Giorgio Trucchi
Costa Rica no está acostumbrada a los grandes titulares de los periódicos y prefiere ser pintada en el imaginario colectivo como una tierra de paz, una nación «verde», con un estado fuerte que cuida el bienestar de una población reportada como una de las más felices del mundo.
En definitiva, una pequeña «suiza centroamericana» que desaira y se aleja de las naciones problemáticas de la región (Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala) y que defiende sus fronteras con un cuchillo entre los dientes para asegurar la tranquilidad y el bienestar de su población. .
Una postal para ofrecer a los turoperadores que, sin embargo, encuentra cada vez menos confirmación en una realidad que comienza a deteriorarse desde 2007, cuando el entonces presidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, apoyó y coludió con el corporativismo multinacional para aprobar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
En ese año, fraudes, canje de votos, presiones y amenazas a sectores estratégicos de la economía costarricense impidieron que la plaza ganara el proactivo referéndum. Fue el comienzo de la pérdida de derechos, del aumento de las desigualdades. Fue el inicio de la paulatina pérdida de soberanía económica y jurídica a favor de las multinacionales y la instalación de un sistema de exenciones tributarias que, hoy, representa alrededor del 5% del PIB del país.
Primeros signos
Ya entre finales de 2018 y los primeros meses de 2019, Costa Rica había visto volver a llenarse sus plazas, esta vez contra el intento del gobierno de aprobar un paquete de reformas tributarias que habría tenido fuertes repercusiones en los segmentos bajos y medios de la población, en particular sobre los empleados públicos. En esa ocasión el resultado no fue el mejor y la reforma tributaria fue aprobada en el parlamento.
Dos años después, la sociedad costarricense vuelve a estar en crisis y las plazas se llenan, esta vez contra la intención del presidente Carlos Alvarado de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional, FMI, por un préstamo de 1.750 millones de dólares (1.500 millones de EUR). Se movilizan una amplia gama de sectores de la sociedad costarricense, muchos de los cuales se unen bajo el nombre del Movimiento Nacional de Redención, MRN, que rechaza los términos del posible acuerdo: aumento de impuestos al salario, transacciones inmobiliarias y bancarias, recortes en el gasto público, fusión de entidades públicas, privatización del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la histórica Fábrica Nacional de Licores.
La protesta se extendió a gran parte del país, con cortes de ruta y enfrentamientos con cuerpos policiales especiales que no escatimaron en violencia. En la zona de Cañas, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, la policía agredió a manifestantes, familias e incluso periodistas sin motivo real.
El caso es que, tras años de deterioro lento pero inexorable de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, cada vez es más difícil canalizar el descontento acumulado. Si bien las cifras macroeconómicas de Costa Rica son la envidia de la mayoría de las naciones latinoamericanas y de más de un europeo, los niveles de redistribución de la riqueza comienzan a dar escalofríos.
Desigual y antisindical
Según el Banco Mundial, alrededor de una cuarta parte de la población vivía en la pobreza y el 7 por ciento en la miseria en 2019. Costa Rica ha pasado en menos de treinta años de ser uno de los países más igualitarios de América Latina a ser, en 2018, el cuarto más desigual después de Brasil, Honduras y Colombia.
La nación centroamericana también se encuentra entre las más antisindicales de todo el continente latinoamericano. Según datos del Ministerio de Trabajo (2015) solo el 10 por ciento de los trabajadores están afiliados a un sindicato, la mayoría de ellos en el sector público donde solo trabaja el 8 por ciento de los empleados. En el sector privado, sin embargo, el porcentaje es inferior al 3 por ciento y el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva (Conv. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo) es prácticamente inexistente.
Hace apenas unos meses, en total encierro por el coronavirus, las autoridades costarricenses tuvieron que cerrar un centenar de fincas ubicadas en el norte del país, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua. No solo operaban sin un permiso médico, sino que empleaban a trabajadores inmigrantes irregulares en condiciones de semiesclavitud. Se trata principalmente de empresas que producen, envasan, comercializan y exportan piña, derivados de la caña de azúcar, tubérculos y cítricos.
Para el asesor sindical Frank Ulloa, las autoridades conocían perfectamente la situación. “Ahora están escandalizados, pero durante años no han hecho nada y ni siquiera pueden decir que desconocían lo que estaba pasando. Simplemente prefirieron mirar para otro lado y dejar que las multinacionales y sus intermediarios nacionales desempeñaran su papel. En el norte del país hay un apartheid de facto. Es una pena».
Una situación dramática que también involucra a los pueblos indígenas de Costa Rica, expulsados de sus territorios por terratenientes violentos y sin escrúpulos, que aprovechan la ausencia del Estado para actuar con total impunidad. El asesinato el año pasado del líder indígena Bribri, Sergio Rojas y el del líder indígena Brörán, Jhery Rivera hace unos meses, ambos comprometidos con la recuperación de sus territorios ancestrales, son un ejemplo de la grave situación de exclusión y represión a la que son sometidos miles de familias.
El encierro luego asestó un golpe fatal a una situación que ya era difícil. Las proyecciones oficiales indican que el país cerrará 2020 con un déficit financiero del 9,3 por ciento, con una deuda pública equivalente al 70,2 por ciento del PIB y con una contracción de la economía del 5 por ciento. Según el Instituto Nacional de Estadística, en menos de un año el desempleo pasó del 11,5 al 24,4 por ciento.
¡No al FMI!
Para quienes apoyan el acuerdo de tres años con el FMI, esta sería la única forma de revivir el país. Quienes salieron a la calle piensan en cambio que solo serviría para garantizar los intereses de la empresa privada y las multinacionales, fortaleciendo el modelo neoliberal, basado en el extractivismo y la agroindustria, agudizando las diferencias sociales.
Para el gremio de maestros y maestros, Ande, no es con nuevos impuestos que se mejora la situación en Costa Rica, sobre todo cuando el gran capital nacional y multinacional sigue gozando de enormes recortes de impuestos y se multiplican los casos de corrupción. Lo que está sucediendo, no solo en Costa Rica sino en la mayoría de los países de América Latina y el mundo, sería entonces parte de un «plan macabro» tramado por el FMI, el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y desarrollo económico).
“Pedimos justicia fiscal. Pedimos que se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que se cese la precariedad laboral. El acuerdo con el FMI solo pesará sobre la clase trabajadora. El gobierno no defiende los intereses del pueblo, sino los de las multinacionales.
¿Qué diálogo?
Mientras tanto, las protestas están dando sus primeros frutos y el presidente Alvarado ha retirado la propuesta. A pesar de esto, las manifestaciones no cesan. No pocos temen que sea una estrategia del gobierno para ganar tiempo, desmovilizar la protesta y negociar votos en el parlamento con aquellos sectores de la política y la empresa privada que hasta ahora se han mostrado críticos con la propuesta del ejecutivo.
El 15 de octubre, el MRN anunció la suspensión de los cortes de ruta hasta el miércoles 21 de octubre. Uno de los líderes del movimiento, Célimo Guido, dijo a la prensa que ahora el balón pasa al presidente Alvarado, quien tendrá que demostrar que tiene muchas ganas de dialogar con la plaza.
Alvarado, por otro lado, parece dispuesto a seguir su propio camino. Junto al presidente del parlamento Eduardo Cruickshank convocó una mesa multisectorial de acuerdos sobre estabilidad fiscal, pero más de la mitad de los sectores invitados declinaron el nombramiento.
Sobre la posibilidad de convocar una mesa de diálogo, el partido Frente Amplio (izquierda moderada) ha invitado a las distintas fuerzas sociales a apoyar una agenda que tiene la justicia económica y tributaria como ejes centrales y a no abandonar la plaza. Los próximos días serán decisivos para el futuro del pequeño país centroamericano.