Marina Menéndez | Juventud Rebelde
Luego del suceso que constituyó la vuelta del MAS al poder y, con ella, la reversión del golpe en Bolivia mediante las urnas, parecía que los calendarios electorales latinoamericanos no depararían acontecimientos iguales de trascendentes. Sin embargo, cada contexto les otorga a sus comicios ribetes relevantes, y algunos de esos torneos no se harán esperar.
He ahí las elecciones de Ecuador a la vuelta de la esquina, y la posibilidad de suceder a un ejecutivo que traicionó los colores de su bandera política y ha sido criticado, entre otros desempeños, por su filiación a las políticas del FMI y de la derecha, en detrimento de la integración regional y de la ciudadanía.
Además, el mandato de Lenín Moreno acaba sacudido por los estertores de una preconizada lucha anticorrupción que sirvió de mampara a la persecución judicial con fines políticos —el lawfare que ha inhabilitado a Rafael Correa y mellado su credibilidad—, y de los más de 14,000 fallecidos que ha dejado la COVID-19, según cifras oficiales, porque otros medios aseveran que exceden los cien mil.
Dieciséis candidatos van en las papeletas, acusando una dispersión que volverá a verse en otras presidenciales y que no ofrece variedad de modelos, aunque, como comentan muchos, casi todos los aspirantes ofrezcan lo que la crisis económica agudizada por la pandemia, no les permitirá concretar. Inversión y empleo parecen inaccesibles. En todo caso, la «magia» de un mejor vivir estará en las políticas sociales que permitan distribuir lo escaso más equitativamente y, de eso, poco se habla.
El margen de maniobra será estrecho en todos lados. Según la Cepal, después de la caída de -7,7 por ciento del PIB regional el año pasado —el peor descenso en 12 décadas— Latinoamérica y el Caribe tendrá un rebote hacia adelante de 3,7 este 2021; pero será solo «estadístico»: habrá que esperar hasta 2024 para recuperar los ritmos de crecimiento que empezaron a declinar en el sexenio 2014-2019. De momento, cualquier estabilidad estará determinada por los brincos del coronavirus.
En Ecuador, esos males se dan la mano con un desempeño que una vez más descargó sobre los hombros de la gente, un empréstito por más de 6 000 millones de dólares «concedido» con sus habituales condicionamientos por el FMI y que, aún en las postrimerías del mandato, sigue apuntando a la privatización y ha costado al ejecutivo no pocas protestas.
Frente a la incertidumbre de la que, según encuestas de la firma Cedatos, solo se libra poco más del seis por ciento de los consultados —únicamente ese porcentaje estimó, en septiembre, que Ecuador iba «por buen camino»— la inclinación del voto favorece mayormente a tres candidatos: Guillermo Lasso por la derecha conservadora y rancia que nace de la alianza del Movimiento CREO y el Partido Social Cristiano, símbolo de la partidocracia hace poco tan rechazada en Ecuador; Yaku Pérez, del indígena Pachakutik, y Andrés Arauz, el candidato del correísmo que, después de vencer muchos ardides para ser dejado fuera, se presenta finalmente por la Unión por la Esperanza.
Los sondeos presentan a Arauz, por ahora, delante, aunque en medio del panorama atomizado de tantos aspirantes no rebase el 30 por ciento de las preferencias. Sin embargo, en Ecuador solo se necesita 40 por ciento de votos y diez puntos porcentuales de diferencia del más cercano rival, para ganar en primera vuelta.
Perú, ¿otra vez un outsider?
Más cierta pareciera la posibilidad de segunda ronda en Perú, que irá a elecciones en abril después de la remezón política que ha significado la sucesión de tres presidentes «designados» durante el tiempo que debió ocupar un único mandato: el de Pedro Pablo Kuczynski, electo en 2016 y quien habría terminado ahora su gestión; pero fue removido por un escándalo de corrupción, en marzo de 2018.
Le remplazó, como dicta la Constitución, su vicepresidente, Martín Vizcarra; sin embargo, jugadas turbias e irresponsables en el Congreso sacaron a este del poder mediante una moción de vacancia por «permanente incapacidad moral», ligada a supuestos hechos corruptos.
En menos de una semana fue sustituido por Manuel Merino, y este por Francisco Sagasti tras las fortísimas y generalizadas protestas que provocó la represión dictada por el primero contra una ciudadanía que reclamaba al Congreso, no por la destitución de Vizcarra, sino por la poca consideración del legislativo hacia la nación.
Tales antecedentes, que tienen otros de similar inestabilidad y denuncias de corrupción —para muestra, basta recordar los 25 años de prisión dictados contra Alberto Fujimori— explican la escasísima confianza de la población en la política tradicional y argumentan por qué entre los 12 candidatos anotados, quien se lleva hasta ahora las preferencias es un exjugador de fútbol.
Así como fue percibido el exmilitar ultrarreaccionario Jair Bolsonaro, en su momento, en Brasil, ahora, en Perú, George Forsyth podría asumirse como un outsider que llega fresco y desligado del andamiaje político.
Pero el favoritismo de 23 por ciento en septiembre ha ido cayendo mientras sigue sus pasos Julio Guzmán, del Partido Morado, con tan buena semblanza gracias al cabal interinato que cumple el también «morado» Sagasti. Detrás hay una hilera con caras nuevas y otras conocidas y aún jóvenes pero gastadas, como la de Keiko Fujimori, por Fuerza Perú.
En todo caso, lo que debe marcar las elecciones es la postura intransigente de una ciudadanía que sacó de la presidencia, en noviembre, a Merino. Ha habido toma de conciencia y abajo se probó que «hay puño». Pero esa verticalidad solo será ostensible ahora si los inconformes identifican, entre el abanico de postulados, quien defienda sus anhelos.
Profusión de votaciones
Más agitado es el preámbulo en Chile, que en 2019 y 2020 mostró, como nunca en las décadas recientes, la combatividad de amplios sectores inconformes con la herencia pinochetista.
El pato no lo ha pagado aún el presidente saliente, Sebastián Piñera, gracias a su sagacidad para navegar con la marea y su declarado apoyo a un referendo que fue su tabla de salvación, de donde emergió la posibilidad de la nueva Carta Magna. Es por ello que este año se abren varias veces las urnas en esa nación.
En noviembre serán las presidenciales, pero tan importante como ello será la elección, en abril, de los encargados de redactar la Constitución, un suceso que adelanta la necesidad de conformar alianzas que forjen la unidad: tanto de los derechistas y oligarcas que quieren un texto descafeinado y dejar todo como está, como de quienes han comprendido, en la lucha sectorial callejera, que el dolor de fondo es el mismo y que nada podrá moverse si no se transforma la base legal donde se sustenta el primer y más «exitoso» ejemplo de modelo neoliberal impuesto en América Latina.
Tanto bregar al precio de más de una veintena de muertos y unos dos mil heridos —sobre todo, jóvenes a quienes los carabineros dispararon a los ojos— ha ido abriendo, precisamente, la visión de los chilenos.
Entre los tempranos nombres que ya afloran desde el progresismo se maneja con frecuencia el de Daniel Jadue, del Partido Comunista, y cuya actuación como alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta muestra a un hombre firme y preocupado por los de a pie. Pesará también como precedente, el desempeño del izquierdista, aunque heterogéneo Frente Amplio en 2017, con un meritorio e inédito tercer puesto que lo ubicó en el panorama político.
De cualquier modo, ya hay nombres preanotados desde la derecha, como el del conservador Joaquín Lavín, para quien sería la tercera vez en carrera presidencialista. Además, el cronograma electoral chileno queda apretujado con previstas elecciones para alcaldes y concejales, gobernadores, y senadores y diputados.
En Centroamérica
También en noviembre serán las elecciones presidenciales en Nicaragua (el día 7) y Honduras (el 28).
En el primer país, incluso los medios apegados a las tesis imperiales opinan que se consolidará el liderazgo del Frente Sandinista, considerado por Washington como otro «enemigo» a derrotar junto a Cuba y Venezuela, por lo que debe esperar desde el Norte nuevas estratagemas agresivas.
En Honduras falta por ver si o se repiten las denuncias de fraude que nublaron los comicios de 2017 cuando, una vez más, el Partido Libre (Libertad y Refundación), nacido de la resistencia popular al golpe de Estado gorila que depuso a Manuel Zelaya en 2009, reveló que le robaron el triunfo.
Como antaño, compiten los partidos Liberal y Nacional —buenos compinches que ejercieron la alternancia hasta que Libre se convirtió en importante grupo de oposición real—, y otras 11 agrupaciones con las que nadie cuenta.
Completan el cuadro las legislativas de El Salvador (28 de febrero), Bolivia (7 de marzo), México (6 de junio) y Argentina (24 de octubre): países, casi todos, donde pujan por cristalizar distintos al neoliberalismo en boga, y cuyos ejecutivos necesitan parlamentos afines para poderlos concretar.