Los gobernadores de Táchira (Venezuela) y el Norte de Santander (Colombia) han pujado para que se abra la costura común de más de 2.219 kilómetros con un plan económico binacional, mientras las negociaciones de alto nivel transcurren con prudencia a nivel ministerial.
«En la actualidad se están dando esas discusiones, esperamos que efectivamente se abran pero esa va a depender de las negociaciones», confirmó este jueves una fuente de la cancillería venezolana.
En una entrevista a BluRadio el gobernador del limítrofe estado Táchira, José Vielma Mora, afirmó que están «a punto» de abrir la frontera aunque «faltan por supuesto reuniones importantes entre el señor presidente (de Colombia) Juan Manuel Santos y el señor presidente Nicolás Maduro (Venezuela)».
En otras oportunidades, como en mayo pasado, Vielma Mora dijo que las conversaciones entre Caracas y Bogotá estaban enfiladas a reabrir el paso, pero los ministerios de exteriores negaron que hubiese tal acercamiento. Desde hace diez meses, por decisión de Venezuela, el área limítrofe se encuentra cerrada, luego de un ataque a una patrulla venezolana que dejó a tres oficiales heridos.
La agenda no es sólo a nivel de gobernaciones. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, tenía prevista una reunión este jueves con su par, Luis Carlos Villegas, para retomar las discusiones en materia de seguridad fronteriza, refiere El Nacional, aunque hasta ahora no ha habido pronunciamiento oficial en Caracas para detallar el encuentro.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, el 19 de agosto del año pasado, anunció que el país iba a restringir el paso hacia Venezuela por el estado Táchira para frenar el contrabando ilegal de alimentos, productos de primera necesidad, gasolina y evitar flagelos como la violencia paramilitar. La medida luego se extendió a otros estados limítrofes como Apure y Zulia.
La medida generó un roce fuerte con Colombia, que escaló a la diplomacia de los micrófonos con señalamientos de parte y parte. Sin embargo, la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sirvió para bajar la temperatura de las tensiones, que desde octubre se quedaron estancadas ante la luz pública.
El miércoles pasado, Vielma Mora divulgó en su cuenta de Twitter una fotografía junto a su par colombiano del Norte de Santander, William Villamizar, para asegurar que avanzan los diálogos al más alto nivel para normalizar el paso en la costura invisible que une a ambos países por 2.219 kilómetros.
«Todos nuestros esfuerzos apuntan a consolidar la #NuevaFronteradePaz, a través de la complementariedad en ambas zonas», escribió el mandatario regional, quien coincidió con el gobernador del estado colombiano en que «la extracción ha disminuido, pero aún falta».
Necesidad económica
El gobernador tachirense ha insistido ante el Consejo Nacional de Economía que abrir la frontera debe reabrirse para permitir el funcionamiento de una zona económica especial, que facilite la movilidad humana, el intercambio comercial y la circulación de mercancías con mejores controles, refiere una nota del Correo del Orinoco.
El área limítrofe se encuentra cerrada, luego de un ataque a una patrulla venezolana que dejó a tres oficiales heridos
Esos mismos argumentos, dijo Vielma, fueron los expuestos al gobernador del Norte de Santander, una zona que también se ha visto severamente afectada por el cierre de la frontera porque su economía dependía prácticamente del contrabando de alimentos y combustible procedentes de Venezuela.
Antes del cierre de la frontera, cifras del ministerio de Petróleo y Minería referían que de los 350.000 barriles diarios de combustible que produce Venezuela, unos 100.000 iban a parar a la frontera. Es decir, 35% de la producción nacional.
En medio de la crisis del mercado petrolero, es fuga se traducía en 1,4 millones de dólares anuales para Venezuela.
Los «pimpineros», como se conoce a quienes extraen el combustible, revendían la gasolina en estaciones de servicio colombianas por debajo del precio establecido en los surtidores. Una actividad institucionalizada por las leyes neogranadinas bajo la figura de «cooperativas».
La merma de combustible en la zona implicó un esfuerzo doble para Colombia, que ahora debía garantizar el suministro de gasolina al norte de su propio territorio, además de ofrecer exenciones de impuestos a los ciudadanos de las zonas limítrofes para paliar el impacto del cierre de la frontera, en vista de que 90% de la población de la región llenaba sus despensas con productos venezolanos.
«Hay que tomar esas medidas que necesitamos de una vez por todas para que los colombianos vivamos en Colombia, integrados a Colombia y no sigamos dependiendo de Venezuela», dijo en septiembre la canciller neogranadina, María Ángela Holguín.
Por su parte, Venezuela enfrenta su propia coyuntura económica producto de las bajas cotizaciones del crudo, lo que ha disparado la inflación y acentuado fenómenos como la escasez de productos de primera necesidad. Abrir la frontera, ha dicho el gobernador, permitirá reavivar el comercio en la zona deprimida desde el cierre.
La reanudación de las conversaciones entre Miraflores y Nariño ocurre justo una semana después de que el presidente Maduro coindiciera con Santos en La Habana para la firma del acuerdo de cese al fuego bilateral entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.
azareth Balbas