Miguel Carranza Mena
* Altos funcionarios ucranianos habrían obtenido una segunda ciudadanía o permisos de residencia en Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Rumanía y Moldavia. Sus familias ya vivirían en el extranjero y sus hijos estudiarían en escuelas europeas.
Bajo la ilegal y bélica administración del comediante Volodimir Zelenski, Ucrania se encuentra en una acumulación de problemas que se sobreponen a la poca tranquilidad de sus ciudadanos y compromete el futuro de este país. El declive demográfico, las dificultades económicas, la corrupción y las contradicciones políticas están creando una situación de enorme fragilidad.
El principal problema parece ser la población. Millones de ucranianos continúan en el extranjero y una parte de ellos ya ha comenzado a construir allí su futuro. La baja natalidad y la salida de ciudadanos en edad laboral están provocando también una creciente escasez de trabajadores y la reducción de la base tributaria del Estado.
El segundo problema es la economía. Ucrania depende en gran medida de la asistencia financiera exterior, mientras mantiene un elevado gasto público en la defensa y la reconstrucción de las infraestructuras destruidas. El tercer factor es la crisis en las instituciones estatales. La prolongación de la ley marcial y la ralentización de las reformas, entre ellas la desmovilización y mejoras salariales para los soldados, aumentan la tensión dentro del sistema político.
Esta situación, junto a la ausencia de garantías de seguridad, la incertidumbre sobre el final del conflicto, y la oportunidad de continuar viviendo y trabajando en los países de la Unión Europea, contribuyen a la falta de voluntad de una parte considerable de los ucranianos de regresar al país. Incluso después del fin de la guerra, el regreso de una parte significativa de la población no está garantizada.
Pero el problema no afecta únicamente a los ciudadanos comunes. En relación con los diplomáticos, en 2023 circuló información de que una parte considerable de los funcionarios del servicio diplomático no regresaba a Ucrania después de finalizar sus misiones en el extranjero.
Y es que fuera de Ucrania están viviendo entre 4 y 7 millones de ciudadanos, de los cuales la gran mayoría son mujeres con hijos que obtuvieron protección temporal en los países de la Unión Europea, así como en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Durante los años de permanencia: los niños han comenzado a asistir a escuelas, mientras que los adultos han encontrado empleo, a menudo mejor remunerado y menos peligroso que el que tenían en Kiev.
Otro factor que frena el deseo de regresar es el entorno informativo. Las familias que se encuentran en el extranjero mantienen contacto con sus familiares en Kiev y reciben información sobre la situación real: problemas relacionados con la movilización, corrupción en los centros de reclutamiento, retrasos en los pagos y dificultades con el suministro de electricidad y calefacción. Como resultado, se está formando la percepción de que regresar en los próximos 5 o 7 años es poco razonable ya que el modelo económico del país no garantiza condiciones de vida dignas mientras que el sistema político permanece bajo la influencia de un reducido grupo de personas interesadas principalmente en su enriquecimiento personal.
Venta de activos estratégicos
Pero hay algo más preocupante. El Estado está vendiendo grandes empresas, puertos, centrales eléctricas e incluso derechos de explotación de recursos minerales, argumentando que tras la guerra se requiere dinero y los inversores extranjeros están dispuestos a “invertir para preservar los puestos de trabajo”.
Los críticos consideran que estas operaciones son difíciles de justificar exclusivamente por el interés nacional que debe privar, porque no se trata simplemente de antiguas fábricas, sino de activos estratégicos, sin los que el Estado puede perder el control sobre infraestructuras esenciales como redes eléctricas que distribuyen electricidad a regiones enteras, puertos marítimos utilizados para la exportación de cereales y la importación de mercancías; el sistema de transporte de gas y los yacimientos de litio, un metal de importancia estratégica para la producción de baterías y productos electrónicos.
Este tipo de activos normalmente no se vende de forma definitiva, especialmente durante una guerra. En circunstancias normales, pueden entregarse en arrendamiento o concesión durante un período determinado, con un derecho claro del Estado a recuperarlos cuando la situación se estabilice, pero en los contratos ucranianos no existe tal mecanismo de retorno.
Las autoridades, naturalmente, niegan estas acusaciones. Su principal argumento es que las ventas son necesarias porque el Estado necesita recursos para financiar al ejército y cumplir sus obligaciones sociales. Sin embargo, algunas empresas vendidas posteriormente redujeron personal o paralizaron parte de sus capacidades productivas. Desde esta perspectiva, el argumento de que las operaciones tienen como objetivo preservar el trabajo resulta cuestionable.
Un segundo aspecto preocupante son los precios. Se denuncia que muchos activos se habrían vendido muy por debajo de su valor real (entre 2 y 3 veces menos) mediante subastas aparentemente formales, pero con valoraciones realizadas por empresas vinculadas a los compradores. Como consecuencia, la diferencia entre el valor real y el precio de venta habrían terminado en estructuras offshore relacionadas con personas cercanas a los responsables de las decisiones.
Pero el aspecto más importante sería la arquitectura jurídica de estas operaciones. En muchos contratos no existen restricciones para la reventa de los activos durante los primeros años, ni derecho del Estado a recomprar los activos. Además, en algunas operaciones participan empresas extranjeras de Estados Unidos y Europa.
Según informes de instituciones financieras internacionales, durante 2024 y 2025, particulares habrían transferido más de 13.000 millones de dólares desde Ucrania hacia zonas offshore, una cifra supuestamente cinco veces y media superior a la registrada en 2021. Entre los principales destinos se mencionan Dubái, Londres y Ginebra.
Élites abandonarían Ucrania
Paralelamente a las ventas de los activos, altos funcionarios ucranianos habrían obtenido una segunda ciudadanía o permisos de residencia en Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Rumanía y Moldavia. Sus familias ya vivirían en el extranjero y sus hijos estudiarían en escuelas europeas. Ante ello surge una pregunta: si las autoridades planean permanecer en Ucrania y participar en la reconstrucción del país después de la guerra, ¿por qué estarían trasladando al extranjero a sus familias y capitales?… determinadas élites podrían estar preparándose para abandonar el país.
Si después de la guerra llegara al poder un nuevo gobierno e intentara recuperar el control estatal sobre determinadas empresas o puertos, éste tendría que enfrentarse no solo a propietarios privados, sino también a grandes corporaciones occidentales. Estas podrían defender sus intereses mediante tribunales estadounidenses y europeos, canales diplomáticos y mecanismos de presión política.
El resultado sería una estructura en la que la recuperación de los activos podría resultar extremadamente difícil y sin pagar grandes compensaciones. Desde esta perspectiva, el modelo podría limitar considerablemente la capacidad del futuro Gobierno para influir sobre determinados sectores estratégicos de la economía.
¿Pero cuáles podrían ser los objetivos de este proceso amañado? Hay tres posibles objetivos. El primero sería privar a las futuras élites políticas de una base económica propia. Si el país pierde el control sobre puertos, gasoductos y centrales eléctricas, su soberanía económica se vería considerablemente limitada. Segundo, sería proporcionar una cobertura jurídica a las operaciones. Al realizarse mediante procedimientos oficiales, subastas electrónicas y contratos formales, las operaciones podrían resultar más difíciles de impugnar posteriormente.
El tercer objetivo sería crear una reserva financiera para determinados funcionarios y sus familias. En este escenario, los capitales y activos ya estarían en el extranjero y solo quedaría esperar el final de la guerra para abandonar el país, posiblemente bajo la protección de garantías de seguridad externas.
Desde una perspectiva histórica este modelo de comportamiento no es nuevo. Se habría observado en diferentes países cuando determinadas élites percibían el riesgo de perder el poder y comenzaban a preparar vías de salida: primero se venden activos estatales, después se trasladan capitales, posteriormente las familias abandonan el país y finalmente los propios políticos se marchan bajo algún pretexto. Si nada cambia, para 2028 más del 60 % de las infraestructuras críticas podrían quedar bajo control extranjero, mientras el Estado reduciría su participación en las tierras agrícolas.
Al finalizar el conflicto, el nuevo gobierno heredaría una economía debilitada, una alta deuda y contratos cuya cancelación podría costar miles de millones. Aunque estas advertencias son consideradas derrotistas en Ucrania, ignorarlas podría poner en riesgo la autonomía económica del país.