Marcos Teruggi
Caracas fue testigo este 10 de marzo de una movilización convocada por Juan Guaidó y otra por el chavismo. Lo que debía ser una acción contundente opositora no logró impacto y dejó ver de manera clara la división en las filas de la oposición, un elemento que obliga a la estrategia norteamericana a acelerar los tiempos.
La derecha venezolana enfrenta una crisis sostenida en la capacidad de movilización de su base social. Las últimas acciones han sido expresión de ese cuadro de poca fuerza que no logra ser disimulado.
El 10 de marzo debía ser el día para revertir esa tendencia. La convocatoria a la movilización, encabezada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, duró tres semanas y la promesa era mayor a las veces anteriores: esta vez se trataba de llegar a la Asamblea Nacional (AN), en el centro de Caracas, corazón del poder político nacional.
La gente se concentró en Chacao, en el este de la ciudad, zona habitual de la oposición, cerca de las 10 am, hora local. Según había anunciado Guaidó, durante esa concentración serían entregados volantes con las consignas para saber cómo movilizarse durante la jornada.
«Tenemos que llegar a la Asamblea y agarrarla con nuestro presidente Juan Guaidó», afirmó un joven desde el punto de concentración.
Sin embargo, ya desde las 9:30 de la mañana estaban instaladas las sillas cerca del punto de concentración para realizar la sesión de la AN que afirmaba presidir Guaidó. Es decir que, mientras se mantenía la expectativa de ir hasta la sede del poder legislativo y recibir instrucciones, ya el plan había sido montado: la movilización sería por unas pocas cuadras.
El resultado fue entonces, nuevamente, una desilusión para quienes acudieron al llamado de Guaidó. La movilización no logró contundencia, la sede de la AN siempre estuvo en la otra punta de la ciudad y Guaidó anunció, de forma difusa, que existirá una nueva movilización el jueves 12 de marzo.
El chavismo
«No tienen capacidad de movilización, de organización, no tienen propuesta (…) es carencia de imaginación política», afirmó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quien, desde el oeste caraqueño, era parte de la movilización del chavismo.
Ya se ha vuelto costumbre que, ante un llamado a una acción de la derecha, el chavismo también convoque ese mismo día a una movilización en el centro de la ciudad. El objetivo es, en esos casos, demostrar que existe un Gobierno y una fuerza política y social en las calles movilizada en defensa de la Revolución bolivariana.
Esta vez no fue la excepción y las diferentes estructuras del chavismo estuvieron en el centro de Caracas en una nueva demostración de fuerzas.
«Las horas que vienen van a ser decisivas (…) hay que estar pendientes porque tienen pensado en una agenda de violencia en el país», afirmó Tania Díaz, vicepresidenta de propaganda, acción y movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La agenda oculta
El 7 de marzo ocurrió un hecho de impacto nacional: el incendio del galpón principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) que provocó una columna de humo negro visible desde gran parte de la ciudad.
En el acto fueron incendiadas 49.000 máquinas de votación, entre otros instrumentos del Poder Electoral. El acto fue reivindicado por el Frente Patriota Venezolano, un grupo armado que difundió un vídeo en el cual se atribuyeron la autoría del acto que Llamaron Operación Sodoma, declararon objetivos militares a dirigentes del proceso bolivariano y llamaron a la guerra a muerte.
Los mismos se adjudicaron el ataque ocurrido el 11 de febrero en la ciudad de Valencia a los almacenes de CANTV, empresa estatal de internet y telefonía. El nombre de esa acción fue, según anunciaron en el video, Operación Génesis.
La última aparición por vídeo de un grupo de estas características había ocurrido luego del ataque a dos cuarteles militares en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, que tuvo lugar a finales de diciembre. En esa oportunidad, surgió un grupo llamado Operación Aurora, que difundió un vídeo.
Los mensajes norteamericanos
El 7 de marzo, Donald Trump, presidente norteamericano, recibió a Jair Bolsonaro, mandatario brasileño, en una reunión donde fue especialmente abordado el caso Venezuela. Poco antes del encuentro, el Gobierno brasilero anunció el retiro de sus funcionarios diplomáticos de Venezuela.
Bolsonaro, junto a su ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, también se reunión con el jefe del Comando Sur, Craig Faller, con quien firmó acuerdos de cooperación militar.
Días antes había sido el presidente colombiano, Iván Duque, quien se había reunido con Trump, en un encuentro donde, afirmaron, abordaron el expediente Venezuela.
Así, los dos presidentes de los países limítrofes terrestres centrales de Venezuela, ambos de derecha, alineados con la estrategia norteamericana, estuvieron reunidos con Trump para abordar la situación en Venezuela. Esas reuniones fueron presentadas por la oposición golpista como la señal de que el Gobierno norteamericano se encuentra a las puertas de tomar nuevas acciones de fuerza decisivas.
El quiebre
La movilización del 10 de marzo tuvo un elemento inesperado: las declaraciones del principal dirigente del partido opositor Acción Democrática (AD), Ramos Allup, quien afirmó que participará de las próximas elecciones legislativas.
«Preparémonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, porque este año se vence el período, qué vamos a hacer, ¿nos vamos a quedar sentados?», afirmó desde la concentración.
Sus palabras ratificaron lo que era un secreto a voces: una de las fuerzas centrales que respaldó la estrategia norteamericana expresada en la figura de Guaidó, tomó la decisión de participar de las elecciones legislativas, es decir, de llegar a un acuerdo con el Gobierno para su realización.
Aunque Allup agregó que «estamos presionando también para que haya elecciones presidenciales», el mensaje fue claro y conlleva una ruptura de la hoja de ruta sostenida por Guaidó, quien afirma que las únicas elecciones deben ser presidenciales y sin Maduro en el poder.
Así, lo que iba a ser una jornada de movilización al Poder Legislativo en la siempre promesa de una escalada golpista, finalizó con una concentración en el este caraqueño, y el anuncio de participación en las elecciones legislativas por parte de Allup.
¿Qué sigue?
Existen dos tiempos políticos desarrollándose en simultáneo. Por un lado, un escenario en construcción para lograr un acuerdo amplio para las próximas elecciones legislativas. En esa hoja de ruta trabaja el Gobierno y un abanico cada vez más amplio de partidos y dirigentes de la oposición.
Ya se han dado pasos centrales en esa dirección, como, por ejemplo, la instalación el 9 de marzo, del Comité de Postulaciones Electorales para elegir el nuevo CNE, con participación de diputados del chavismo y de la oposición: el presidente será Ángel Medina, del partido Primero Justicia, y el vicepresidente Julio Chávez, del PSUV.
Por otro lado, está en marcha el tiempo del intento de derrocamiento, con Guaidó como pantalla nacional y con la conducción y el financiamiento norteamericano. Esa estrategia no ha dado resultados políticos favorables ni en el debilitamiento de Maduro ni en la legitimidad social, ya que el bloqueo económico no cuenta con aprobación mayoritaria de la sociedad.
Se trata así de dos tiempos que avanzan en simultáneo y el segundo, el golpista, necesita detener la acumulación de fuerzas del primero, el electoral. Para eso necesita llevar adelante iniciativas que logren un impacto, lo cual lleva a las hipótesis relacionadas con acciones de fuerza, como ocurrió con el incendio de galpones del CNE o los ataques a cuarteles del pasado mes de diciembre cerca de la frontera con Brasil.
Venezuela vive un 2020 bisagra donde está sobre la mesa la posibilidad de lograr un acuerdo político mayoritario que permita poner en pie un nuevo Poder Electoral y elecciones legislativas. Lograr eso sería una victoria para la estabilidad política, las claves del conflicto, y un retroceso para el plan de Estados Unidos.