La ofensiva chilena pretende demostrar ante la Corte Internacional de Justicia que son aguas internacionales, a diferencia de lo que señaló Evo Morales.
Chile demandará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (CIJ) para que confirme técnicamente que las aguas del río Silala son internacionales, según ha anunciado esta mañana la presidente Michelle Bachelet. La contraofensiva chilena se produce luego de la arremetida boliviana que comenzó el 23 de marzo del 2016, cuando el presidente Evo Morales anunció en su discurso del Día del Mar que estudiaría una demanda contra Chile por la utilización histórica del Silala. El 26 de marzo, tres días después, el mandatario concretó su anuncio y señaló, directamente, que demandaría a Chile ante la Justicia internacional.
“Hemos decidido tomar la iniciativa”, señaló la mandataria socialista en entrevista con radio Zero.
El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, profundizó en rueda de prensa sobre las razones de Chile para la contraofensiva: “Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del Gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos”. El canciller indicó que “Bolivia anunció una serie de acciones para que el Silala no siga fluyendo hacia Chile, lo que es inaceptable”. Como el Gobierno de Morales había señalado que se tardaría unos dos años en preparar una eventual demanda por este caso, Muñoz indicó que “Chile no puede permitir que Bolivia siga intentando instrumentalizar el derecho internacional y sus instituciones como vehículos de hostigamiento político”.
El equipo estará integrado por técnicos chilenos y extranjeros de alto nivel, expertos en recursos hídricos. El manejo de esta disputa quedará en manos de la directora del Departamento de Fronteras y Límites (DIFROL), Ximena Fuentes, que asumirá como agente de Chile. La acompañarán como coagentes la embajadora en La Haya, María Teresa Infante, y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña. Con el nombramiento de quien fuera subsecretario de Justicia en el Gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera (2010-1014), Chile pretende nuevamente enviar una señal internacional: los asuntos de Relaciones Exteriores son tratados como problemas de Estado, al margen de las diferencias en política interna.
De acuerdo con Chile, el Silala es un río cuyas afloraciones nacen en el departamento boliviano de Potosí y fluyen a través de la frontera hacia la Región chilena de Antofagasta, por lo que se trata de un río internacional. Bolivia alega, sin embargo, que tiene derecho al 100% del uso de sus aguas. En ese marco, el 11 de mayo pasado, Bolivia dictó el Decreto Supremo N° 2760, con el que creó la Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala y Todos los Recursos Hídricos en Frontera con la República de Chile, organismo con recursos propios y dedicación exclusiva. De acuerdo a fuentes de la Cancillería chilena, aunque Bolivia tiene fronteras con cinco países de Sudamérica, en su definición la nueva Dirección sólo se dedicará a los recursos hídricos “en Frontera con la República de Chile”.
La disputa entre ambos países es una de las más duras de la región. Sin relaciones diplomáticas desde 1962, Bolivia demandó a Chile en 2014 ante la CIJ por una salida soberana al Pacífico, aunque todavía no ha especificado ante el tribunal lo que entiende por soberanía. El proceso se encuentra abierto y el próximo paso está programado para julio, cuando Chile deba entregar su contramemoria. De acuerdo a los cronogramas de La Haya, la sentencia se conocería a comienzos de 2018.
Chile recuerda que en el marco de la Agenda de 13 Puntos desarrollada en el primer mandato de la presidente Michelle Bachelet (2006-2010), Chile y Bolivia discutieron el caso del río Silala y en 2009 llegaron a un pre acuerdo que establecía un uso compartido de sus aguas, como es propio de los ríos binacionales. De acuerdo a Chile, el Gobierno de Morales decidió someter ese pre acuerdo a un referendo en el departamento de Potosí, cuyo resultado fue negativo porque dicho departamento quiso incorporar el pago de una supuesta “deuda histórica” que el Gobierno de Chile consideró inaceptable. Ante este panorama, el grupo de trabajo encargado de discutir la Agenda de los 13 Puntos acordó renovar las conversaciones más adelante.
De acuerdo a la posición chilena, Chile estuvo dispuesto a reanudar ese diálogo, pero estas conversaciones terminaron sin resultado debido a la insistencia de Bolivia de negar que el Silala es un curso de agua internacional. Para el Gobierno chileno, el lenguaje que el presidente Morales ha utilizado últimamente para referirse a este caso –empleando expresiones como las de “robo” y “usurpación” – ha ido restringiendo objetivamente las posibilidades de que Chile mantenga sus ofrecimientos anteriores para llegar a un acuerdo. El Gobierno chileno parece estar convencido de que Bolivia busca cercenar sus derechos sobre un curso de agua continuo binacional.