Jorge Aharonian*
Más de dos semanas de ininterrumpidas manifestaciones populares a lo largo y ancho de Colombia evidencian que la crisis económica, financiera, sanitaria y social provocada por la inoperancia, torpeza y un programa de insultantes privilegios para la oligarquía, del presidente Iván Duque, precipitaron el resquebrajamiento del consenso neoliberal y llevaron al baño de sangre con el que el establishment quiso sofocar el estallido social.
En Colombia, imperialismo, contrainsurgencia y fascismo han actuado siempre unidos y/o mezclados. Subsiste una alianza militar-narcomilitar, con impunidad (casi) garantizada por la Fiscalía, que deja cadáveres de cientos de dirigentes sociales, indígenas o campesinos, mientras siguen las desapariciones y los fusilamientos extrajudiciales. Siete bases estadounidenses se alojan en territorio colombiano, asesores estadounidenses e israelíes adiestran a los asesinos de su pueblo.
Colombia es el único miembro suramericano de la OTAN, justificado por los enormes intereses neocoloniales económicos y políticos del complejo militar industrial y financiero nacional y global, además de los intereses geoestratégicos con países limítrofes “desafectos a Washington” como Nicaragua y Venezuela.
Hoy Colombia es más importante para Estados Unidos que su neocolonia de Puerto Rico en la totalidad de los intereses de Washington en la región. Pero el dato nuevo es que el gobierno de Joe Biden, en lugar del “tradicional apoyo irrestricto” al gobierno de Colombia, ha pedido el respeto por los derechos humanos y ha desautorizado los “desmanes” de la fuerza pública, que ellos financian y adiestran que, asociada con el narco paramilitarismo ha reprimido brutalmente –otra vez- y con una violencia aterradora a la actual protesta.
Algunos analistas pecan de optimismo al creer que esta posición desautoriza al expresidente Álvaro Uribe, cabeza de la derecha y del genocidio, -voz de Washington, pero sobre todo del Comando Sur- en su país desde hace dos décadas. Lo que hace el gobierno demócrata estadounidense es evaluar los daños, teniendo en cuenta que para ellos democracia es igual a elecciones (si son amañadas, mejor) y el proceso electoral colombiano ya se está jugando.
Esta “nueva” posición de Washington ha obligado a Duque a abandonar el cómodo Palacio de Nariño para ir, humillado y “clandestino”, en horas de la madrugada, a reunirse con sus operadores y agentes represivos, comandados por el general Eduardo Zapateiro, en la ciudad de Cali. La preocupación del arriba nervioso es que no surge ningún candidato desde la derecha proestadounidense.
Y aquellos que crecieron bajo el ala de Uribe y el narcopoder, tienen muy pocas oportunidades de llegar a la casa presidencial, máxime cuando la encuesta realizada por la revista Semana indicaba que el izquierdista Gustavo Petro ganaría en la primera vuelta y cuando todos son conscientes de que le será muy difícil a Duque gobernar los 18 meses que le restan.
En las próximas semanas ya veremos a quien los magos de Washington tocan con su varita mágica para garantizar la continuidad del uribismo. Alberto Pinzón señala que buscan a alguien con suficiente demagogia populista, imagen de progresista, que asista a los cocteles de la embajada y, sobre todo, que prometa continuar la lucha para llevarle la democracia a Venezuela, restaurar sus antiguas instituciones y suprimir definitivamente ese peligro a la seguridad de los EEUU que declaró el presidente Obama hace seis años.
Pero no hay que quitarle méritos a Iván “el terrible”: Es el único de América Latina y del mundo a quién se le ocurrió subir los impuestos en medio de la crisis social más grande que ha vivido el planeta en un siglo y la peor que ha tenido Colombia en su historia. Duque destinó apenas un 2,8% del PIB a la pandemia (EU dedicó un 24,8 por ciento), y casi la mitad de ese 2,8% no es gasto sino un seguro de crédito para la banca privada.
Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública, señala que Colombia fue víctima de tres cosas: su tradición de buen deudor y seguidor del Fondo Monetario Internacional; la Constitución de 1991, que se hizo para prohibir que el Banco de la República financie el gasto público, y la ideología o rigidez neoliberal del ex ministro de Hacienda Carrasquilla, su discípulo Duque, la Junta Directiva del Banco de la República y el equipo de gobierno en su conjunto.
En las últimas dos semanas, Duque perdió dos ministros. A la salida del impresentable ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, autor del proyecto de reforma tributaria que disparó el estallido social y al que ni Uribe quería, se sumó la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, dejando en claro que se trata de una crisis política provocada por la arrogancia e insensibilidad de Duque.
La administración derechista se quedó sin proyecto ni respuestas tras fracasar en su intento de trasladar a las mayorías el costo de mantener los ofensivos privilegios de la oligarquía mediante el aumento y la creación de nuevos impuestos. Ya Duque venía en caída libre, acumulando un 70 por ciento de desaprobación.
Tratando de revertir la caída libre, Duque aseguró el 14 de mayo que “la recesión ha terminado” e indicó que por primera vez desde la pandemia Colombia muestra un crecimiento positivo en su economía, 1.1 por ciento luego de tres trimestres con cifras negativas. Tardaron muchos días en hacer cuadrar las cifras para mostrar esa mejora que no convenció a nadie.
Solo un gobierno con autismo político puede haber anunciado una reforma tributaria que afecta mayormente a las clases medias y populares, en un país que atraviesa el pico de la tercera ola de la pandemia con uno de los niveles de contagios y muertes más altos del mundo, un incremento de las personas en situación de pobreza extrema y una caída de la economía de casi 7%, dice Ariela Ruiz Caro.
Ese rechazo popular se volcó a las calles, en un país hambriento, desangrado, y los asesores del gobierno creyeron que Duque recuperaría credibilidad llamando a un farsesco diálogo –bien promocionado pro los medios- que no incluía la rectificación de las políticas no sólo neoliberales sino también oligárquicas, que quizá significaran un enfrentamiento con Uribe, su mentor y mandante.
Asimismo, el senador Iván Cepeda, la organización Temblores y organizaciones de Derechos Humanos informaron sobre la denuncia instaurada ente la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas por 1.595 casos de agresiones y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno en los primeros 16 días de Paro Nacional.
La denuncia acusa como máximos responsables de las violaciones humanitarias al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa Diego Molano; al expresidente Álvaro Uribe Vélez; al general del Ejército Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, Jorge Luis Vargas.
Mientras, un críptico tweet en la cuenta de Uribe con una supuesta propuesta de acción política prendió la curiosidad y desató un intenso debate acerca del origen de dicha intervención. Textualmente decía: “1) Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2) Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 3) Acelerar lo social; 4) Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”. Uribe se refería con el último de los términos al concepto repostulado por el neonazi chileno Alexis López, acérrimo defensor del revisionismo del holocausto judío, y conferencista en reiteradas ocasiones, en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman algunos de los principales cuadros militares de Colombia.
Uribe es conocedor del poder del mercadeo, del valor de la emocionalidad en la construcción de mecanismos de poder y legitimación. Con la deformación del concepto alimenta su serie de grandes éxitos que se inician con el ‘castrochavismo’ y continúan con otras deformidades tales como aquella de la ‘ideología de género’ o la alargada sombra del Foro de São Paulo, algunos de los argumentos más difundidos para la negativa de apoyo al proceso de paz en el referéndum de 2016.
La teoría ignorante o paranoica de la “revolución molecular disipada” que puso a circular el uribismo deja de considerar que en Colombia hay una sola fuerza organizada y capaz de ocupar esos centros de poder: el Ejército. Y en el caso de Duque, antes que un golpe, tendríamos una militarización completa del país y una violencia de Estado duradera.
La estrategia no es nueva por parte de la derecha: la desinformación se nutre del anonimato en la generación del mensaje y del capital simbólico de la figura que lo difunde. Su único fin es el de crear narrativas paralelas –a través de la apelación a las emociones con la utilización sistemática de la amenaza del terrorismo- y afianzar el pánico colectivo a través de una manipulación consciente de la información falsa presentada como veraz.
Para eso cuenta con asesores colombianos, ecuatorianos, estadounidenses, venezolanos e israelíes, además de los medios hegemónicos para difundir la información falsa, no solo colombianos sino también latinoamericanos y globales.
El senador Gustavo Petro dejó en claro que Uribe, un siniestro personaje y también su entorno –conformado por la más rancia oligarquía y por los más salvajes grupos paramilitares–recurrieron a tácticas transparentemente fascistas para auparse al poder y crear un sólido consenso social alrededor de sus intereses: desde la satanización y criminalización de cualquier forma de disidencia, hasta la invención de amenazas inexistentes para justificar formas extremas de violencia de Estado.
Ahora se habla de la realidad regional. En las regiones y ciudades intermedias, como Cali, es donde más duro se ha sentido el incendio social, descentralizando la protesta, trayendo a la escena a otros liderazgos sociopolíticos, que ponen en peligro la acumulación de capital conseguido en estos 40 años de genocidio y de despojo millonario de víctimas.
*Periodista y comunicólogo uruguayo, magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur, preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)