Colombia da “palos de ciego” tras fallo de La Haya

Un «raizal» colombiano. Muchos de ellos tienen nacionalidad nicaragüense o tienen familiares en nuestro país.

¿Y qué dice Colombia ahora después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, diera la razón a Nicaragua por la negativa del país sudamericano a reconocer el fallo de 2012?

Como era de esperar, el gobierno colombiano se aferra a derechos que en realidad nunca tuvo, aunque esta vez matizados por el actual mandatario Iván Duque, quien creyó entender que la CIJ les daba “permiso” de navegar libremente en aguas de Nicaragua “para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico».

Colombia, cuyo presidente dice “luchar” contra el narcotráfico, continúa siendo desde la época de Pablo Escobar el país número uno en producción de cocaína sin que nadie pueda impedirlo, ni siquiera las nueve bases militares que tiene Estados Unidos en ese territorio, con miles de soldados que también dicen luchar contra las drogas, pese a que su país (USA), es el mayor consumidor del mundo.

¿Y quiere Duque hacernos creer que los buques militares que moviliza en nuestras aguas impedirán que la droga colombiana continúe arribando a Estados Unidos?

Este nos quiere dorar la píldora. Sus antecesores fueron más claros al rechazar rotundamente el fallo de La Haya y decir que ignorarían el mandato del máximo tribunal de justicia del planeta.

Los diarios colombianos siguen señalando- pese al fallo de hoy de la CIJ-, que son “supuestas” las violaciones de su país al derecho soberano y espacios marítimos en el mar Caribe de Nicaragua.

La CIJ consideró que Colombia violó “la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y ordenó a Bogotá “cesar de forma inmediata” su conducta, lo que incluye la incursión de buques de guerra.

Iván Duque indicó este jueves que «el gobierno ratifica el mandato institucional de defender la soberanía e integridad de las islas», pese a que en ningún momento, ni Nicaragua ni la CIJ han puesto en entredicho la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.

Duque siguió su perorata indicando que “la obligación del Gobierno es defender la soberanía, defender a su población y los más altos intereses de Colombia en el mar Caribe, y anunció que en los próximos días se expedirán las normas que refuercen esos principios”.

«En ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso, dicha petición fue rechazada», añadió Duque en otra de sus caprichosas interpretaciones.

«La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico», puntualizó, pese a que esa es una interpretación halada de los pelos por el pupilo de Álvaro Uribe, apodado “El Matarife”.

El mandatario además aseguró que «la unidad, integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos y todas las islas se mantiene» y que «la zona contigua es ajustada al derecho internacional». (¿?)

“Mi gobierno hasta el próximo 7 de agosto continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia”, afirmó.

«Nos encontramos en el Archipiélago histórico e indivisible de San Andrés. Escuchamos el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el litigio limítrofe con Nicaragua. Reiteramos que en la defensa de los intereses de nuestro país no hay colores políticos ni partidistas, aquí todos somos Colombia», señaló el mandatario en las redes sociales.

Diga lo que diga Duque, el fallo de hoy de La Haya ratifica los derechos de Nicaragua sobre más de 75 mil km cuadrados en el mar Caribe, lo que deja claro a Colombia que ya no es la “reina del Caribe” como presumía mientras usurpaba nuestros espacios territoriales.

¿Qué dice exactamente la CIJ?

Después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este jueves que Colombia violó la “soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), el país deberá suspender de forma inmediata la pesca por parte de la comunidad raizal, asimismo, las operaciones de la Armada en la zona, publicó hoy el diario El Colombiano.
“El fallo que se conoció en la madrugada de este jueves también indicó que Colombia interfirió en “las actividades de investigación científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera o licencia nicaragüense”. Al respecto, dictaminó que dicha conducta, al igual que las ya mencionadas, deben “cesar de forma inmediata”, señala el citado diario.

Sobre el fallo, el agente de Colombia ante la CIJ Carlos Agusto Arrieta, explicó a medios de comunicación que “la Corte Internacional de Justicia no dijo que Colombia había incumplido el fallo de 2012, por consiguiente ese planteamiento que era tan crítico lo reconoció”. ¿Entonces qué significan las prohibiciones que les hizo la CIJ?

En este mismo sentido, se pronunció Iván Duque: “La Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012”. El mandatario también resaltó que el tribunal no condenará al país y tampoco le ordenará pagar una indemnización, como solicitaba Nicaragua.

Es decir, que Colombia deberá cumplir con los ordenamientos de la CIJ, sin embargo, no recibirá ninguna sanción económica, como lo solicitaba Nicaragua. Duque también celebró que el tribunal rechazó mantener el caso abierto hasta que el país garantizara el fallo de 2012.

Una larga disputa

La disputa jurídica sobre la que se pronunció la Corte, tiene origen en 2013 cuando Nicaragua acusó a Colombia de incumplir el fallo en el que perdió 75.000 kilómetros cuadrados del mar de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Después, Colombia instauró una nueva contrademanda en la que planteaba que se estarían violando los derechos de pesca artesanal de los raizales en esta zona del Caribe.

En el fallo, según Arrieta, Colombia mantuvo la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño. Asimismo, conservó doce millas náuticas del mar que rodea estos territorios.

Para Arrieta, uno de los aciertos del nuevo fallo de la CIJ es que reconoce que “todas las islas y cayos colombianos tienen derecho a una Zona Contigua de 12 millas náuticas más allá de las 12 millas de mar territorial”, porque permitirá la reintegración del archipiélago que de acuerdo con la defensa “se vio afectado por la decisión de 2012”.

Aunque la Corte ordenó la suspensión de la pesca y las operaciones de la Armada en la zona, el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas reconoció que las comunidades raizales tienen derechos de tránsito y pesca alrededor del archipiélago que “deben ser reconocidos y protegidos por los Estados”, explicó.

Como es sabido, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras el fallo de La Haya en 2012 declaró que nuestro país permitiría la pesca de los denominados “raizales” de Colombia, muchos de los cuales habitan en el archipiélago de San Andrés, y ostentan la ciudadanía nicaragüense o tienen familiares en el Caribe pinolero. Por supuesto que tiene que existir un permiso de Nicaragua.

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