Granma
Policías asesinos; agentes que hacen uso desmedido de la fuerza no letal, de las detenciones, los arrestos arbitrarios y el acoso contra las minorías étnicas; patrullas fronterizas que maltratan a niños, mujeres y adolescentes; las cárceles más abarrotadas del mundo con más de 2,3 millones de personas; violaciones de la libertad condicional o bajo fianza, son algunas de las recetas de derechos humanos que se fabrican en Estados Unidos.
Según un comentario de The New York Times del pasado 18 de abril, desde el inicio del juicio por el asesinato del afroamericano George Floyd, el 29 de marzo, se habían registrado nuevos casos de víctimas fatales por la acción de la policía en EE. UU., y en un solo día se conocieron tres a manos de las autoridades de la ley, incluido un niño inmigrante de 13 años, muerto por disparos de un oficial de Chicago.
Un estudio reciente sobre la violencia policial en EE. UU. reveló que, entre 2017 y septiembre de 2020, el número de personas muertas por disparos a manos de la policía ascendía a 2 164, sin contar centenares de víctimas sin el uso de armas de fuego, como el caso de Floyd, quien murió asfixiado. Otros han sido asesinados mediante golpes al vehículo en que transitaba, el empleo de cuchillos y otros procedimientos policiales.
BBC News reflejó la indignación creada en EE. UU. por la muerte de un latino al que la policía inmovilizó boca abajo durante cinco minutos. El asesinato de Mario Arenales González, de 26 años de edad, ocurrió el 19 de abril, un día antes de que Dereck Chauvin fuera condenado por matar a Floyd.
Esa propia fuente británica informaba que los números muestran que la violencia policial en la nación norteamericana es un «problema de salud pública», por la cantidad de casos y las consecuencias que generan.
Los análisis señalan que la violencia en los encuentros entre policías y civiles no solo tiene efectos en las muertes o heridas, sino en trastornos que perduran a lo largo del tiempo y que impactan a comunidades enteras.
Mientras la Asociación Estadounidense de Salud Pública coincidió en que la violencia sistemática por parte de la policía, «da como resultado muertes, lesiones, traumas y estrés que afectan desproporcionadamente a las poblaciones marginadas», fundamentalmente los afroamericanos y latinos.
En Estados Unidos «cada año mueren más de mil personas por la acción –justificada o no- de la policía», según la base de datos del diario The Washington Post, y solo en 2018 más de 85,000 personas sufrieron heridas en intervenciones de la fuerza pública, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CPE).
Un experto de Bowling Green State University reveló, recientemente, que entre 2005 y 2017, en alrededor de mil ocasiones al año, un agente disparó y mató a alguien en Estados Unidos, pero solo 29 agentes policiales fueron condenados por asesinato u homicidio involuntario.
El denominado Informe Mundial 2021 de la organización estadounidense Human Rights Watch, recoge que los asesinatos de Floyd y Breonna Taylor, y los disparos contra Jacob Blake, provocaron protestas masivas para reivindicar la rendición de cuentas policial, la reducción del alcance y el poder de la policía, la eliminación de multas y tarifas judiciales exorbitantes y mayor inversión en las comunidades negras.
Apunta el documento que «en lugar de abordar los problemas de pobreza o salud que contribuyen a la delincuencia, muchas jurisdicciones de EE. UU. insistieron en una vigilancia policial agresiva en comunidades pobres y minoritarias, alimentando un círculo vicioso de encarcelamiento y violencia policial».