Las acciones inconstitucionales impulsadas por la extrema derecha, para asegurar la reelección de Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, marcan hoy el escenario político en Venezuela.
A inicios de semana, el dirigente opositor -reconocido por Estados Unidos y sus aliados como presidente interino de esta nación sudamericana- aprobó una modificación al reglamento interno de orden y debate, mediante la implementación de un parlamento virtual para que los diputados prófugos de la justicia venezolana puedan votar.
Tal pretensión condujo a los diputados del parlamento en desacato a presentar una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para derogar esta modificación, que viola la Constitución y varias normas jurídicas del país.
El diputado suplente por el estado de Yaracuy, Jesús Gabriel Peña, señaló que en esta oportunidad se violenta el artículo 186 de la Carta Magna, el cual establece que el parlamento estará integrado por diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional.
Peña detalló que estos cargos no pueden ser elegidos vía internet, ni ocupados por alguien que no esté en el país y no pueda ejercer sus funciones.
Indicó a su vez que la modificación de este documento crea precedentes negativos en el país y anula las competencias, así como las responsabilidades de los diputados y sus suplentes con sus electores.
En tal sentido, el parlamentario por el Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, añadió que las pretensiones de la derecha de cambiar el reglamento de interior y de debates de la AN en desacato para permitir el voto por internet son inauditas.
“Hasta ahora ningún país del mundo reconoce a un parlamento virtual y Venezuela no será la excepción”, manifestó Torrealba en esa ocasión. Ante este escenario, el jueves anterior el TSJ declaró la nulidad absoluta a la reforma parcial del reglamento de orden y debate.
“La AN, como poder público, así como los cuerpos colegiados, obligan a la presencia física de todos sus miembros, titulares o suplentes, para deliberar, consensuar y tomar decisiones”, señaló al respecto el magistrado Juan José Mendoza, durante la lectura del pronunciamiento del máximo ente judicial.
Reiteró además el asalto al Estado de derecho y a todos los poderes públicos por parte del parlamento, al ratificar que todos sus actos son absolutamente nulos por encontrarse en desacato.
En tanto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a prepararse para las venideras elecciones parlamentarias, las cuales, a su juicio, deben ser ganadas de manera contundente para poner a la AN al servicio del pueblo.
Esta semana Venezuela rechazó también una iniciativa legal impulsada en el Congreso de Estados Unidos para recrudecer las agresiones contra la nación sudamericana.
A través de un comunicado emitido por la cancillería, el gobierno aseveró que la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo para Venezuela, está concebida para profundizar los ataques contra el pueblo, desconocer su soberanía y orden constitucional interno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que este instrumento pretende acentuar la implementación de las medidas coercitivas unilaterales, las cuales resultan ilegales, en tanto son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, en la medida en que atentan contra los derechos humanos de más de 30 millones de venezolanos.
La nación bolivariana instó a las autoridades de Estados Unidos a resolver sus problemas internos en materia de derechos humanos, en vez de malgastar el dinero de los contribuyentes para financiar la desestabilización del país.
Al respecto, el gobierno venezolano ratificó la voluntad de defender su Constitución, así como su democracia participativa y protagónica de medidas coercitivas ilegales y de actos de guerra.