Cecilia González
Facebook/Instagram y Twitter se erigieron repentinamente como defensores de la democracia y en medio del caos por la toma del Capitolio, bloquearon las cuentas del presidente Donald Trump.
Al principio, algunos celebraron. Cómo no. Implicaba acallar los discursos violentos, xenófobos, conspiracionistas, falsos y golpistas de un presidente que no acepta su derrota e insiste en impugnar una elección sin una sola prueba, más que sus gritos y denuncias arropadas por los fanáticos que lo veneran.
Sin embargo, esta decisión de los gigantes digitales entraña un grave problema.
¿Por qué empresas privadas, que han sido sujetas a investigaciones judiciales, que operan con base en sus intereses políticos y comerciales, van a decidir qué se puede decir y qué no en el debate público y, sobre todo, quiénes y cómo pueden hacerlo?
El poder de esta medida es inmenso, tanto como el riesgo de dejar en manos de Marck Zuckerberg y Jack Dorsey el derecho a la libertad de expresión y la regulación de expresiones públicas, tarea que en cualquier sistema democrático le corresponde más bien al Estado.
La súbita eliminación de tuits o bloqueo de las cuentas de Trump puede parecer simpática, un acto de justicia, pero arrastra una sombra de hipocresía porque han sido precisamente estas plataformas las que han albergado y permitido la difusión de los discursos del odio que traspasaron la pantalla para imponerse en las calles, sin importar el país del que se trate.
Ambos empresarios no hicieron nada para frenar esa expansión radicalizada de grupos como el que convirtió el 6 de enero de 2021 en uno de los días más funestos para la democracia.
El poder de las redes
Facebook tiene 2.448 millones de usuarios. Instagram, parte del emporio Zuckerberg, otros 1.000 millones. Y Twitter 339 millones. Su penetración a escala global mantiene las alarmas encendidas desde hace años por el uso (y abuso) que hacen de los datos personales, la manipulación de algoritmos y, en el caso de Facebook/Instagram, por prácticas monopólicas.
El mismo día en que acallaban a Trump, había estallado el debate por los nuevos términos y condiciones impuestos por WhatsApp (otra vez Zuckerberg) a sus 1.600 millones de usuarios y que, entre otros aspectos, a partir del 8 de febrero los obliga a compartir sus datos con Facebook, aumentando la inquietud sobre una deteriorada privacidad siempre latente.
Todavía está vigente la discusión que desató el documental «El dilema de las redes sociales», que Netflix estrenó en octubre pasado, y que alertaba sobre las estrategias que se aplican para que los usuarios se vuelvan adictos a fin de manipular sus sentimientos, su vida personal, sus consumos y sus preferencias políticas, además de diseñar audiencias para beneficio de empresas específicas.
No solo el objetivo implícito de estas estrategias es convertir a los ciudadanos en mercancías, también la difusión de noticias falsas ha sido parte importante del negocio de las grandes tecnológicas.
Zuckerberg negó las acusaciones y calificó la película como «sensacionalista», pero la desconfianza sobre el manejo y control de la información de los usuarios ha revivido con el caso Trump.
Uno de los aspectos centrales es que es el Estado – y no una empresa privada – el que debe regular los términos del debate público, garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información y establecer los delitos vinculantes.
«La preservación de la democracia deben hacerla las instituciones públicas, no las corporaciones», resumió el investigador argentino Iván Schuliaquer en el portal Cosecha Roja.
«Una parte sustantiva de la convivencia democrática, como es la regulación de la discusión pública, tiene hoy a las grandes plataformas digitales como árbitros. Sus reglas corporativas, inestables y opacas no están funcionando según los principios democráticos», advirtió Martín Becerra, otro reconocido experto en estos temas.
Las «benditas» redes sociales
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se sumó a la discusión sobre el papel de las plataformas que, en su caso, se convirtieron en grandes aliadas y a las que adjudica parte de su éxito electoral, después de años de padecer el acoso de un periodismo tradicional mayoritariamente derechista.
López Obrador fue claro: «Hay algo que no me gustó en el asunto del Capitolio, No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Nosotros estamos por las libertades.
Según el presidente, que suele referirse a «las benditas redes sociales», no puede haber retrocesos. «¿Cómo se va a censurar a alguien?
A ver, te castigo porque yo soy el juez, como la Santa Inquisición, yo considero que lo que estás diciendo es perjudicial. ¿Dónde está aquí la norma?, ¿dónde está la legislación?,¿dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas», agregó.
Para López Obrador las redes, como empresas privadas, no pueden decidir que es nocivo, perjudicial o dañino: «Si se censura en las redes sociales ¿en qué va a quedar la libertad de expresión? Los medios de comunicación convencionales históricamente se han sometido al poder.
Entonces, hoy la libertad se expresa por entero en las redes sociales, esto era lo nuevo. Entonces, si en estos medios se empieza censurar este asunto debe ser motivo de una grave preocupación».
El debate, como vemos, está abierto y lejos de ser saldado. Porque si ahora corporaciones – que tienen poco y nada de democráticas – decidieron silenciar a Trump, en cualquier otro momento harán lo mismo con otros actores políticos, sólo de acuerdo su conveniencia política y económica.
Y no podemos dejar que asuman ese papel.