Marina Menéndez Quintero | Juventud Rebelde
La inhabilitación, el pasado martes, de 365 aspirantes a los asientos del Congreso —que también se disputarán en Bolivia el 3 de mayo—, muestra apenas la puntita de una campaña contra el MAS que ya se ha emprendido desde lo violento, desde «lo legal», y ahora enturbia, como se esperaba, el panorama electoral.
La falta de transparencia y credibilidad afectará a muchos. Cierto que la mayoría de los solicitantes a candidatura eliminados, no pertenecían al Movimiento al Socialismo (MAS). La mayor parte (205) son del derechista Frente para la Victoria, que en octubre postuló a Chi Hyung Chu —un boliviano de origen coreano que, aunque distante de Evo Morales y del golpista Carlos Mesa, resultó sorpresa cuando quedó en tercer puesto… (No olvidemos que la usurpadora Jeanine Añez ahora también se postula, y tiene aspiraciones).
Pero del MAS ascienden a 57 los que han sido incapacitados. Y aunque la imposibilidad de ir en boletas también se extendió a miembros de la mismísima agrupación que representa a Añez (la alianza Juntos, apenas con nueve proscriptos), resulta obvio que el golpe fundamental es contra el partido de Evo, primero en las encuestas desde que empezaron los sondeos y cuando aún no se había escogido a Luis Arce como su candidato a mandatario.
Es esa la agrupación política que más ha calado en la Bolivia profunda luego de 14 años de refundación, y a pesar de las incomprensiones de ciertos sectores postergados que hoy se alían con la oligarquía, o son víctimas de sus manipulaciones. Las multitudes que acudieron a recibir a Arce y su compañero de fórmula, David Choquehuanca, cuando retornaron a Bolivia hace pocos días, mostró ese respaldo.
El vulgar «recorte» de los aspirantes del MAS a senadores y diputados se intenta justificar con la supuesta ausencia de ciertos documentos y de otros requisitos burocráticos: un argumento tan poco creíble como escasa es la confianza en un Tribunal Supremo Electoral renovado sin razón por los golpistas, y encabezado por un titular que se nombró «a dedo».
Primero persiguieron y encarcelaron a los mejores dirigentes del Movimiento al Socialismo; después los encartaron mediante falsa acusación, y ahora les impiden postularse.
Resulta difícil creer que funcionarios de tan baja laya como los que se apropiaron del poder, permitan una vuelta del MAS a la Casa del Pueblo o al Palacio de Quemado. Para arrasar con su gestión están desarticulando los frutos del modelo.
La «cacería» va por más. A Luis Arce se le ha vinculado con un presunto desfalco en el Fondo Indígena que podría usarse para sacarlo del juego en el momento preciso, pues solo habría que oficializar los cargos (¡todo en ello es falso!) y llamarlo a juicio, o encerrarlo…
En tanto, la campaña contra Evo se extiende. No solo se le ha acusado de terrorismo y sedición, cargos enviados a Interpol para que circulara orden de captura, que ese organismo rechazó.
Se torna recurrente en los medios oficialistas, el supuesto pedido de organizaciones sociales y populares para que se impida a Evo postularse al Senado. El argumento es que él tampoco cumple los requisitos porque «le faltan papeles»: la misma espada empuñada contra Arce para que tampoco aspire a la presidencia, y contra Diego Pary, excanciller, para no permitirle optar por la Cámara alta.
Este miércoles, el excandidato y golpista Carlos Mesa —contendiente de Evo en octubre y quien proclamó el falso fraude que abrió la puerta al golpe—, solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación contra Evo, e incluir al exvicepresidente, Álvaro García Linera, y a los exministros Juan Ramón Quintana (refugiado en la Embajada de México), Carlos Romero y Héctor Arce.
Su estratagema es vincularlos con alegados «fraudes electorales», a tenor de los frustrados comicios de octubre. Hay de todo en las viñas de esta Bolivia de institucionalidad falseada. Todavía puede haber más si, como tememos algunos, las peores maquinaciones están por llegar.