Pablo Dávalos Aguilar* | cronicón.net
* El presidente Lasso planteó que cuando un trabajador era despedido de forma intempestiva tenía que ser él quien indemnizara al empresario que lo había despedido. En la misma ley retomaba el trabajo infantil y adolescente…
En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a la sociedad ecuatoriana al abismo. En ese contexto, la nueva dirigencia de la CONAIE, conducida por Leónidas Iza, adoptó un tono más radical.
A partir de la elección de Guillermo Lasso, un banquero ultraconservador y miembro numerario de la secta del Opus Dei, como presidente en el año 2021, se produjo una situación política sui géneris en el Ecuador. Lasso tenía que cohabitar con un Parlamento que, en sus dos terceras partes, era dominado por fuerzas de izquierda y de centro izquierda.
Empero, Lasso apenas se posesionó como Presidente puso el pie en el acelerador de las reformas neoliberales. En los primeros meses había avanzado de forma agresiva en su programa de privatizaciones y casi sin ninguna oposición; de hecho, había desmantelado la principal empresa de seguros del Estado, Seguros Sucre, para repartir el mercado del aseguramiento, sobre todo de la infraestructura pública, entre sus socios financieros.
Había creado, asimismo, un mercado para la comercialización de hidrocarburos que tenía en la empresa estatal Petroecuador su principal soporte, a través del incremento de los precios de los combustibles, de tal manera que se convierta en un mercado rentable para los inversionistas privados. ´
Los importadores de combustibles podían utilizar la infraestructura del Estado sin pagar un centavo por ello. Emitió varias regulaciones para crear un mercado para la distribución de la energía eléctrica en el que transfería capacidades regulatorias a las empresas privadas.
También, desde la Presidencia, pudo bloquear cualquier intento de regular más a la banca por varios sectores que pedían un alivio financiero para una economía que aún estaba en shock por la pandemia del Covid-19. A finales del año 2021, su banco, el Banco de Guayaquil, tendría sus mejores utilidades de las últimas dos décadas.
Como horizonte de mediano plazo, Guillermo Lasso se había propuesto la privatización del segundo banco más grande del país, el Banco del Pacífico, que pertenecía al Estado desde la quiebra bancaria de 1998-1999. Si lo lograba pasaba a disputar el primer lugar con su competidor más importante, el banquero Fidel Egas del grupo económico Banco del Pichincha.
Sin embargo, Lasso necesitaba ampliar el horizonte de las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía y la flexibilización laboral. En el último trimestre del año 2021 envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con más de 400 artículos para reformar más de treinta leyes. El epítome de las reformas propuestas por el gobierno lo constituían las reformas laborales.
En estas reformas, el presidente Lasso planteaba que cuando un trabajador era despedido de forma intempestiva tenía que ser él quien debía indemnizar al empresario que lo había despedido. En la misma ley retomaba el trabajo infantil y adolescente a pesar que el Ecuador había suscrito instrumentos internacionales de derechos humanos que prohibían el trabajo infantil.
Esa reforma legal se quedó en el intento porque la mayoría de la Asamblea Nacional, que fue presionada por la sociedad, rechazó de forma mayoritaria estas reformas que llevaban al país al siglo XIX.
En ese contexto, el movimiento indígena pudo bloquear, de forma tímida por lo demás, el incesante incremento de los precios de los combustibles y logró arrancar un compromiso de mantener congelados los precios del diésel y el gas licuado de petróleo.
Ahora bien, aquello que llama la atención es que las reformas neoliberales de Guillermo Lasso se procesaban de manera independiente y en un andarivel distinto del sistema político y del debate político. Los partidos y movimientos políticos no pudieron hacer mucho por evitarlo, salvo oponerse a leyes demasiado radicales.
En el primer año de gobierno, el debate político siguió inscrito dentro de las coordenadas entre los partidarios del ex presidente Rafael Correa, que quieren convertirse en la única oposición, y la derecha de Guillermo Lasso.
En este juego de espejos, la representación política del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, a pesar de haber captado la presidencia de la Asamblea Nacional, nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno.
A fines del año 2021, el gobierno envió nuevamente un paquete de reformas neoliberales que incluían la privatización de la banca pública de desarrollo, nuevos impuestos para las clases medias a través de cambios en el cálculo para el impuesto a la renta, un nuevo marco regulatorio para los contratos petroleros, entre otras reformas.
Lo paradójico y contradictorio es que estas reformas neoliberales finalmente fueron aprobadas por la Asamblea Nacional gracias al apoyo de último minuto que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso de sus aparentemente acérrimos opositores, el movimiento político del expresidente Rafael Correa, denominado UNES (Unión por la Esperanza).
No obstante, aquello que casi termina de forma abrupta con el gobierno de Guillermo Lasso fueron las denuncias de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
Ahí se demostraba de forma absolutamente clara que Guillermo Lasso no podía incluso inscribirse como candidato a la Presidencia porque las leyes se lo prohibían, habida cuenta de sus propiedades en fideicomisos en paraísos fiscales. Curiosamente, pudo salvarse gracias al apoyo, esta vez, del movimiento Pachakutik.
Mientras tanto, el país se derrumbaba. El desempleo y subempleo se elevaron dramáticamente. De cada diez personas en capacidad de trabajar, apenas tres de ellas tenían trabajo. La pobreza, que en el año 2017 se situaba en el 23 por ciento, se estimaba para el 2022 en el 32 por ciento.
La inversión pública en salud, educación, inclusión social cayó a sus peores indicadores desde décadas atrás. Para que pueda tenerse una idea, el gobierno de Guillermo Lasso había reducido para el año 2022 la inversión pública a 1,8 mil millones de dólares (su promedio era de 4 mil millones de USD); empero de ello, en el primer trimestre de ese año apenas había invertido 67 millones de USD (el 0,37 por ciento de lo planificado).
Curiosamente, la economía vivía una bonanza: las remesas de migrantes alcanzaron por vez primera el 4% del PIB, el precio del petróleo se había casi duplicado con relación a lo calculado para la proforma presupuestaria, las recaudaciones fiscales se habían elevado de forma importante.
El gobierno pudo, apenas en los primeros tres meses del año 2022, eliminar el déficit fiscal calculado en el 2,5 por ciento del PIB. La pobreza, el deterioro social, no se debían a ninguna crisis, sino a políticas deliberadas y asumidas directamente desde el gobierno en contubernio con el FMI.
La situación del sector público era cada vez más dramática. Un trámite tan sencillo como cambiar el documento de identidad u obtener un pasaporte, que en términos generales demoraba algunos minutos, llegó a demorar meses porque no existían recursos ni personal para hacerlo.
El presupuesto para rehabilitación social para el sistema penitenciario se redujo en un 80%. El conflicto de los centros de rehabilitación penitenciaria desbordó hacia la sociedad y se convirtió en un problema de salud pública por la cantidad de asesinatos por sicariato.
En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país y se empeñó cada vez más en reformas neoliberales más agresivas que todas aquellas que hasta ese entonces se habían aprobado.
La popularidad y credibilidad del presidente Lasso, que en sus primeros momentos rebasó el 70% por su exitosa gestión en las vacunas contra el Covid-19, disminuyó a menos del 30% en su primer año.
Es en ese contexto que el movimiento indígena insiste en los compromisos que había asumido el presidente Lasso en sus primeros días de gobierno, de frenar el incremento de los precios de los combustibles y apoyar a la pequeña economía campesina.
A pesar de sus múltiples insistencias, el presidente Lasso siempre dio largas a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y pensó que con sus acuerdos con el movimiento Pachakutik (que es el partido político de la CONAIE), tenía más que suficiente para tener controlado al movimiento indígena.
La nueva dirigencia de la CONAIE, dirigida esta vez por el líder indígena de Cotopaxi, Leónidas Iza Salazar, adoptó, ante Guillermo Lasso, un tono más radical que aquel que habían tenido hasta ese momento los asambleístas del movimiento Pachakutik con respecto al gobierno.
Leónidas Iza se dedicó en sus primeros meses como presidente de la CONAIE a recorrer el país y visitar cada una de sus filiales y poner el dedo en el pulso del movimiento indígena y de la sociedad, y comprendió que el país estaba en ebullición.
Cuando planteó a sus propios asambleístas que sean más radicales con respecto al gobierno neoliberal del Lasso, pudo constatar que la mayoría de su bloque de asambleístas (que representan el 18 por ciento de toda la representación parlamentaria), decidió más bien apoyar al gobierno de Lasso que a su propia organización matriz.
En esos momentos, Leónidas Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podían circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización. Realizó asambleas en todas las regionales y en cuantas comunidades de su organización existían y ahí prendió la chispa de la movilización nacional.
Luego de casi un año de recoger la voz de su pueblo, en un Congreso de su organización, la CONAIE, se decidió ir a una movilización nacional para el 13 de junio de 2022 con diez puntos: (1) el congelamiento de los precios de los combustibles; (2) el alivio económico para los pequeños deudores del sistema bancario y financiero agobiado por las deudas y por las coactivas; (3) precios justos para los productos del campo (leche, arroz, banano, papas, etc.).
(4) políticas de empleo y derechos laborales; (5) moratoria a la frontera extractiva; (6) respeto a los derechos colectivos consagrados en la Constitución; (7) evitar la privatización de los sectores estratégicos y, en especial, de la banca pública de desarrollo; (8) políticas de control de precios para los bienes de primera necesidad; (9) presupuesto para salud y educación y libre ingreso de los jóvenes al sistema universitario; y, (10) políticas públicas efectivas contra la delincuencia, el sicariato y la violencia.
Como puede apreciarse, la plataforma de la CONAIE, construida desde el consenso, el diálogo y la participación comunitaria, popular y social, plantea un mínimo de políticas públicas que puede suscribirlas cualquier gobierno con un mínimo de sensatez.
Se trata de una plataforma plausible, coherente y que se debía al momento y las circunstancias. No planteaba ningún extremismo ni tampoco cuestiones ideológicas sobre la política económica (como, por ejemplo, suspender los acuerdos con el FMI).
Leónidas Iza sabía que una plataforma como esta tenía que construirse de a poco y que la presión al gobierno para que pueda sensibilizarse y cambiar en algo la agresiva política neoliberal, tenía que ser fuerte a nivel social, porque se trataba de un gobierno altamente ideológico y extremadamente conservador y racista.
Por ello, la CONAIE fue prudente y planteó una movilización nacional, territorial e indefinida. Nacional porque abarcaba a todo el país y abría el paraguas para que puedan incorporarse poco a poco nuevos actores sociales conforme avance la lucha social; territorial porque la movilización empezaba en los territorios, se mantenía en ellos y se consolidaba en ellos (es decir, no se planificaban marchas hacia la capital como en un levantamiento); e indefinida porque era una lucha de largo plazo.
Un régimen neoliberal tan fundamentalista como aquel de Guillermo Lasso difícilmente cambiará sus ejes ideológicos, aunque las circunstancias le sean imposibles para él mismo. Por eso la estrategia de la CONAIE era situar la lucha política en el largo plazo, apelar a la organización y recuperar a su bloque legislativo, al tiempo que cambiar los ejes del discurso político para sacarlo del binarismo (falso por lo demás) entre correísmo y anticorreísmo.
* Economista ecuatoriano con estudios de maestría en Lovaina (Bélgica), Doctorado en Economía por la Universidad Grenoble-Alpes (Francia), y pos doctorado en la Universidad Andina (Quito-Ecuador). Profesor de posgrado, conferencista internacional en temas de teoría económica.