Stephen Sefton
En sus palabras dirigidas al pueblo de la Federación Rusa el 24 de febrero 2022, al inicio de la Operación Militar Especial, el presidente Vladimir Putin dijo: “Se puede decir con razón y confianza, que todo el llamado bloque occidental formado por Estados Unidos a su propia imagen y semejanza es, en su totalidad, el mismo ‘imperio de mentiras’.”
Al hablar de un “bloque occidental” el presidente Putin refiere a Estados Unidos, sus países satélites de la OTAN y otros países vasallos como Australia, Japón y Corea del Sur. Sin embargo, lógicamente, la sombra de la enorme maquinaria de guerra psicológica desplegado por el imperio de mentiras occidental influye muchísimo en sus zonas de influencia, especialmente en América Latina y el Caribe.
Es esencial entender que el concepto de un ‘imperio de mentiras’ cubre no solamente las declaraciones gubernamentales y prácticamente toda la producción de los medios de comunicación del Occidente, sino también la gran mayoría de la producción intelectual académica y casi toda la actividad del sector mal llamado no gubernamental.
El esfuerzo principal de esta extensa y omnipresente maquinaria de desinformación y control psicológica es el de imponer una versión falsa de la verdad, haciendo todo lo posible para suprimir la opinión informada contradictoria, el material contrario audiovisual o de testimonio presencial irrefutable y la documentación textual inconveniente. Ha llegado al punto en que quizás es justo decir que ni la opinión pública es el principal objeto de esta ofensiva, porque ya no les interesa a las élites gobernantes del Occidente convencer a sus poblaciones.
Desde hace mucho tiempo ahora, se trata de imponer un simulacro falso de la verdad a lo cual, en efecto, es prohibido criticar o cuestionar. El mandamiento central de este simulacro falso de la verdad es que de manera incuestionable las sociedades norteamericanas y europeas son moralmente y culturalmente superiores a todas las demás.
En 1945, en Núremberg, los poderes occidentales juzgaron justamente a los criminales alemanes y japoneses por haber cometido atroces crímenes de lesa humanidad. Pero los crímenes de la Alemania nazi y del Japón imperial no eran diferentes a los que Estados Unidos y sus aliados habían cometido durante siglos contra sus propios pueblos originarios y contra los pueblos del mundo mayoritario.
Las élites gobernantes occidentales, aun después de haber usado bombas atómicas contra cientos de miles de civiles en Hiroshima y Nagasaki, utilizaron los juicios de Núremberg como su coartada para reclamar una absoluta superioridad moral global y desde entonces han pretendido que ellas y solo ellas, o sus delegados, tienen derecho a emitir juicios sobre los derechos humanos.
Por más de 60 años, Occidente ha mantenido una especie de hechizo imaginario que sostuvo la burda mentira de su superioridad moral, a pesar de sus innumerables intervenciones criminales menores alrededor del mundo y sus horrorosos crímenes masivos en Corea, en Argelia y Vietnam, luego en Serbia, Afganistán e Irak, y después en Libia y Siria.
Ahora combaten en Ucrania contra Rusia, provocan a China sobre la provincia china de Taiwán, y apoyan al genocida régimen sionista en su enfrentamiento existencial en Palestina contra el Eje de Resistencia liderado por Irán. De igual manera que en esta nueva configuración de poder las élites occidentales ya no pueden sostener como antes su poder económico y su poder político-militar, tampoco pueden justificar su inexistente superioridad moral en relación a los derechos humanos.
El destacado académico y comentarista noruego, Glenn Diesen, ha comentado: “En Occidente, y más allá, los grupos de presión que operan bajo la bandera de ‘organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ‘ (ONG) se han convertido en actores clave en la difusión de propaganda de guerra, la intimidación de académicos y la corrupción de la sociedad civil.
“Estos equipos actúan como guardianes que determinan qué voces deben elevarse y cuáles deben censurarse y cancelarse… El aspecto «no gubernamental» de las ONG es fraudulento, ya que están financiadas casi en su totalidad por los Estados y cuentan con personal relacionado con la comunidad de inteligencia”. En nuestros países, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, el acertado análisis de Glenn Diesen no es noticia nueva. Nuestras autoridades lo han advertido durante décadas y lo han condenado repetidamente en los foros internacionales.
Hay que notar que aun cuando el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas reporta la verdad, sus reportes están suprimidos por los gobiernos occidentales, sus medios de comunicación y sus ONG, a la vez que éstos se esfuerzan tanto para difundir sus propias falsas narrativas. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo la señora Alena Douhan, reportera especial de la ONU sobre las medidas coercitivas unilaterales, visitó a China para reportar sobre medidas coercitivas aplicadas a China en base a falsas acusaciones de maltrato del pueblo Uighur, de la región autónoma de Xinjiang, en China.
Alena Douhan reportó que las medidas coercitivas aplicadas con China por motivo de las falsas acusaciones de abusos de los derechos humanos de la etnia Uighur, de hecho, perjudicaron al derecho al desarrollo de esa misma población. El informe constó que las medidas coercitivas occidentales aumentaron el desempleo, socavaron el desarrollo humano y por ende intensificaron los riesgos de mayor pobreza.
La apertura del gobierno chino a recibir y trabajar con la señora Alena Douhan, contrasta fuertemente con el rechazo del régimen sionista en Israel de permitir la visita a Israel y la Palestina Ocupada de la reportera especial de la ONU, Francesca Albanese, en mayo este año. Pero, igual que el informe de Alena Douhan en relación a Xinjiang, las noticias sobre la decisión del gobierno israelí de bloquear la visita de Francesca Albanese fueron sistemáticamente suprimidas por el enorme aparato de control de información occidental.
Desde hace tiempo, esta efectiva censura occidental de la verdad de los temas de derechos humanos y de versiones contrarias a las falsas narrativas promovidas por Estados Unidos y sus países satélites, han provocado una robusta reacción de parte de los países más poderosos del mundo mayoritario.
En respuesta a la supresión en el Occidente de medios rusos como RT y Sputnik, las autoridades rusas han censurado plataformas del aparato de guerra psicológica occidental como Facebook e Instagram. En marzo de 2022, el Tribunal del Distrito Tverskói de Moscú, designó a la empresa Meta Platforms Inc., que controla Facebook e Instagram, como una entidad extremista y prohibió sus actividades en Rusia.
Por su parte, las autoridades de la República Popular China durante varios años han publicado informes para evaluar los derechos humanos en los Estados Unidos. En marzo este año, las autoridades chinas publicaron el informe «Libertad de Expresión en Estados Unidos – la Verdad y los Hechos”. El informe denunció la represión y censura aplicada en Estados Unidos contra su propio pueblo, la difusión de información falsa y la manipulación de la opinión pública.
También denunció cómo las autoridades estadounidenses abusan de “la libertad de expresión y sus medios para justificar la injerencia en otros países para interferir en los asuntos internos y para subvertir sus gobiernos.” Luego, al fin de mayo de este año, las autoridades del Consejo del Estado de la República Popular China publicaron su más reciente informe sobre las Violaciones de Derechos Humanos en los EEUU en 2023.
El informe critica la erosión de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos, el daño profundamente arraigado del racismo, la creciente desigualdad económica y social, la violación continua de los derechos de las mujeres y los niños, la desgarradora situación de los inmigrantes indocumentados y la crisis humanitaria creada por la hegemonía estadounidense. También comenta sobre la abominación del centro de torturas en la base militar estadounidense en Guantánamo.
El compañero Chang Jian, director del Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad Nankai en Tianjin, quien aportó a la redacción del informe, comentó que, en Estados Unidos, «El disfrute de los derechos humanos es un privilegio reservado solo a unos pocos que ejercen el poder político, económico y social. Mientras tanto, los derechos de la mayoría han sido marginados».
El día 14 de junio pasado, el presidente Vladimir Putin comentó en una reunión con altos oficiales de la Cancillería rusa que “ya están en marcha discusiones en relación a los parámetros de la interacción entre los Estados en un mundo multipolar y la democratización del sistema entero de las relaciones internacionales.” Sin duda las discusiones abordarán lo que Glenn Diesen y otros especialistas en la materia, como el antiguo reportero especial de la ONU Alfred de Zayas, han identificado como la corrupción por motivos políticos del trabajo de las ONGs de derechos humanos y las instituciones de las Naciones Unidas.
También ha sido notorio como la Corte Penal Internacional (CPI), se ha sometido desde su fundación en 2002 a los imperativos de la política externa de Estados Unidos y sus aliados. Fue el caso llevado por Sudáfrica contra Israel por su genocidio en Palestina ante la Corte Internacional de Justicia que forzó a la CPI a tomar acción contra el presidente Netanyahu y sus cómplices.
El sistema de derecho internacional no ha podido proteger el pueblo palestino del genocidio sionista y tampoco protegió a la población rusoparlante de Ucrania contra las masivas violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen de simpatizantes nazis de Kiev. En marzo de 2022, la Cámara Cívica de la Federación Rusa estableció el Tribunal Internacional Público sobre Ucrania.
El objetivo del Tribunal es de “recoger datos para demostrar la comisión de crímenes de guerra por el régimen de Kiev, su discriminación contra sus propios ciudadanos y la persecución por motivos de idioma, nacionalidad e ideología.” El Tribunal reportará sus conclusiones al Comité de Investigación de la Federación Rusa, equivalente al Ministerio Público en Nicaragua, y a nivel internacional las reportará al CPI.
Así que es muy probable que el sistema internacional de derechos humanos, del que tanto se ha abusado por Estados Unidos y sus aliados europeos, enfrentará próximamente dos serias pruebas. Primero, el juicio en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por su genocidio en Palestina, que pone en juego sí o no la Corte Internacional de Justicia merece la confianza del mundo mayoritario. Una exoneración al régimen sionista israelí señalará el efectivo y vergonzoso final del sistema de derecho internacional vigente.
De manera igual, habría que ver si el sistema del derecho internacional vigente puede sobrevivir al choque entre las descaradas acusaciones falsas contra Rusia, basado en montajes como la siniestra farsa en Bucha en 2022, y las sentencias basadas en el debido proceso del sistema de justicia de la Federación Rusa que saldrán del trabajo del Tribunal Internacional Público sobre Ucrania.
En América Latina, son Cuba, Nicaragua y Venezuela los que han sido blancos preferidos de las infames campañas de difamación y calumnia de las organizaciones de derechos humanos regionales, todas financiadas por fuentes de Estados Unidos y sus países satélites. Es poco conocido que los mal llamados ‘grupos de expertos’ de la ONU tienen que buscar de manera independiente cómo financiar su trabajo.
Así que, sus coordinadores aprovechan el financiamiento del aparato occidental de desinformación y guerra psicológica para poder trabajar con el secretariado permanente, notoriamente sesgado en los informes que presenta al Consejo de Derechos Humanos, afirmando con un descaro verdaderamente asombroso que son independientes.
Peor todavía, el sistema de Naciones Unidas jamás critica la rutinaria censura en estos informes de cualquier evidencia que desmiente sus falsedades. Sin embargo, todo indica que esta corrupta industria de los derechos humanos, dominada por dinero yanqui y europeo, está llegando a su final, porque el mundo mayoritario ahora rechaza abiertamente el absurdo mito de la autoridad moral del Occidente.