El Ejecutivo, a través del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, propuso ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional encargada de evaluar a los candidatos a magistrados al Consejo Supremo Electoral (CSE), a Mayra Salinas Ugarte, ex directora del Instituto de Turismo (Intur), para ocupar el cargo que dejara vacante el ex magistrado José Luis Villavicencio.
En la hoja de vida presentada por el Ejecutivo al Poder Legislativo, se enumera que Salinas Uriarte es máster en alta gerencia pública y licenciada en Ciencias Sociales, además de fungir en el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (Inpesca) como funcionaria administrativa, así como en el Instituto de Historia de Nicaragua.
Alguien que salió hecha una furia luego de su comparecencia ante la Comisión Especial, fue Carmela Marie Rogers, también conocida como Kitty Montenegro, quien al parecer no tuvo nada nuevo que argumentar en relación a su caso de doble nacionalidad, por lo que de antemano está consciente de que correrá la misma suerte que en sus dos intentos fallidos por lograr ese cargo.
Monterrey furiosa
Sin ocultar su enojo, Monterrey quiso justificar su impedimento y la emprendió en contra de los miembros de la Comisión Especial, integrada por un diputado de la bancada del PLI, diciendo que en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) había un legislador que representa a Nicaragua y está en las mismas condiciones que ella.
El diputado suplente en el Parlacen al que Carmen Marie Rogers se refiere es a Mohamed Mohamed Lashtar, un nicaragüense con ascendencia libia. En un afán de querer enredar las cosas, la Kitty está tratando de manipular la situación diciendo que su presencia en el Parlamento Centroamericano se debe a que es miembro del FSLN.
Descalifica a comisión
Otro de los subterfugios esgrimidos por la mano derecha y ficha de confianza del presidente del PLI, Eduardo Montealegre, es que la Comisión Especial no tiene la facultad de hacer una interpretación de la Constitución de la República en torno a su situación, que en todo caso la autoridad que se debe pronunciar al respecto es la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Comisión Especial de la Asamblea Nacional todavía no se pronuncia sobre las comparecencias que tuvieron con los candidatos al cargo de magistrado del CSE, tampoco se dedicaron a interpretar la Constitución, únicamente cotejaron que las propuestas cumplieran con los requisitos de ley ya establecidos, y en el caso de Monterrey su doble nacionalidad es un inobjetable impedimento.