Elson Concepción Pérez │ Granma
* El acuerdo firmado por Ecuador, con el precedente de lo que ya pasó en Perú, desconoce flagrantemente la histórica proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, vigente desde 2014.
El actual mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, a pocos días de abandonar el poder, ha querido «remarcar» lo que fue, sin duda, su verdadera alineación, la misma que lo llevó a la situación actual que ha derivado en su propia inhabilitación al frente del país.
Con su firma, acaba de sellar un acuerdo militar con Estados Unidos para los próximos siete años, con el argumento de que su nación «trabajará cerca de Washington para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, en la lucha para combatir las amenazas a la seguridad y la paz».
Con este acto, el presidente ecuatoriano pasa por alto que su propio país es firmante, como miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), del documento que proclama a esta región como Zona de Paz, rubricado en la II Cumbre de la organización, realizada en La Habana, el 29 de enero de 2014.
En aquella reunión, los 33 países miembros del organismo anunciaron su renuncia al uso de la fuerza para resolver disputas con sus vecinos.
Por supuesto, Estados Unidos, aliado natural de quienes se oponen a estos acuerdos de paz, hace lo posible y lo imposible por torpedearlos, y la receta en estos casos es usar a gobernantes afines, a quienes siempre es más fácil «convencer» sobre la «importancia» de fortalecerse militarmente.
Obviamente, con armamento –fabricado en Estados Unidos, por supuesto– y con la incursión, ya sea en bases militares o en ejercicios conjuntos, de tropas «solidarias» especializadas en tumbar gobiernos de izquierda y maniatar a mandatarios de derecha más interesados en cumplir con lo dispuesto desde Washington que en los planes de fomento al desarrollo de sus pueblos.
Algo similar ya se vio, a título de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien, con el apoyo del Congreso, de mayoría de derecha, autorizó la entrada de más de mil nuevos militares estadounidenses a su país, a fin de, entre otras cosas, dar entrenamiento a policías y militares; las mismas fuerzas que hoy arremeten contra los que protestan y exigen la salida del poder de la mandataria.
De igual forma, el Gobierno peruano autorizó el ingreso de medios aéreos, náuticos y tropas especiales para cumplir con sus propósitos.
No olvidar la existencia de diez bases militares estadounidenses en territorio peruano, y que la cifra de uniformados de ese país, que desde 2014 han estado en la nación andina, asciende a 43 mil 779.