Karina Marrón González
A pesar de las convenciones internacionales que fundamentan la ilegalidad de la base naval de Estados Unidos en territorio de Cuba, hoy ese enclave militar continúa violando la soberanía de la nación caribeña.
El 16 de febrero de 1903, los presidentes de Cuba, Tomás Estrada Palma, y de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, firmaron un acuerdo mediante el cual se cedía la porción de tierra ubicada en la oriental provincia de Guantánamo, “por el tiempo necesario y para los propósitos de estación naval y estación carbonera”. Este sería complementado el 2 de julio de 1903, con los documentos que especificaban los detalles del arrendamiento; sin embargo, la historia es un poco más antigua.
En 1901, los cubanos se vieron obligados a aceptar un apéndice en la Constitución de la República, si deseaban poner fin a la ocupación militar estadounidense que desde 1899 vivía el país, luego de la intromisión norteamericana en la guerra contra la metrópoli española. Bajo el nombre de Enmienda Platt, el documento otorgaba a Estados Unidos la potestad de intervenir en Cuba cuando lo considerase necesario, y forzaba a la isla a vender o arrendar terrenos para el establecimiento de bases navales y carboneras.
Ese es un primer punto por el cual el convenio firmado dos años después no puede ser considerado como válido, apuntan los especialistas, al tratarse de un acuerdo efectuado bajo coerción.
La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Tratados, celebrada en Viena en 1969, aprobó una Declaración sobre la Coacción Militar, Política o Económica en la Celebración de Tratados, en la cual condena “el recurso a la amenaza o al uso de la presión en todas sus formas”.
El caso de la base naval estadounidense en Guantánamo coincide plenamente con esas definiciones, y también con lo que prevé el artículo 42 de la IV Convención de La Haya (1907), que “considera un territorio como ocupado ilegalmente cuando se encuentra colocado bajo la autoridad o control efectivo del ejército enemigo”.
El investigador cubano Elier Ramírez refiere en un artículo publicado en Cubadebate, que si bien en 1934 se abrogó la Enmienda Platt, sus postulados relativos a las tierras para carboneras o estaciones navales quedaron asegurados en el nuevo convenio firmado entre las dos naciones.
En tanto las partes contratantes no se pusieran de acuerdo para la modificación o abrogación de las estipulaciones de lo suscrito en 1903, lo relacionado con la estación naval en Guantánamo tendría vigor, planteaba el tratado de 1934.
Añadía que mientras Estados Unidos no abandonara la base, o los dos Gobiernos acordaran una modificación de sus límites actuales, seguiría teniendo la misma extensión territorial. De esa manera, se despojaba a la nación caribeña de la posibilidad de poner fin al contrato, una potestad que solo quedaba en manos de la administración gringa.
La investigadora Olga Miranda, en su trabajo “Vecinos Indeseables. La base naval de Guantánamo”, recuerda que en el Derecho “derogar una ley es disponer algo contra ella y abrogar una legislación es enteramente destruirla”. Pero en el caso de la Enmienda Platt no fue abrogada como se dijo, sino que pervive en el Tratado de 1934 en torno al tema de la base naval en Guantánamo.
Otro aspecto señalado por el historiador Elier Ramírez es que el acuerdo de 1903, al otorgar a Estados Unidos jurisdicción y señorío completo sobre las tierras arrendadas, ha violado el principio de integridad territorial consagrado en las constituciones cubanas desde 1901 a la actualidad.
Agrega que universalmente se considera que los tratados sin término contienen una condición tácita, tienen valor mientras duren las circunstancias del momento de su celebración, explica Ramírez; pero ‘Cuba hace mucho que no es una neocolonia yanqui’, de ahí que ninguno de los tratados de ese período pueda ser tomado como válido.
La permanencia de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo califica incluso como un acto de colonialismo, apunta el experto basado en la resolución No.1514 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960. Todos estos argumentos son defendidos por los cubanos en el escenario internacional, donde no han cesado de reclamar la devolución del territorio ocupado ilegalmente.
A ello se suma la condena de las actividades desarrolladas en ese enclave por el gobierno estadounidense, que desde 2002 convirtió sus instalaciones en una prisión denunciada como centro de tortura.