«¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?», será la pregunta a la que los colombianos deberán responder ‘sí’ o ‘no’ en el plebiscito del próximo 2 de octubre para refrendar el pacto con las FARC alcanzado la semana pasada en La Habana después de cuatro años de negociaciones.
El Congreso de Colombia aprobó convocar el plebiscito -un trámite- este lunes, a petición del presidente, Juan Manuel Santos, que envió los acuerdos a la Cámara el pasado jueves, un día después de que se anunciara de forma oficial el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. La consulta había sido una promesa del propio Santos desde que se iniciaron las negociaciones. «La última palabra la tendrán los colombianos», ha asegurado en varias ocasiones.
La batalla por el plebiscito ha llenado de incertidumbre la política colombiana en el último mes. Desde que el expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor al proceso de paz, asegurase que haría campaña por el ‘no’, la división es total. Los primeros sondeos que se conocieron daban una igualdad entre los partidarios de apoyar los acuerdos y los que pretenden rechazarlos.
Para que el plebiscito sea aprobado en las urnas bastaría contar con el 13% del censo electoral. Es decir, se necesitaría al menos 4,5 millones de votos favorables a los acuerdos para aprobar o rechazar lo que se ha logrado en casi cuatro años de negociaciones en La Habana. La Corte Constitucional determinó que solo se podrá votar sí o no, por lo que los votos en blanco no contarán.
En caso de que los colombianos apoyen el acuerdo de paz, se le daría validez y el Gobierno podrá tramitar las normas necesarias para implementar los puntos del acuerdo. Una herramienta para esto sería el Acto Legislativo para la Paz, una iniciativa que permitiría incorporar los acuerdos al régimen legal y constitucional, a través de proyectos presentados al Congreso por el presidente. Este mecanismo le otorga al presidente la posibilidad de expedir decretos con carácter de ley. Además, establece un procedimiento especial y transitorio para que el tiempo de legislación sea más breve de lo que normal. Por ejemplo, una reforma constitucional que podría tener ocho debates, podría quedar reducido a cuatro.
Las consecuencias de que el ‘no’ se imponga en la votación del 2 de octubre son inesperadas. Los magistrados de la Corte determinaron que el plebiscito solo tiene carácter vinculante para el presidente, Juan Manuel Santos, pero no para los demás poderes públicos. De esta forma, si ganase el no, el Gobierno no podría seguir con el acuerdo alcanzado con las FARC, pero tampoco significa que esté acabado: el Congreso tendría facultades para ‘rescatarlo’. Incluso, podría volver a otorgar facultades al presidente.