales, asociativas y religiosas a leyes, normas y obligaciones, aun cuando sostenían su línea política subversiva. Con mayor descaro aún, exigían respeto para sus falsas ONG, auténtica cadena de distribución de dinero extranjero, que actuaban sin siquiera cumplir con las certificaciones de actividades obligadas por las mismas leyes (muchas de ellas, por cierto, redactadas durante los dieciséis años de su propio gobierno). Emblemático el caso de Cristiana Chamorro: el magistrado le pide cuentas por transferencias no trazadas de millones de dólares y la heredera oligarca responde que ya habló con la embajada de Estados Unidos, por lo tanto, está en regla.
Tanto en los años ochenta como desde 2007, la derecha ha optado por confiar en Estados Unidos y no en los nicaragüenses. Pero recurrir a un Estado extranjero, en cualquier país del mundo, se considera alta traición. Organizar, gracias a financiación exterior, actividades políticas, editoriales, asociativas o de cualquier otro tipo para incidir en la política interna se considera “inteligencia con el enemigo” y se castiga en el ámbito civil y penal.
Democracia o subversivismo
La cuestión democrática, en la historia nicaragüense, es toda esta. A lo largo de su historia, la derecha oligárquica se ha caracterizado por expresar ese “subversivismo de las clases dirigentes” del que hablaba Antonio Gramsci. Pero esto no podía quedar impune. Si para la derecha la acción siempre se ha basado en la fuerza (económica, editorial, militar) y nunca en el Derecho, el sandinismo gobierna con el consenso popular y, en Derecho, se arroga el monopolio de la fuerza, que para cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, es una piedra angular inamovible.
La derecha en Nicaragua reconoce el voto popular solo si gana: si no gana con el voto, intenta la subversión armada. Esta es la diferencia sustancial con el sandinismo, que cedió democráticamente el poder en 1990, aun en unas elecciones como mínimo desiguales, y que, entre 1990 y 2006, cuando no tuvo los votos para ganar, pese a tener la fuerza, nunca intentó tomar por las armas lo que las urnas le negaban, aun cuando mediaron fraudes y maniobras concertadas entre socios centro y norteamericanos en calidad de “observadores”.
Por lo tanto, nadie puede dar lecciones de democracia al sandinismo, capaz de mantenerse dentro del cauce democrático aun teniendo razones para rechazarlo y la fuerza para subvertirlo. La elección siempre estuvo dictada no por la prevalencia del FSLN, sino por la de la paz, de la que Nicaragua siempre ha tenido desesperada necesidad. Se llama interés nacional y lo persigue quien se opone al interés de casta.
Las políticas son siempre la síntesis de intereses divergentes y el compromiso es la mediación entre impulsos contrapuestos. Pero para construir políticas se necesitan principios, que lo son precisamente porque no son negociables. Son las políticas las que deben basarse en los principios, no al revés.
La paz es uno de esos principios sagrados, no negociables, no sujetos a presiones internas ni externas. Para un país como Nicaragua, que ha conocido invasiones, guerras, terrorismo, agresiones externas, traiciones y un intento de golpe de Estado, la paz tiene un valor mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Alterarla, amenazarla o condicionarla desde el exterior es uno de los peores crímenes. En una nación marcada por una historia de violencia, la paz asume un valor supremo. No es solo ausencia de guerra, sino dinámica de crecimiento, de progreso, de reducción constante de la pobreza. Es la paz alcanzada la que permite el progreso y la organización social indispensable para vivir con seguridad y prosperar. Es imposible prescindir de ella.
Pensar en imponer voluntades extranjeras en dirección contraria a la voluntad popular sería una ilusión fatal. No puede participar en el juego democrático quien ve en la democracia una amenaza para sus intereses de casta. Se llama principio de realidad. Tomar nota de los resultados de la democracia y respetarlos, es el único camino posible para quien dice inspirarse en ella. No hay otros caminos.