*La violencia y el desprestigio hacia el Gobierno de Evo Morales parecen ser las tácticas utilizadas entre los sectores de la oposición, a menos de un mes para las elecciones.
El próximo 20 de octubre se celebrarán en Bolivia las elecciones presidenciales que definirán si el actual mandatario Evo Morales arribará a su cuarto mandato consecutivo, o será desplazado por las fuerzas opositoras, que han desplegado una amplia estrategia de ataques para impedir la reelección de Morales.
La vía más popular parece ser la de la violencia, lo que muestra una clara incapacidad para influir en el electorado boliviano mediante alternativas legítimas y no reprochables. Han acudido a la intimidación, pues difunden la violencia y el temor a la población para que no acudan a las urnas.
Un ejemplo se vio en Tarija, lugar en el que organizaciones antigubernamentales intentaron impedir la llegada del presidente a ese departamento.
La mayor muestra de violencia hasta el momento sucedió el pasado 12 de septiembre en en el conservador estado de Santa Cruz (onde se acumulan las grandes riquezas personales del país), cuando decenas de activistas, muchos de ellos jóvenes pertenecientes a familias acomodadas, arremetieron contra varias oficinas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Además, los destrozos incluyeron el robo de equipamiento médico y medios tecnológicos, y no se puede ignorar la quema de una sede de campaña oficialista en la subtropical parte sur de los Yungas de La Paz.
Por otro lado, se han valido de la naturaleza para sacar provecho y desacreditar el trabajo del Gobierno, usando el tema de los incendios que azotan la zona de la Chiquitania boliviana, ante lo que han llegado a hacer llamados para que Morales decrete desastre nacional a partir de los hechos de la Chiquitania.
Carlos Mesa, quien fuera vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada, expulsado del país por su política neoliberal, responsabiliza al Gobierno por el fuego en esa región, aun cuando los especialistas han demostrado que los incendios se produjeron a causa del cambio climático.
Los cuestionamientos de Mesa centran la atención en la decisión gubernamental de disponer de más de 15 millones de dólares en el alquiler del avión Boeing Supertanker y otras 22 aeronaves, y en que el mandatario no pidiese ayuda internacional durante los primeros días de la catástrofe ambiental.
En esta campaña de desprestigio, la oposición ha maquillado la realidad del país al presentarlo como una nación al borde de un cataclismo político que en realidad no existe.
Inicialmente, con la incentivación de un ambiente de convulsión social que deslegitime las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo cuenta con el mayor apoyo.
Aquí cabe recordar otra de las banderas opositoras: la defensa del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando se rechazó la propuesta de cambio de un artículo de la Constitución, para habilitar a Morales para las elecciones de 2019.
La oposición, en su ala más radical, ha hecho una jugada que se le puede virar en contra, pues los Jefes de los grupos cívicos del Sur han lanzado una convocatoria para iniciar un paro nacional indefinido el próximo 10 de octubre para exigir la renuncia de los vocales del órgano electoral plurinacional.
En otro intento, que pudiera parecer desesperado, el grupo autodenominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia exhortó a los partidos a retirar sus candidaturas y llamó al voto nulo.
Evo Morales se ha alzado como favorito en todas las encuestas. Un reciente estudio de la encuestadora Viaciencia ofrece al Mandatario indígena una preferencia electoral de 42,3 por ciento de puntos porcentuales, creciente con relación al pasado mes, cuando mostraba un 39,1 por ciento.
La investigación de Viaciencia, realizada entre el 2 y el 11 de este mes, demuestra que Mesa, su más cercano rival, del opositor movimiento Comunidad Ciudadana, apenas acumula 21,2 por ciento, menos que en agosto, con 22,0 por ciento.
Mientras tanto, una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), indica que más del 50 por ciento de la población apoya la continuidad de las políticas sociales actuales y considera que se debería avanzar en la nacionalización de otros sectores estratégicos.
Morales asumió la presidencia de Bolivia cuando era el segundo lugar de pobreza en la región, solo superada por Haití, y luego de 13 años de gestión, goza de una evaluación positiva del 72 por ciento de la población, después de declarar a Bolivia un estado pluricultural, con una avanzada política nacionalista e integracionista.