Mario Hubbert Garrido | Corresponsal jefe Prensa Latina
A 35 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, toda la verdad sobre aquellos trágicos acontecimientos anda oculta por los responsables de la mal llamada operación Causa Justa. Los gobernantes de turno en el istmo pretenden desconocer la memoria histórica y pasar la página.
Prensa Latina estuvo presente en un conversatorio reciente con la española Elisa Pavón, cuñada y representante de la familia del fotorreportero Juantxu Rodríguez, asesinado durante la agresión; ella regresó al istmo a reclamar justicia sobre aquel crimen de lesa humanidad.
A iniciativa de la abogada panameña Gilma Camargo, la activista relató que, en todo este tiempo, pese a acciones legales y demandas oficiales, la familia del profesional español no ha recibido respuesta de Washington sobre el disparo certero que atravesó su ojo cuando tomaba unas instantáneas en las inmediaciones del hotel Marriot, donde se alojaba la prensa extranjera.
Hace cinco años, Pavón visitó Panamá para inaugurar la exposición “La mirada interrumpida”, para que la población tomara conciencia de aquellos hechos, no tan conocidos. Fue una pequeña muestra de algunas de las impactantes imágenes tomadas por Rodríguez durante las primeras horas de la operación militar, entre ellas, la de nueve cadáveres tendidos en la morgue del hospital Santo Tomás, en esta capital.
Rodríguez no era propiamente un fotógrafo de guerra y la invasión del 20 de diciembre de 1989 lo encontró por accidente en el istmo, precisó Pavón. Pasaba por aquí de tránsito como parte de un trabajo que realizaba para el diario El País sobre los padres jesuitas en América Latina, tras la muerte un mes antes de un grupo de ellos en El Salvador, agregó.
Logró Rodríguez salir del aeropuerto de Panamá con ayuda de los diplomáticos españoles, en cuestión de horas consiguió fotografiar los intentos de saqueos en almacenes en el centro de la capital y acceder al centro sanitario, adonde llevaban a los heridos y muertos durante el vil ataque. Al igual que entonces, 35 años después de la invasión, la familia de Rodríguez sigue esperando que se conozca la verdad y se haga justicia y reparación, como a otras víctimas de aquella agresión.
Fallo en la OEA
La doctora Camargo, abogada de las víctimas de la Invasión estadounidense, indicó que los sucesivos gobiernos panameños no han querido hacer justicia.
En 2018, la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aprobó un informe, del cual es la principal impulsora, que responsabiliza a Estados Unidos de la violación flagrante de los derechos humanos y obliga a un resarcimiento a las víctimas y sus familiares.
Dicha abogada subrayó que no se encuentra en un país soberano, donde son frecuentes la presencia militar estadounidense y sus organismos de inteligencia. Sin embargo, como otra acción -también hasta la fecha sin respuesta- entregó recientemente una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que contribuya a hacer público el llamado Informe No 121-18 Caso 10573, de lo que por iniciativa propia se encargó la Universidad de Panamá.
También cuestionó que no basta haber declarado el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional ni la creación, por el gobierno de turno en 2016, de una comisión especial para investigar los hechos de la más sangrienta invasión.
Aún no se ha podido precisar la cantidad de víctimas fatales, heridos o desaparecidos, el número de fosas o los traumas sicológicos causados en niños como Elizabeth Taylor, presente en el encuentro con los comunicadores.
Otras acciones
Camargo sentenció que los panameños viven todos los días en un escenario de crímenes de lesa humanidad, en alusión a la cruenta invasión estadounidense que barrió poblados humildes como El Chorrillo, en esta capital, pero también áreas del Canal y la oriental provincia de Colón.
La letrada aseveró que continuarán acciones y se refirió a que, en 2026, en el istmo se espera celebrar con ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA), los 200 años del Congreso Anfictiónico para continuar promoviendo este caso con ayuda de la solidaridad local y mundial.
El actual presidente de la Comisión 20 de diciembre, instituida en 2016, el catedrático y ex ministro de Educación y Trabajo, indistintamente, Rolando Murgas, señaló que en este 2024 se han identificado los restos de siete personas que perdieron la vida durante la invasión y una en 2023, lo cual permitirá, con el debido proceso, entregarlos a sus familiares.
Señaló que elaboraron y entregaron a la actual administración un Informe de Reclamación de Estado a Estado para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, con todas las evidencias sobre la violación de normas internacionales.
Otro de los comisionados, José Luis Sosa, explicó el proceso de identificación de las víctimas y destacó que se avanza en el estudio de otros cuatro casos, así como que por decreto la Comisión extendería su trabajo hasta enero de 2027.
Cuestionada postura del gobierno
Criticado por las organizaciones sociales que lo catalogan como vendepatria, el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, justificó recientemente la invasión de Estados Unidos en 1989 y afirmó que sobre esta situación todo se ha aclarado entre ambos países.
El jefe de Estado se preguntó qué hubiera pasado en el istmo entonces si no se termina con la dictadura, en alusión a la captura de Manuel Antonio Noriega. Afirmó que en su momento se hicieron advertencias en un panorama donde había pocos medios como La Estrella de Panamá y otros censurados, pero la indicación se hizo en mayo de 1989, tras las elecciones generales.
Y citó al doctor Ricardo Arias Calderón como uno de los más puntales voceros que alertaron de las posibles consecuencias de lo que vendría después: la invasión. “Nadie mandó a Noriega a declarar en el país el Estado de Guerra contra Estados Unidos y a la Fuerza de Defensa a matar a aquel soldado un 16 de diciembre, cerca de Cuartel General”, espetó el gobernante con tranquilidad.
Acerca de la cifra de muertos, también negó que fueran unas seis mil personas como aseguran algunas fuentes, y se refirió a las llamadas Marchas Negras que se realizan cada 20 de diciembre, pero cuyos participantes, familiares de las víctimas, por mucho no llegan a ese número.
Interpelado sobre el dictamen en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que responsabiliza a Washington con la compensación de las víctimas y sobrevivientes de aquel acto cruel, y si pediría el perdón a Washington, opinó que los caminos de Naciones Unidas siempre han sido empedrados y en muchos casos manipulados.
Aquel fallo de la CIDH recomienda compensación integral para unas 272 familias que sufrieron daño en la agresión. Para el gobernante, la situación por la invasión de Estados Unidos se ha aclarado en el tiempo y agregó que, en ocasión de la efeméride, lo que se tiene es que reflexionar y verse en aquel espejo.
“Yo no quisiera que este país volviera a caer en una división entre panameños y de pugnas entre panameños de esa magnitud, lo digo con el mayor respeto a la opinión pública panameña y a los caídos del 20 de diciembre de 1989”, destacó.
“Allí cayó gente de lado y lado, inocentes de que por estar en un lugar explotó una bomba… para mí todos fueron víctimas de esa noche”, remarcó para luego precisar que vivió en primera fila los acontecimientos con toda la dirigencia política del país a través de la Cruzada Civilista Nacional.
Una postura similar la expresó el canciller Javier Martínez-Acha, a preguntas de Prensa Latina, durante una reunión con autoridades de Colombia a raíz de un acuerdo sobre el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países y la región.
Historia por contar
La denominada Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en realidad trajo fue la muerte, sobre todo en barrios humildes como El Chorrillo, en esta capital.
Además de las pérdidas humanas, esta agresión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura del istmo, dejando a miles de personas sin hogar. Las tropas norteamericanas no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil.
Testimonios recientes
Para el periodista y sociólogo Olmedo Beluche, “la invasión fue el hecho más sangriento en toda la historia, teniendo más de 560 nombres que fueron reportados como fallecidos y desapariciones”. Beluche agregó que “el objetivo de la invasión de Estados Unidos a Panamá se dio para imponer un modelo económico neoliberal que se sostiene durante 35 años”.
Para los habitantes de El Chorrillo, la comunidad en esta capital más devastada por la metralla de las tropas norteamericanas, aquel 20 de diciembre de 1989 marcó a fuego la memoria de una generación que todavía se pregunta: ¿De qué éramos culpables?
Alejandro Cummings, quien vivió aquel oscuro capítulo desde las entrañas del barrio, recordó lo sucedido: “Era candela por todos lados, los gringos ya estaban aquí llenos de tanquetas y estaban matando gente y no les importaba”.
Al cabo de 35 años, El Chorrillo no tiene caserones entre escombros, pero las huellas de la invasión siguen ahí y se reflejan en la pobreza de su gente. Antes de la invasión, el barrio tenía más de 25 mil habitantes, pero más del 35 por ciento de esa gente ya se fue, sobre todo a lugares como Panamá Oeste y Panamá Este. La invasión fue el punto de quiebre.