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*Entre las violaciones de los Derechos Humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias.
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público un informe en el cual enjuicia las violaciones en ese ámbito ocurridas en Bolivia, tras casi diez meses y miles de denuncias de organizaciones sociales después del golpe de Estado contra Evo Morales.
La entidad de la ONU publicó su informe sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, justo cuando el Gobierno de facto encara el último periodo previo a las próximas elecciones.
La publicación se produce casi diez meses después de los hechos que recoge y utiliza el lenguaje de «las recomendaciones» hacia el régimen de facto instalado tras el golpe de Estado, presidido por Jeanine Áñez.
Desde noviembre de 2019, se desplegó personal de la Oficina de Derechos Humanos en Bolivia para reunir información de primera mano, y recopiló más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades.
Entre las violaciones de los Derechos Humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias, en un contexto en el cual alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Entre los incidentes más graves se encuentran el asesinato de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de 10 manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz), sobre las cuales la ONU lamentó la impunidad de sus perpetradores.
Lo cierto es que la violación a los derechos humanos de los bolivianos durante el extendido mandato de facto de Jeanine Añez ha sido confirmado por cinco organismos especializados, incluyendo a la alta comisionada de la ONU para esa materia, Michelle Bachelet.
Aunque también hubo señalamientos en su informe para los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), la mayor parte de las observaciones apuntan al ejecutivo de Añez, cuyos funcionarios criticaron los reportes y calificaron de sesgado el informe de la alta funcionaria de la ONU.
Particularmente pesan en ese, y en el resto de los informes presentados por otros organismos, las matanzas ocurridas en las localidades de Sacaba y Senkata, en el marco de la represión brutal desatada por los usurpadores tras el golpe de Estado que obligó al presidente reelecto Evo Morales a irse del país, en octubre pasado.
Los sucesos, ocurridos durante el llamado «noviembre negro» de 2019, reflejan los excesos cometidos por militares y el ejército contra quienes defendían la democracia pisoteada, y dejaron 37 muertos y 500 heridos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó los hechos de masacres, incluyendo similares episodios registrados en El Alto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó una investigación internacional. Pero el ejecutivo golpista ha hecho caso omiso y no se da por aludido, mediante el intento de negar los hechos.
En un mensaje publicado en la red social Twitter, poco después del pronunciamiento de Bachelet, el expresidente Evo Morales afirmó, sin embargo, que «el pueblo ha sufrido y ha sido testigo de las masacres de Senkata y Sacaba; por mucho que el Gobierno de facto intente negar lo sucedido, la comunidad internacional ya lo sabe. No quedarán en la impunidad», aseguró.