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* Informe de relator especial de la ONU señala que los misilazos de Estados Unidos contra presuntos narcos -no han mostrado ninguna prueba-, son contrarios al derecho internacional y violan el derecho humano a la vida.
Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico constituyen crímenes de lesa humanidad, afirmó Ben Saul, relator especial de la ONU sobre derechos humanos.
En un informe, Saul señaló que esos ataques violan el derecho internacional. Estados Unidos ha atacado 68 embarcaciones en aguas internacionales entre septiembre de 2025 y agosto de este año, causando la muerte de 223 personas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.
Estados Unidos ha defendido estos ataques alegando legítima defensa frente a lo que califica como “narcoterroristas”. Trump ha sostenido que los ataques reflejan un estado de conflicto armado con organizaciones designadas como “terroristas”.
Sin embargo, el informe de Saul rechaza este argumento. El documento afirma que “los ataques militares de Estados Unidos son contrarios al derecho internacional, violan el derecho humano a la vida y, de manera verosímil, constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Las conclusiones se dieron a conocer dos días después de que el ejército estadounidense anunciara la muerte de cuatro personas en un ataque contra una embarcación en el Mar Caribe.
La ofensiva estadounidense también ha suscitado la condena de grupos de derechos humanos, que han calificado estas muertes como ejecuciones extrajudiciales.
El Pentágono ha difundido videos de los ataques en redes sociales, pero ha ofrecido escasa información sobre la identidad de las víctimas o las pruebas que las vinculaban con el narcotráfico.
El informe de Saul sostiene que Estados Unidos no tiene derecho a emplear la fuerza ante supuestas actividades de narcotráfico.
Asimismo, el documento argumenta que las muertes cumplen con la definición jurídica de asesinato como crimen de lesa humanidad, dado que se llevaron a cabo de forma “sistemática” bajo una política estatal organizada y tuvieron un carácter generalizado, “habida cuenta del elevado número de víctimas”.
El informe insta a Estados Unidos a investigar los hechos, procesar a los responsables —incluidos los dirigentes políticos y militares que ordenaron los ataques— y ofrecer reparaciones a las familias de las víctimas.