En paralelo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su «profunda preocupación» por la violencia registrada en la ciudad de Cali, donde el fin de semana murieron 13 personas.
El Comité Nacional del Paro y el gobierno de Colombia intercambiaron acusaciones y agregaron obstáculos a la negociación reanudada este domingo con el fin de superar la crisis. Los representantes de los manifestantes en la mesa de diálogo denunciaron la «falta de seriedad por parte del gobierno» y continúan exigiendo la desmilitarización y el reconocimiento estatal de los abusos policiales. Del otro lado, el Ejecutivo de Iván Duque solicita, fundamentalmente, el fin de los bloqueos antes de sentarse «a construir acuerdos». A poco más de un mes del estallido social que volteó el plan del gobierno de subir impuestos en plena pandemia, al menos 59 personas murieron y hay más de 2.300 heridos.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó desde Ginebra su «profunda preocupación» por la violencia registrada en la ciudad de Cali, donde el fin de semana murieron al menos 13 personas. Los choques, que involucraron a manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles, llevaron al presidente Duque a ordenar el despliegue de tropas en esa ciudad. «La situación en Cali es una tragedia. La ciudad está militarizada y estamos recogiendo incontables denuncias de violaciones de derechos humanos», manifestó a Página/12 Marianela Navarro, parte de la delegación argentina que viajó a Colombia para relevar violaciones a los derechos humanos.
Cada vez más lejos de acordar
«Lo único que le pedimos al Comité del Paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos. Levantar los bloqueos es lo mínimo para quien tenga sentido del dolor ajeno», planteó el gobierno de Duque a través de un comunicado. «Esperamos que los que se sienten líderes de las comunidades acojan nuestra invitación a desbloquear y a dialogar, pero sin paro ni bloqueos«, agregó el documento, según destacó la radio RCN.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores Hospitalarios de Colombia, Yesid Camacho, dijo en cambio que «falta seriedad por parte del gobierno» y advirtió que su sector revisará el «preacuerdo» que habían firmado con el Ejecutivo. «No entendemos cómo después se retractan y sacan un decreto contrario. Perdimos 10 días en materia de conversaciones«, aseguró el dirigente. El Comité del Paro publicó este domingo un boletín en el que volvió a acusar al gobierno de mantener «un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía«.
Tensión en Cali
La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se mostró preocupada por la creciente violencia en la ciudad de Cali. «Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley», dijo Bachelet en un comunicado. La expresidenta chilena pidió que se ponga fin a «todas las formas de violencia» y que «las partes sigan hablando para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas«.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría visitar Colombia recién a partir del próximo 29 de junio, se sumó a las críticas a la feroz represión en Cali y expresó su «extrema preocupación ante denuncias de que los ataques a manifestantes con disparos de armas de fuego provienen de personas vestidas de civil ante la vista de agentes de la fuerza pública».
Cali, con unos 2,2 millones de habitantes, es el epicentro de las protestas y los bloqueos de rutas y caminos que tienen a Colombia en crisis desde hace más de un mes. Allí está trabajando una parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos que viajó desde Argentina.
«Aquí en Cali se manifiesta una barbarie muy fuerte. Ante los problemas sociales el Estado está dando una respuesta militar», advirtió a este diario Marianela Navarro, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y parte de la misión argentina. «Esta situación se ha profundizado con el decreto de Iván Duque, donde sin establecer un estado de sitio, la realidad lo confirma«, agregó la dirigenta. Navarro se mostró muy preocupada porque Cali está militarizada y rige el toque de queda nocturno, sin embargo «la población se mantiene en los puntos de resistencia porque exige justicia social como lo viene haciendo desde hace muchas décadas».