Esteban Arrieta | La República
* Serían tres bases militares, una de ellas estaría en Guanacaste, una provincia tica fronteriza con Nicaragua que nos fue arrebatada en 1858. La idea proviene de uno de los asesores de la presidenta electa, Laura Fernández, utilizando el pretexto del crimen organizado y el narcotráfico.
El abogado Fabián Silva, asesor de la presidenta electa de la República, Laura Fernández, planteó públicamente la posibilidad de instalar bases militares de los Estados Unidos en territorio costarricense, como parte de una estrategia para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.
La propuesta fue formulada durante una entrevista con el medio ¡OPA!, en la que el constitucionalista sugirió la presencia de fuerzas estadounidenses en puntos estratégicos del país.
“Ponga bases militares de los Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, y empiece a permitir que aquellos capturen a esos capos y los lleven a Estados Unidos. Esa mafia, esa porquería, no tengamos nosotros que tenerla en Costa Rica”, afirmó Silva.
El asesor argumentó que el fortalecimiento de la persecución penal contra estructuras criminales podría generar un desplazamiento de grupos delictivos hacia Costa Rica, ante la presión en otras naciones de la región.
“Vea lo que pasó en México. Un Estado poderoso militarmente, con un ejército tremendo enfrentando a un capo, usted cree que cuando empiecen a perseguir todos esos… van a venir a Costa Rica, porque es el paraíso de la anarquía, de la impunidad”, agregó.
Según el abogado, el país carece de la capacidad operativa suficiente para enfrentar un eventual aumento de la criminalidad organizada.
“¿Vamos a tener la capacidad a través de nuestras fuerzas policiales de contenerlo? No. Entonces, tenemos que hablar de establecer reformas a la Constitución, establecer acuerdos que nos permitan bases militares”, sostuvo.
Equipo legal para impulsar reformas
Las declaraciones de Silva se dan en el contexto de la reciente presentación de un equipo legal asesor por parte de Fernández, con el objetivo de impulsar reformas estructurales sin tropiezos de legalidad.
La presidenta electa anunció esta semana la integración de un grupo conformado por cuatro juristas de amplia trayectoria, quienes tendrán la tarea de acompañar proyectos como la reforma a la ley de usura, cambios en materia penal para endurecer penas y eventuales modificaciones a la Constitución Política.
El equipo asesor está integrado por:
-María Lourdes Echandi, especialista en derecho público y exprocuradora adjunta de la República.
-Fabián Volio, experto en derecho constitucional y administrativo, con más de 30 años de experiencia.
– Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Justicia y Seguridad.
-Fabián Silva, constitucionalista con años de análisis sobre reformas al Poder Judicial.
“Llegó el momento de dar ese paso al frente y que pasemos de los diagnósticos y de los análisis constructivos a las propuestas de reforma legal. Yo me siento con ellos muy bien acompañada y estoy segurísima de que el servicio que le darán al país está muy interesado en lo personal y muy, muy comprometido en enderezar lo que todos los ticos sabemos que está muy mal en el país”, manifestó Fernández al presentar al equipo.
La eventual instalación de bases militares extranjeras implicaría una reforma constitucional, dado que Costa Rica abolió su ejército en 1948 y mantiene una tradición histórica de desmilitarización, por lo que el planteamiento anticipa un debate jurídico y político de alto calibre en los próximos meses.