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San Salvador.- La investigación abierta por la Fiscalía salvadoreña contra la empresa ALBA Petróleos podría tener un trasfondo político, aseguró a Sputnik la abogada Carla Albanés, quien defiende a la referida empresa ante las acusaciones de lavado de dinero.
«No descarto que el caso tenga un trasfondo político, recordemos que el allanamiento de las oficinas y sucursales de ALBA Petróleos ocurrieron el 31 de mayo pasado, último día del gobierno anterior», respondió Albanés a una pregunta de Sputnik ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en esta capital.
Albanés es parte de un equipo legal que acudió al Ministerio Público para presentar sus credenciales como representantes de ALBA Petróleos, con la finalidad de demostrar «de manera contundente» que no existe el supuesto ilícito de lavado de dinero.
La letrada precisó que justamente con la documentación decomisada por la FGR en los recientes allanamientos quedará demostrada la inocencia de la empresa de los delitos que se le achacan desde hace años, los cuales definió como «leyendas urbanas».
ALBA Petróleos El Salvador, fruto del proyecto de integración energética Petrocaribe, comercializa en este país el combustible de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y destina a proyectos de impacto social 1% de cada venta.
«Aquí surgen muchas situaciones e inquietudes, muchas leyendas: hay una relación con Venezuela que no podemos obviar, existen convenios firmados y lo demostraremos, ya sea en sedes administrativas o fiscales», agregó Albanés.
La vocera del equipo legal señaló que el proceso contra ALBA Petróleos tiene impacto laboral, la empresa ha sido desacreditada a nivel nacional e internacional y eso afecta las relaciones comerciales, por eso demandó que cese la persecución.
«ALBA Petróleos no se van a cerrar, siguen funcionando, tiene solvencia económica y fue auditada por la Corte de Cuentas, por ser una empresa mixta», concluyó Albanés.
Durante los allanamientos de la FGR en las oficinas centrales de ALBA Petróleos y 26 empresas asociadas, ordenados por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, fueron incautados equipos informáticos, documentación y elementos que pudieran servir a una investigación en curso por lavado de dinero.
ALBA Petróleos informó entonces en un comunicado dirigido a sus socios, beneficiarios, clientes, y pueblo en general sobre el inicio del proceso de investigación en sus oficinas administrativas, y precisó que todo transcurrió con total normalidad.
«Como empresa responsable nos hemos sometido con total disponibilidad para garantizar el ejercicio de las autoridades», señala el comunicado de la empresa investigada, que exhortó a los medios de comunicación a «mantener la línea de la verdad que garantice salvaguardar la seguridad de los trabajadores».
Este allanamiento tuvo lugar días después de que uno de los fundadores de ALBA Petróleos, el viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, fuera incluido en una lista negra de corruptos elaborada por Estados Unidos.
«Por este momento no podemos determinar de qué cantidad de dinero estamos hablando y a quién pertenece, sino, que las mismas investigaciones nos van a llevar a esclarecer la situación», declaró el fiscal Germán Arriaza, titular de la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía.
Fundada hace 13 años, en el marco del proyecto de integración regional Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ALBA Petróleos destinaba 1% de sus ventas de combustibles a financiar programas sociales y de desarrollo local, sobre todo tras la llegada al Ejecutivo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
ALBA Petróleos ya comenzó a sufrir las consecuencias de las sanciones de Washington a PDVSA, por considerarla una empresa para financiar proyectos políticos del FMLN con fondos provenientes del erario público venezolano.