*“Son nuevos delitos de lesa humanidad en contra del pueblo de Venezuela”, afirma
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó el martes las medidas coercitivas o «sanciones» ilegales que el gobierno de los Estados Unidos anunció horas antes en contra de la empresa suiza Rosneft, filial de la petrolera estatal rusa Rosneft, por sus vínculos con Venezuela.
Durante un discurso en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, Arreaza señaló que dicha empresa trabaja con PDVSA en la comercialización del petróleo venezolano.
«La medida es contra el pueblo venezolano; es contra los trabajadores y trabajadoras de PDVSA; es contra la posibilidad de que produzcamos y vendamos más petróleo, para tener más ingresos para las viviendas, para la salud, la infraestructura, la alimentación y la vida».
Señaló que los trabajadores de PDVSA, al igual que lo hicieron los de Conviasa la semana pasada, «ya se activaron para defender a su industria, para levantar la cara y producir más que nunca, a pesar de las medidas y acciones que se tomen desde Estados Unidos».
Denunció que las medidas coercitivas estadounidenses violan principios en los que Estados Unidos supuestamente cree, tales como el libre comercio y la libre empresa, «para afectar a las empresas rusas y que las estadounidenses copen espacios en el mercado y se queden con ganancias», afectando la producción y comercialización petrolera en Venezuela.
«Es un círculo perverso desde Washington para afectar al pueblo venezolano», explicó.
Delitos de lesa humanidad
Arreaza también destacó que este tipo de acciones son crímenes de lesa humanidad, razón por la cual acudieron la semana pasada a la Corte Penal Internacional a colocar denuncias contra el gobierno de Estados Unidos.
«El Departamento del Tesoro se ha convertido en el Pentágono económico, es decir, en el Ministerio de la Guerra a través de la economía, porque las medidas coercitivas unilaterales terminan siendo armas de destrucción masiva. ¡Son como bombas que caen sobre los pueblos!», dijo Arreaza.
Se refirió a los apagones de alcance nacional ocurridos el año pasado en Venezuela, de los cuales destacó que no sólo hubo un ataque cibernético contra las instalaciones eléctricas, sino que las empresas extranjeras responsables de ayudar a recuperar el sistema no lo hicieron.
«¿Dónde está el servicio que inmediatamente debió haber prestado General Electric o Siemens como empresa, para ayudar a recuperar el sistema que tiene su tecnología, y que ellos tienen incluso compromisos contractuales de garantía y mantenimiento con nuestra industria? No. No pueden venir a Venezuela, porque entonces nos castigan, nos sancionan. Y allí están las consecuencias».
Destacó que este tipo de uso de la fuerza está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, que también prohíbe las amenazas del uso de la fuerza, que constantemente se han aplicado contra Venezuela, en particular en agosto de 2017.
También explicó que las sanciones ilegales son generalizadas y afectan a todo el pueblo de Venezuela, incluyendo a la población civil. Son sistemáticas, se han aplicado semanalmente y casi diariamente en los últimos tiempos. Además, son producidas por un Estado o una organización. Por estas razones, estas sanciones sí califican como delitos de lesa humanidad, según el canciller venezolano.
Más temprano, Arreaza señaló en su cuenta Twitter que «las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Rosneft Trading, van dirigidas contra nuestra industria petrolera, sus trabajadores y la economía venezolana. Siguen agrediendo al pueblo de Venezuela, tratando de generar sufrimiento y dificultades».
Añadió que estas medidas arbitrarias contra la empresa rusa Rosneft Trading, «violan el derecho al libre comercio y a la libre empresa. Sumaremos estas acciones unilaterales a la denuncia penal que hemos introducido contra los funcionarios estadounidenses ante la Corte Penal Internacional».
También señaló que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional «debe identificar, no sólo a los responsables de emitir estas medidas perversas en Washington, sino también a aquellos indolentes confesos que las solicitan y las celebran en Venezuela. La Justicia venezolana, hará la propio».