Se los dijo claro la funcionaria gringa –de origen nicaragüense-, Sophia Lacayo, quien parece conocer bien a los corruptos opositores pinoleros: con los 19 millones de dólares que se repartieron en vez de entregarlos a sus verdaderos destinatarios, se dieron la gran vida hospedándose en hoteles, viajando, vacacionando y atracándose con costosas comidas y manjares.
“Imagino es muy rico andar viajando por el mundo, alojarse en hoteles de primera, comer bien, estar bebiendo en supuestas reuniones para acabar con la dictadura sandinista, negociando con el propio régimen a espaldas del pueblo, recibiendo prebendas de algunos miembros del sector empresarial para beneficiarse en lo personal, sin verdaderamente lograr el objetivo”, les dijo Lacayo a finales de mayo pasado.
Y efectivamente es lo que han hecho con el botín que robaron al gobierno gringo o más bien a los contribuyentes norteamericanos. El año pasado el FUNIDES se inventó un taller en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, (sí, son jesuitas), y hacia allá viajó un numeroso grupo de la oposición a gastarse parte de los dólares que el gobierno de Donald Trump les había dado para asistir a los antisandinistas dizque “oprimidos” por el gobierno.
El taller se denominó “Justicia Transicional y el Proceso de Negociación en Nicaragua”, y participaron durante dos días -21 y 22 de marzo de 2019-, 18 elementos de la oposición golpista, que aparte de pasear, alimentaban sus ansias de venganza en contra del sandinismo.
La “justicia transicional” no es otra cosa que un conjunto de medidas judiciales y políticas que buscan castigo para violaciones masivas de derechos humanos, es decir, parte del guion que el gobierno norteamericano entregó a la oposición de Nicaragua como excusa para borrar al sandinismo de la faz de la tierra.
Más claro: el grupo que viajó a Bogotá en marzo del año pasado, todavía albergaba la esperanza de botar a corto plazo al presidente Daniel Ortega, y desquitarse de la derrota que el pueblo les infligió en 2018, cuando fracasó el intento de golpe de Estado.
La tal “justicia transicional” es un invento del criminal imperio gringo en los años 80-90 del siglo pasado, con el objetivo de dar el golpe de gracia a los líderes y seguidores de los gobiernos revolucionarios y progresistas que sucumbieron durante el derrumbe del campo socialista.
En Nicaragua fracasaron en su aplicación, gracias a que el pueblo sandinista continuó organizado en torno a los pocos dirigentes que no abandonaron la lucha ni se congraciaron con las clases dominantes que retomaron el poder tras la derrota electoral de 1990.
¿Qué aprendieron los opositores golpistas en el taller de la Javeriana, donde en dos días se gastaron más de 21 mil dólares, sin incluir los viáticos no reportados oficialmente ni los aranceles de la universidad bogotana?
Les enseñaron la forma teórica de aplicar sus viejos sueños: Desmantelar las conquistas del gobierno actual mediante estrategias judiciales y no judiciales, tales como la persecución del sandinismo, al que tachan de criminal; creación de comisiones de la verdad y otras formas de investigación.
Además: reparación a las presuntas víctimas de los daños causados (ya sabemos cómo reparan los opositores); y reforma (destrucción) de instituciones como la Policía y el Ejército, que es lo que prometieron desde que empezaron a asesinar agentes del orden durante el sangriento y fracasado golpe de Estado.
Ya el gobierno de Donald Trump les hizo un adelanto sancionando a los altos mandos del Ejército, de la Policía Nacional y de otras instituciones del Estado.
Estos son algunos de los documentos en poder de Nicaleaks:
¿Se imagina alguien a los señorones y señoronas Sacasa, Fiallos, Caldera, Lacayo, Baltodano y demás miembros de la claque burguesa de los gringos con viáticos de 50 dólares diarios? Ni para la comida de sus chocoyos.