Yasser Arellano Muñoz y Josseline M. Berroterán | Ideario Popular
“Descalzos, hambrientos, sin poder aprender a leer y escribir y sin un techo donde vivir”. Son los calificativos en la descripción de decenas de historias periodísticas sobre la dramática situación que sufrían los niños y jóvenes de Nicaragua entre 1990 y 2006.
Las familias más pudientes y con cargos en el gobierno se hicieron más ricos, mientras el 99% de las familias nicaragüenses sufría más hambre, frío, analfabetismo y dolencias o enfermedades sin tratar por las privatizaciones de 16 años de neoliberalismo.
Niños “sin poder aprender a leer y a escribir” debido a que la -entre comillas “Educación pública” se instrumentalizó para el lucro. Se violó la universalidad de la Educación como bien común, derecho humano y deber del Estado.
Desde 1990 al 2024, Nicaragua ha experimentado dos modelos políticos diametralmente opuestos en todos los sentidos, y en un espacio estratégico como la Educación Pública, los retrocesos y avances han sido significativos.
Hemos transitado por la restricción de la matrícula escolar como política pública, hasta llegar a la restitución, amplitud y acceso a la educación como un derecho universal, considerándola un bien al que todos y todas tienen derecho.
En el año 2007, por orientaciones del gobierno Sandinista recién electo, el MINED realizó una investigación en la que se descubrió que 150 mil niños, niñas y adolescentes durante el año 2006, habían quedado fuera de la matrícula escolar y la deserción se ubicaba en más del 50 por ciento del total de la matricula, debido al cobro exigido en las escuelas del estado, niños con ilusiones, familias con sueños y adolescentes con metas quedaron borrados a causa de un sistema insensible ante las necesidades humanas.
17 años después, Nicaragua posee un marco referencial para la construcción de una nación desarrollada, orientado por la estrategia transversal del Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza. En ese sentido, las directrices institucionales del Estado se trazan de acuerdo a los intereses establecidos como nación, necesarios para alcanzar el desarrollo en las diferentes dimensiones: sociales, culturales, políticas y económicas.
La educación no se encuentra desvinculada de esta visión, si no que se convierte en el pilar elemental para alcanzar las transformaciones sociales que nos encaminen hacia la prosperidad colectiva, mientras que a su vez constituye una herramienta que desencadena otras formas de crecimiento individual y colectivo.
En esas dimensiones, si la educación es garantizada por el Estado, se amplían los derechos y las oportunidades para una capa social significativa, los sectores populares, y desde una perspectiva ética, se garantiza la educación pública como un bien irrestricto para los nicaragüenses, al igual que cualquier bien privado, en donde el Estado se convierte en un ente presente para su administración y gestión, se convierte en el impulsor de la evolución del sistema educativo, y a su vez se encarga de velar por la justicia social y la igualdad, con responsabilidad social, política y económica.
Esta perspectiva de política educativa también pasa por la creación de la Universidad en el campo, Universidad en Línea, Universidad indígena, continuación de la Educación preescolar, creación de más universidades públicas y la garantía continua de la merienda escolar en todas las escuelas de educación primaria del país.
Es un modelo que parte de la atención al desarrollo humano, la restitución y garantía de los derechos
Apostar por la educación es una estrategia imperativa en una sociedad que se encamina hacia el desarrollo, es una decisión que parte de voluntades políticas que no debe ser entendida como una obligación más, que cualquier “Estado debe o debería asumir”, puesto que no todos los sistemas políticos priorizan el bienestar social por encima de otras necesidades.
La decisión de garantizar la educación pública y gratuita en sus diferentes escalas y dimensiones, conlleva asumir criterios éticos y políticos, significa trascender una visión mercantilista, es comprenderla desde una visión humanística, como un bien común, un derecho y una responsabilidad.
Con esta disposición, se logra impactar de manera positiva en la vida de cientos de miles de familias, sin distingo político, cultural o religioso, es una política de Estado gestionada desde la voluntad política, por y para los ciudadanos nicaragüenses, es una disposición que erradica un sistema de privilegios, es una disposición que se proyecta con justicia y conciencia de clase.
Este año Nicaragua hace historia al alcanzar una matrícula de 180 mil 220 estudiantes que ingresan al sistema de educación superior, pasando de 77 mil 210 estudiantes en el año 2006, lo que significa un incremento del 42 por ciento, aumentando las posibilidades y oportunidades para las familias nicaragüenses.
La lucha contra la pobreza, también es la lucha contra la ignorancia, es construir conocimiento y repartir la enseñanza, es reducir las desigualdades, es democratizar la educación para el bien común.