La ola de mandatarios neoliberales que sucedió a los proyectos progresistas y nacional-populares en América Latina, se vio impulsada por discursos moralistas y republicanos, sostenidos por compromisos con la transparencia institucional y el repudio a la corrupción estructural anidada al interior de sus países.
Esa sobreactuación de sus protagonistas se vio, sin embargo, ensombrecida por la emergencia de repetidos escándalos que han tenido como responsables máximos a los empresarios (devenidos Presidentes) y a sus más íntimos colaboradores. En el caso de la Represa Binacional de Itaipú, el reciente descubrimiento de una negociación secreta entre las más altas autoridades llevó a los parlamentarios de ambos países a iniciar investigaciones sobre negociaciones incompatibles con sus respectivas funciones gubernamentales.
El negociado hecho público durante la última a semana incluyó la redacción de cláusulas secretas que fueron develadas luego de la denuncia del titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira, quien se negó a aceptar la comercialización de energía hidroeléctrica excedente (producida por la represa binacional de Itaipú) a una entidad privada ligada a la familia del Presidente brasileño.
Dichos megavatios (MW) sobrantes iban a ser adquiridos del lado brasileño a un valor de 6 U$S, cuando la cotización de mercado ronda los 40 U$S el MW. Una vez incorporados a la red por la empresa brasileña LEROS (ligada a Bolsonaro), sería vendida a un precio de 80 U$S el MW, registrando un potencial y módico beneficio del 1200 %.
La malversación quedó al descubierto cuando el titular de ANDE, Pedro Ferreira, se negó a suscribir el contrato, renunciando a su puesto el 24 de julio último.
Una investigación del diario guaraní ABC Color puso en evidencia que el embajador paraguayo Federico González, intermediario entre la empresa LEROS y ANDE, presionó al titular de esta última para que se convirtiera en cómplice respecto al silenciamiento de las cláusulas secretas del convenio firmado en mayo último por los presidentes Abdo y Bolsonaro.
Las negociaciones orientadas a lograr la aprobación del contrato ilícito fueron operativizadas por José Rodríguez González, hijo de María Epifania González, secretaria de la unidad de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), quien debió renunciar una vez difundidas las cláusulas secretas gestionadas por su heredero.
Las tratativas confidenciales (caracterizadas como sigilosas) fueron conducidas por Rodríguez bajo la supervisión de Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez, quienes buscaron beneficiar al ex militar devenido Presidente de Brasil.
La articulación entre Rodríguez y los máximos mandatarios se hizo evidente luego de la difusión pública de los intercambios de mensajes por WhatsApp, expuestos por los medios de comunicación guaraníes y brasileños.
Agua sucia
En dichas comunicaciones se puso en evidencia la presión ejercida por Abdo al titular de ANDE, quien advertía que la firma de dicho convenio suponía un acto ilícito e implicaba una pérdida de más de 200 millones de dólares para sus conciudadanos, que deberían pagar la energía con un sobrecosto inaudito.
Rodríguez presionó con una serie de mensajes a Ferreira para que se aviniera a rubricar las cláusulas secretas. En una de esas comunicaciones exigía la aceptación de la propuesta brasileña dado que el representante comercial de la empresa LEROS había viajado a Paraguay “para dar seguimiento al acuerdo de compra y venta de energía excedente al mercado brasileño”.
Ante la reiterada negativa del titular de ANDE, Rodríguez le advirtió que “la autorización de ambos agentes [Abdo y Bolsonaro] ya se ha acordado verbalmente”. En su declaración testimonial ante la fiscalía, el intermediario ante LEROS aceptó la responsabilidad sobre los mensajes enviados a Ferreira, pero se disculpó por haber mencionado (como era de esperar) a ambos mandatarios.
Durante los dos últimos meses el ingeniero Ferreira advirtió que las ventas de la energía excedente debían hacerse mediante una licitación y que no era posible otorgar la adjudicación en forma arbitraria a LEROS. La negativa del titular de ANDE generó la presión del propio Presidente paraguayo, quien lo conminó a destrabar la situación dado que no se estaban cumpliendo las cláusulas (secretas) acordadas.
El Tratado de Itaipú supone compartir en partes iguales la energía de una de las represas más grandes del mundo y autoriza a negociar anualmente los excedentes energéticos. Dado que Paraguay sólo consume el 15 % del total, vende el 35 % restante a su socio.
Durante las últimas tres décadas Paraguay aceptó valores paupérrimos por dicho excedente, pero en 2008 —en el marco de acuerdos de integración regional entre Lula y el presidente Fernando Lugo–, se lograron retribuciones más equitativas que permitieron financiar mínimamente el desarrollo guaraní. Sin embargo, la aplicación de la cláusula secreta firmada en mayo retrotraía a Paraguay a posiciones de mayor vulnerabilidad.
Vecinos virtuosos
En el caso guaraní, el escándalo ya ha generado la renuncia del canciller Luis Castiglione, el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira y el director técnico de Itaipú, José Sánchez Tillería, entre otros funcionarios. Aún resta debatir, en el marco de una comisión bicameral, la investigación sobre las cláusulas secretas que precipitaron la interrupción del acuerdo.
También se encuentra en etapa de resolución la conformación de la unidad legislativa de 5 miembros que tratará el juicio político a las máximas autoridades gubernamentales, bajo la acusación de Traición a la Patria. En forma paralela, el Ministerio Público nombró a tres fiscales, Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci, como los encargados de auditar las posibles comisiones de delito contra la administración pública.
Los dirigentes latinoamericanos que presumen de ser cuidadosos de las instituciones y que, repetidamente, se autoproclamaron como obedientes de las normativas legales, no han logrado cumplir sus compromisos: en marzo de 2018 el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en forma indeclinable luego de ser imputado por vínculos espurios con la empresa Odebrecht y acusado simultáneamente por la compra de votos en el Congreso.
En Brasil una gran parte de los políticos complotados en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff fueron condenados por malversación de fondos, cohecho, fuga de capitales y enriquecimiento ilícito. Entre ellos está Michel Temer, quien sucedió a la dirigente del PT. Por su parte, el magistrado que dispuso la detención de Lula, Sergio Moro (actual ministro de justicia del gobierno de Jair Bolsonaro), es investigado por prevaricación en relación con las imputaciones dictaminadas contra el líder metalúrgico.
En el caso de la Argentina, las sospechas hacia el gobierno macrista se vinculan con las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, junto a periodistas, servicios de inteligencia y delegaciones diplomáticas extranjeras, cómplices en la configuración de imputaciones judiciales ficticias destinadas a encarcelar opositores políticos.
A estos antecedentes deben sumarse las denuncias de tráfico de influencias y los constantes conflictos de intereses habilitados por sus inversiones familiares en sectores energéticos calves de la economía local.
En Colombia, los cruzados del republicanismo neoliberal acumulan imputaciones por homicidios y desapariciones ejecutados bajo la más absoluta pasividad oficial.
Desde que asumió Iván Duque, se contabilizan más de 130 dirigentes sociales asesinados y la virtud institucional anunciada tampoco parece acompañar su gobierno: el 71 % de los consultados en una encuesta diseñada por Gallup sugiere que, desde el inicio de su gobierno, los efectos de la corrupción se han visto agravados.
La transparencia, los altisonantes mensajes de honestidad institucional y el proclamado respeto por las normativas se han constituido en el paradojal disfraz de cohecho estilizado. El neoliberalismo presume de una virtud republicana que se empecina en convertir en una cascara vacía, únicamente blandida en tiempos electorales.