Desde el Gobierno colombiano estiman que sobre el mediodía del viernes, se pueda instalar formalmente la mesa de negociación.
Tras una maratónica reunión de 17 horas concluyó en la madrugada del viernes la reunión entre representantes del Comité Nacional del Paro (CNP) y el Gobierno colombiano para intentar cesar la represión y las movilizaciones en Colombia.
Al término del encuentro el comisionado de paz, Miguel Ceballos, dijo que la reunión sirvió para “avanzar en la construcción de un documento de acuerdos”.
Los representantes del CNP y el Gobierno confirmaron que retomarán este viernes los diálogos a partir de las 10:00 a.m.,en la ciudad de Bogotá.
Las partes señalaron que avanzan en un acuerdo para la construcción de garantías para la movilización pacífica y afirmaron que existe una voluntad clara de seguir adelante y lograr consensos.
Entrada la noche, los miembros del Comité admitieron que, con la profundización de alguna de las respuestas, podría empezarse a ver una buena disposición para avanzar.
Desde el Gobierno estiman que sobre el mediodía del viernes, se pueda instalar formalmente la mesa de negociación y discutir las posibles soluciones a la criminalización de la protesta y la represión.
A pesar de los supuestos avances en el encuentro en Bogotá, se anunciaron nuevas movilizaciones en medio del paro nacional.
De acuerdo con Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y miembro del Comité del Paro, las marchas seguirán la próxima semana, exactamente el miércoles 26 y viernes 28 de mayo.
En la mañana del jueves comenzó en Bogotá un nuevo acercamiento entre el (CNP) y el Gobierno.
A la reunión concurrieron representantes de sindicatos como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) y otros grupos.
Por el Gobierno, asistieron el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, entre otros funcionarios. También participa una representación de la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En una comunicación difundida por el CNP ratifica su exigencia de que el Gobierno desmilitarice las ciudades y detenga la masacre de manifestantes pacíficos. También enarbola varias exigencias de corte antineoliberal, como la entrega de una renta básica de al menos un salario mínimo mensual, la defensa de la producción nacional y la entrega de subsidios a pequeñas y medianas empresas.
Además, reclama que se garanticen empleos con derechos, se aplique la matrícula cero y la alternancia educativa, se ponga freno a las privatizaciones y se derogue el decreto 11-74 sobre protección social, y que se generen políticas de no discriminación por motivos de género, diversidad sexual y étnico.
Al analizar el impacto político de la movilización a lo largo de 23 días, el CNP valora que la protesta forzó el retiro de las reformas tributaria y de salud, la renuncia de los ministros de Hacienda y Exteriores, Alberto Carrasquilla y Claudia Blum, respectivamente, y obligó al Gobierno de Duque a aceptar la negociación.