Izquierda Rebelde
A dos años del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la corriente socialista y revolucionaria del FMLN presenta el siguiente balance sobre los aspectos políticos, sociales y económicos.
Balance político
Los dos años de gobierno de Bukele representan un retroceso peligroso en cuanto a la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. El Gobierno, de vocación claramente dictatorial, se ha colocado en la ilegalidad tras violar continuamente la Constitución y las leyes.
Los hechos más graves han sido el Golpe de Estado Fallido contra la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020, y los recientes golpes a la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, instituciones controladas ilegalmente por el presidente Bukele.
Estamos ante un gobierno mediocre, del que han renunciado o han sido despedidos 19 altos funcionarios, muchos de ellos con serios indicios de corrupción. El clan gobernante acumula poder político, pero no para el bien del pueblo, sino para acrecentar sus riquezas. Además, lo ha hecho violando la Constitución y las leyes. El Gobierno tomó el control del Instituto de Acceso a la Información Pública, restringiendo el acceso a cualquier ciudadano a información básica y oficiosa, lo que le permite tapar la corrupción.
El Gobierno también institucionalizó la corrupción y le da inmunidad a todo su grupo con la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, que le legaliza las compras amañadas realizadas durante la pandemia, otorgando inmunidad a todas las personas e identidades que hacen negocios con el Ministerio de Salud, dejándolas sin ninguna responsabilidad civil y penal ante cualquier señalamiento.
Dicha ley incluso le otorga a las empresas contratadas la facultad de embargar bienes del Estado por incumplimiento contractuales. El presidente Bukele dice que ha mejorado la seguridad pública, pero es evidente que no tiene planes para combatir la delincuencia y ha manipulado y escondido datos, lo cual se comprueba con los sucesos de Chalchuapa, el abandono debido a la delincuencia de la población de algunos cantones de Panchimalco y el incremento de quejas de personas por las extorsiones.
El presidente Bukele ha empujado a las instituciones armadas a violar la Constitución y a amenazar y reprimir a la población. Pero en un país como el nuestro, donde el pueblo derrotó a la dictadura militar, cerrar espacios políticos, amenazar y perseguir a opositores, solo podría conducir a la confrontación permanente y al desgaste paulatino del régimen.
Su gobierno está empujando al país a una crisis institucional y una confrontación política que no podrá detener con el uso de la fuerza pública, como no fue posible detener la lucha popular contra la dictadura militar que el pueblo terminó derrotando con su heroica lucha y los Acuerdos de Paz de 1992.
En política exterior, el balance del Gobierno es pésimo. Bukele rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y reconoció a un diputado de ultraderecha como presidente de ese país, no condenó el Golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, de Bolivia. También ataca continuamente al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y ofendió a los presidentes de México, Costa Rica y Honduras, a las delegaciones diplomáticas y a otros sectores de la comunidad internacional.
El presidente Bukele se ha sostenido con la mentira y la manipulación constante de una franja importante de la opinión pública. Y junto a la mentira utiliza la calumnia contra sus opositores con una naturalidad pasmosa.
El Gobierno tiene como blanco fundamental a la izquierda y todas sus expresiones organizativas, además de todo aquel que se oponga y opine diferente a sus pretensiones. Por tal razón, se ha propuesto “investigar” a las ONG buscando perseguir y encarcelar a sus dirigentes con el objetivo de ir terminando con voces que tienen incidencia en la población.
El presidente Bukele exhibe su talante de dictador y se jacta de violar el marco constitucional, porque se siente respaldado por las armas y por un sector de la oligarquía. Pero la concentración ilegal de poder que está logrando no garantiza estabilidad sino un incremento de la lucha de clases. Las dictaduras militares no pudieron impedir que el pueblo se rebelara y terminara liquidándola.
Deterioro social
El año 2020 comenzó con el cierre de 13 programas sociales y económicos que beneficiaban a la población de bajos recursos, con una crisis de agua en el área metropolitana y el inició del desmantelamiento de la reforma de salud, tras el cierre de 16 ECOSf, la no apertura de la Operación Milagros, el despido del personal encargado de las estrategias del control de zancudo y el recorte presupuestario de 33.5 millones al primer nivel de atención de salud.
En marzo de 2020, tras la llegada del COVID-19, la crisis sanitaria golpeó duramente la salud, la educación y los demás ámbitos de la vida social y económica del país. Casi 74,000 personas han contraído la enfermedad, que les ha cobrado la vida a 2,249 personas, sin contar los casos no registrados por el Ministerio de Salud.
Además, la crisis sanitaria tiende a agudizarse, tanto por las muertes por COVID, que aumentaron de un promedio de 140 personas por mes en 2020 a 180 en lo que va de 2021, como por el aumento de enfermedades prevenibles.
El sistema educativo ha tenido un fuerte retroceso, tras el cierre del programa de alfabetización y del proyecto de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, la educación virtual y la deserción de la mitad de la matrícula estudiantil en 2020. También se han agudizado los problemas de agua, saneamiento, vivienda y medio ambiente.
La población trabajadora ha sido golpeada por la pérdida de miles de puestos de trabajo, el incremento de los precios en un marco de congelamiento salarial, y la acefalía de 400 sindicatos a los cuales el ministro del Trabajo les niega las credenciales.
El gobierno le cerró a la juventud los programas de Apoyo Temporal al Ingreso y Jóvenes con Todo. A la población adulta mayor le suprimió el programa Nuestros Mayores Derechos, de apoyo en nutrición y salud, y el año pasado no le dio la pensión de 50 dólares mensuales.
Estos dos años de gobierno han sido muy negativos para las mujeres, los niños y las niñas. Miles de mujeres perdieron el empleo tras el quiebre de miles de micro y pequeñas empresas. El Gobierno cerró el programa atendiendo la salud de la mujer, hogares de espera materna y unidades de atención a la mujer en algunas instituciones públicas.
A su vez, la carga familiar se incrementó tras la pandemia y la educación virtual, en un marco de reducción del ingreso familiar, por la pérdida de empleos y la supresión del programa de alimentación escolar.
Otros sectores afectados han sido los veteranos y veteranas de guerra y la población discapacitada, El año pasado Bukele, que retrasó el pago de pensiones, debe un aumento de la pensión por discapacidad y el año pasado no le dio becas a los hijos e hijas de los veteranos.
Las familias campesinas han sido muy golpeadas por el gobierno, que cerró los programas de agricultura familiar, acuicultura familiar, desarrollo rural y desarrollo comunitario.
Los 440,000 productores y productoras de granos básicos están teniendo pérdidas y enfrentan una competencia fuerte de importaciones de alimentos, que para abril de este año habían crecido 21 por ciento. La pobreza, que entre 2008 y 2018 había disminuido del 40% al 26% de los hogares, para 2020 subió a 40%. El retroceso es de 12 años.
Deterioro económico
Desde que inició el Gobierno de Nayib Bukele, la economía comenzó a tener problemas, los cuales se agravaron en 2020 debido a la Emergencia por el COVID-19, a la crisis internacional que afectó al país y a malas decisiones del Gobierno, como la retención de fondos a las alcaldías, el fomento a las importaciones en detrimento de la producción nacional, entre otras. A eso se le sumó la corrupción pública, que afectó aún más los índices económicos y sociales.
Lo primero que hizo el Gobierno de Bukele, en 2019, fue despedir a 8,000 empleadas y empleados púbicas, incluyendo mujeres embarazadas y personas con discapacidad, y reducir el consumo público en -0.07%. Ello provocó una baja de la demanda que afectó a las empresas, cuyas ventas e inversiones perdieron dinamismo. El año 2019 cerró con un crecimiento económico de 2.3%, menor al 2.5% de 2018.
La producción nacional de bienes y servicios cayó -7.9%; todos los sectores económicos registraron descenso, las exportaciones bajaron -15%, alrededor de 36,000 personas perdieron el empleo en empresas formales, 135,000 perdieron su empleo en micros y pequeñas empresas informales, cientos de miles de trabajadores por cuenta propia bajaron sus ingresos y las familias campesinas sufrieron pérdidas de sus cosechas.
Mientras la economía se derrumbaba y las condiciones de vida del pueblo se deterioraban, el gobierno manejó 8,064 millones de dólares provenientes sobre todo de tributos y deuda pública, una cifra sin precedentes en la historia del país. Pero buena parte de ese dinero engrosó la corrupción pública, pues el ministro de Hacienda se negó a rendirle informes a la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas cuestiona el gasto de 1,000 millones que carecen de soporte contable.
Este año la economía mantiene un rumbo negativo. Todo se ha puesto caro, desde los alimentos, hasta los combustibles, la energía y los materiales de construcción. El desempleo no aminora y las empresas no amplían sus inversiones, pues hasta abril el crédito a las empresas se mantenía estancado.
Lo único que aumenta en el país es la deuda pública, que pasó de 19,808 millones de dólares en diciembre de 2019 a 23,215 millones en abril de 2021, que equivalen al 93% del PIB. Y pese a ello, la bancada bukelista en la Asamblea sigue aprobando endeudamientos millonarios, sin saber ni en qué proyectos se invertirán los recursos.
El Gobierno encamina las finanzas públicas a un colapso, pues la deuda crece en medio de una corrupción espantosa y una economía en crisis. Y si negocia con el Fondo Monetario Internacional un nuevo préstamo a cambio de impuestos al pueblo, más despidos y más recorte de gastos sociales, la vida se pondrá más dura para la mayoría y más holgada para los millonarios, sobre todo los que giran alrededor del clan Bukele.
Pero ese proceso de concentración del ingreso y la riqueza en una minoría opulenta, terminará siendo el caldo de cultivo para un despertar popular. Tarde o temprano estallará la contradicción entre lo que el pueblo espera del gobierno y lo que el gobierno hará por el pueblo, que no es nada bueno, dada su naturaleza corrupta, dictatorial y proempresarial.