Miguel Necoechea
Para nadie es noticia la resolución de la OEA en la que veinticinco Estados de América Latina declararon ilegitimo el reciente proceso electoral de Nicaragua. Las elecciones se llevaron a cabo en el más estricto cumplimiento de lo dispuesto al respecto en la Constitución Política del país, que manda los procesos electorales, enmarcadas y organizadas en el marco jurídico que rige al Consejo Supremo Electoral. No existen los elementos jurídicos, ni políticos para calificarlas de ilegitimas o ilegales.
Para los veinticinco Estados de la OEA que votaron por esa falacia, preparada por el Presidente del Consejo General de la OEA, José Almagro, utilizando el informe lleno de falsedades de la CIDH (probablemente la señora Antonia Urrejola no fue reelecta en su cargo por ser una pieza desechable para Almagro), las elecciones fueron ilegítimas porque los opositores golpistas, que según la encuestadora tica Cid Gallup, hubieran ganado, no pudieron participar en el proceso por estar presos.
El lenguaje que se ha utilizado es revelador en lo que al juego de palabras y conceptos manejan: primero eran opositores, después aspirantes a la presidencia, después precandidatos y terminaron siendo candidatos presos. Esto ha facilitado llamarlos presos políticos, cuando en realidad son presos del orden común.
Estos señores y señoras que violaron sin recato las leyes 1055, 1040, y otras, sabían perfectamente que no ganarían las elecciones, primeramente porque ninguno de ellos estaba dispuesto a renunciar a su pretensión de ser presidente, y, seguidamente, no contaban cada uno de ellos con el suficiente apoyo de la ciudadanía para lograr la mayoría de votos. Cid Gallup en su falaz encuesta publicó el número de votos que cada uno de los reos hubiera obtenido en la contienda, pero lo que no dice es como se hubieran repartido los votos si todos ellos hubieran participado como candidatos individuales en las elecciones.
La realidad es que ninguno de los siete, a quienes los medios de comunicación de derecha bautizaron como precandidatos, estaba dispuesto a ceder su lugar en favor del que, o de la que, tuviera más posibilidades de obtener más votos. No es descabellado pensar que ellos mismos fueron víctimas de las mentiras que publicó Cid Gallup creyendo que eran triunfadores.
En un artículo publicado en México por Chamorro Barrios, el menor de los hermanos de marras, instaba a los opositores golpistas a unirse alrededor de un solo candidato (su hermana por supuesto), a dejar de lado sus intereses personales, ya que, si no lo hacían, no ganarían las elecciones. Es importante recordar esto porque la atomización de las fuerzas opositoras era una realidad, que según lo escrito por el periodista, era infranqueable e irresoluble.
De tal manera que los líderes de la oposición que financió, operó y ejecutó el intento de golpe de estado de abril de 2018, desde entonces ya se veían, cada uno así mismo, como futuro presidente de la República. El movimiento opositor era y es un movimiento fragmentado, sin programa político, sin ideología, entregado a la voluntad de lo que les ordene el imperialismo, a pesar de que ellos dicen que su movimiento es legítimo y puro y que solo quieren que EEUU los apoye, incluso si es necesario que invada el país para “liberarlo” de la tiranía.
Pero su debilidad por falta del verdadero apoyo del pueblo llano es tan clara que no resistió el embate de la militancia del FSLN. Y si no hubieran repartido millones de dólares a las bandas terroristas de lumpen desarraigado las ONG, el ex MRS, y otros, todos financiados por Cristiana Chamorro con dinero de USAID, NED y demás agencias del gobierno norteamericano, el intento de golpe se hubiera sofocado en pocos días.
Ante su fracaso, ahora se quieren curar en salud exagerando lo que sucede fuera de Nicaragua. Es la única posibilidad que les queda para decir que siguen vivos y actuando. Pero la situación no les es muy favorable. Existen dudas en el seno de la OEA respecto de la suspensión de Nicaragua a través de la carta democrática. Una cosa es la resolución en la Asamblea y otra es la voluntad real de los Estados para adoptar la suspensión.
No olvidemos que en la reunión de la CELAC en México el pasado julio, las críticas a la abyección de Almagro ante sus dueños, el gobierno de Estados Unidos y algunos Estados abiertamente pro imperialistas, fueron severas a tal extremo que en esa reunión se planteó de manera oficial reformar a la OEA en base a los preceptos de CELAC o, de plano crear un nuevo organismo que excluya a EEUU y Canadá.
En síntesis, la OEA no las tiene todas consigo, agregándole a esto el desprestigio que arrastra y, que la hegemonía del imperio norteamericano, no es la misma que hace treinta años. Rusia y China pesan mucho en la política internacional y Biden medirá bien sus acciones en contra de Nicaragua.
Y esto nos lleva a la reciente firma del presidente de EEUU de la ley Renacer. La firma de él era lo único que faltaba para que entrara en vigor. Sin embargo, según los analistas, se están suscitando discusiones serias en el seno de la administración Biden que cuestionan la efectividad de las duras medidas a efectuar, ya que, afirman algunos asesores, debe valorarse el impacto que tendrán las medidas, sobre todo como afectarán al pueblo de Nicaragua.
Les preocupa mucho que el ahorcamiento de la económica nicaragüense provoque grandes flujos de inmigrantes, particularmente a Costa Rica, que ha manifestado soterradamente que no quiere más nicaragüenses en su territorio, lo que llevaría a los emigrantes a dirigirse hacia el norte, que ya es un problema fundamental para Biden.
En consecuencia, debemos analizar, no la retórica política, sino la verdadera posición política de EEUU., ante la expulsión de Nicaragua del Cafta. Aparte de los problemas de orden jurídico para expulsar a un miembro fundador, la discusión que llevan a cabo se centra en qué impacto económico real tendrá, no solo en los empresarios, sino también sobre la enorme pérdida de empleos que dependen del Cafta.
Además, no vislumbran ningún impacto político real adoptando la medida para debilitar al gobierno revolucionario del FSLN, más bien lo que prevalece es el temor una vez más que esta medida solo incrementará la necesidad del ciudadano de abandonar el país.
Analizan también que pese a la dureza y violencia de sus políticas injerencistas en Cuba y Venezuela, los gobiernos de ambos países siguen estando en pie, por lo que, si para ellos, nos referimos a los yanquis, las medidas contra Venezuela y Cuba no han logrado defenestrar a esos gobiernos, y, siendo para ellos en su simplismo pragmático Maduro, Díaz Cannel y Ortega lo mismo, no tienen ninguna certeza que el “régimen orteguista”, como le llaman ellos, caiga.
Pero no por lo expuesto en párrafos anteriores creamos que los sectores duros, ultraderechistas, pro-fascistas, en el que debemos incluir a los líderes de la oposición golpista nicaragüense, combaten las posiciones “débiles” de algunos de los analistas; ellos reclaman una posición muy dura con respecto al presidente Ortega, y exigen aplicar todo tipo de presiones económicas e influir en los bancos regionales y transnacionales para que no continúen prestando dinero al gobierno de Nicaragua.
La apuesta de este sector es ahogar económicamente a Nicaragua, sin importar el efecto devastador que esto pueda tener sobre el pueblo trabajador nicaragüense. Su obsesión es “sacar a la pareja Ortega Murillo”, no solo de la presidencia y vicepresidencia, sino del país, para instaurar de nuevo… ¿qué? Hasta el día de hoy no lo han dicho.
Solo esbozan que su gobierno sería democrático, cosa que ya lo es; pletórico de libertad, más de la que ya hay, no hay más; de irrestricto respeto a la libre expresión y a los derechos humanos, el respeto a ambos derechos es parte del día a día en la vida de Nicaragua, pero, también, como en todos los países del orbe, la violación a las leyes de cada nación no es permitida y es sancionada con cárcel.
Los analistas a los que nos hemos referido apuntan que el presidente Ortega guarda bajo la manga de su chaqueta una carta que utilizará para negociar y, esta, es la posible excarcelación de algunos de los reos sujetos a proceso. Además, afirman que si bien seguirá siendo un “Estado policial”, que es lo que sustenta al “régimen”, la carta de los “presos políticos” la va a utilizar (su puesta en libertad) para que la comunidad internacional quede un poco más tranquila para que, por lo pronto, se olviden de Nicaragua.