Queremos expresar ante usted nuestra grave preocupación por las consecuencias catastróficas que está teniendo el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con la colaboración de la Unión Europea, contra la República Bolivariana de Venezuela.
Expertos independientes han calculado que las sanciones impuestas por Washington han ocasionado una pérdida en los ingresos a las arcas públicas del orden de unos 23 mil millones de dólares, cuando se suman la totalidad de las sanciones arriba mencionadas más los activos del gobierno venezolano congelados en el exterior, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, y las pérdidas en las exportaciones petroleras.
La intención manifiesta de este bloqueo económico, al que se une una intensa campaña de ataques diplomáticos y mediáticos, es impedir la recuperación económica del país suramericano y, “acelerar el colapso”, según las propias palabras del ex embajador de EE.UU. en Venezuela, William Brownfield, quien el año pasado dijo textualmente que: “Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contraargumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”.
Estas agresiones económicas configuran una inaceptable violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los mismos constituyen, sin duda alguna, un atentado a la normativa del Derecho Internacional y a los principios fundamentales que rigen las relaciones entre las naciones.
Inevitablemente nos trae a la memoria las palabras del Ex Presidente norteamericano Richard Nixon cuando expresó su intención de desestabilizar al Gobierno de la Unidad Popular de Chile, al ordenar a su Secretario de Estado, Kissinger: “hagamos gritar a la economía chilena”.
Es por todas y todos sabido que la excusa y justificación para el nefasto golpe de estado que derrocó al Presidente Salvador Allende, de triste memoria para Ud. y todo el pueblo chileno, sin duda alguna, fue la crisis económica –en aquella época no se hablaba de “crisis humanitaria”- concebida, organizada y financiada desde la Casa Blanca, como lo demostrara fehacientemente el propio Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en un célebre informe.
Hoy, en Venezuela, se vive una situación que, aunque difícil y compleja, está muy alejada del calificativo “crisis humanitaria”, como se la ha querido calificar y que , como confesara el ex embajador Brownfield, también ha sido provocada intencionalmente desde Estados Unidos, buscando crear las condiciones que faciliten una intervención militar extranjera en ese país.
Hay lúgubres antecedentes que no pueden ser desconocidos. Similitudes preocupantes de fenómenos de desestabilización que culminaron en horribles tragedias. Recordemos el terrible genocidio provocado en Irak, tras años de sanciones económicas, avaladas, incluso por la ONU.
Estas terminaron con la vida de más de 500 mil niños y niñas muertos por desnutrición y enfermedades y varios millones de refugiados. No podemos olvidar la criminal indolencia en las palabras de la ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex Secretaria de Estado Madeleine Albright, cuando dijo, en relación al coste humano de las sanciones aplicadas: “Creo que fue una elección muy difícil, pero el precio … creemos que el precio valió la pena”.
También sabemos que en Cuba el bloqueo económico prolongado por casi sesenta años, caso único en la historia universal, ha tenido un costo exorbitante. Sólo entre abril del 2017 y marzo del 2018 éste se eleva a los 4.000 millones de dólares (4). Considerando la totalidad del período, expertos independientes coinciden en señalar que el costo del bloqueo asciende a un equivalente a dos Planes Marshall, pero en contra del país caribeño. Actualmente, un solo día de bloqueo económico, es equivalente al valor del tratamiento con insulina de un mes para toda la población cubana afectada con Diabetes Mellitus que requiere insulina.
La política de implementar sanciones económicas, bloqueos financieros y comerciales, sólo trae como consecuencia sufrimiento y muerte a la población más vulnerable del país afectado. Es un arma ilegal y criminal, utilizada para desestabilizar y hacer colapsar gobiernos, sea cual sea su color político y prepara un clima de opinión, dentro del país y en el marco internacional, para justificar golpes de estado.
Queremos destacar que, según la opinión de varios expertos en Derecho Internacional, las sanciones económicas contra Venezuela, pueden ser calificadas como crímenes de Lesa Humanidad. En efecto, los Estatutos de Roma establecen que:
“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
El apartado k) del art. 7 de dichos Estatutos, también señala como crímenes de lesa humanidad:
“Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Este apartado K) señala claramente como ‘crimen de lesa humanidad’ las palabras y actos consumados señalados por el ex Embajador Brownfield, cuando dice que las sanciones a PDVSA producirán “un periodo de sufrimiento de meses o quizás años” en la población venezolana.
Por tales motivos venimos a solicitarle, dada su investidura y la responsabilidad de la oficina a su cargo, que haga valer el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico internacional pacientemente construido desde fines de la Segunda Guerra Mundial.
Al mismo tiempo, impedir que en las relaciones entre los gobiernos se adopten medidas, como las sanciones económicas, intencionalmente destinadas a provocar crueles sufrimientos en la población para, de ese modo, fomentar la rebelión contra sus autoridades. Así como también evitar el saqueo de los recursos del pueblo venezolano y las explícitas intenciones de una intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria que, como lo asegurara el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton, aspira a entregar a empresas petroleras de Estados Unidos la explotación de los hidrocarburos venezolanos.
Por las consideraciones precedentes es que en momentos tan graves como estos, en donde lo que está en juego es la paz y la seguridad de una nación, es que acudimos a usted con la esperanza de que interponga la alta autoridad de su cargo y la reconocida trayectoria de su persona para exigir que se ponga fin a las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos contra un estado miembro de la ONU, con el objetivo de poder garantizar la paz, la vida y la felicidad de venezolanas y venezolanos que en estos momentos viven profundamente consternados por la alteración de su cotidianeidad y las amenazas que se ciernen sobre su propia existencia.
La Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad confía en que usted sabrá encaminar eficazmente nuestro pedido.