Militares e integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron el domingo al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele convocó a una sesión extraordinaria para la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad en esa nación.
La presión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el Parlamento, aumentó con el ingreso a la fuerza de miembros de la Policía y del Ejército Nacional a la Asamblea Legislativa que ya había convocado a una nueva sesión plenaria para el lunes para analizar el problema, ya que «Existe voluntad de los diferentes partidos para votar» según el presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce.
No obstante, las medidas ejecutadas por el presidente Bukele corresponden a su llamamiento a la «insurrección» para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que impulse la Fase III del Plan Control Territorial, una iniciativa para mejorar la seguridad contra las pandillas.
Para este domingo fue convocada una «concentración ciudadana» por parte del mandatario Bukele, invocando el artículo 87 de la Constitución relativo a la «insurrección» para presionar a los diputados.
Dicho artículo estipula que el pueblo tiene derecho a la insurrección para restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución.
Desde la mañana de este sábado, varios elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han sido desplegados en alrededores de la Asamblea Legislativa. Además, empleados del Ministerio de Defensa Nacional también han armado una tarima frente a la Asamblea Legislativa.
Algunos diputados han criticado está decisión del Ejecutivo, entre ellos, la diputada del FMLN, Elizabeth Gómez, quien catalogó de “trasgresión” a la democracia.
El financiamiento solicitado por Bukele fue rechazado por el órgano legislativo al ser tramitado a través de un procedimiento de emergencia calificado por los legisladores como improcedente, por lo que debe contar con el visto bueno de la Comisión de Hacienda, en la que el mandatario no cuenta con los apoyos necesarios.
La comisión asegura que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero. La negativa del ente legislativo se debió también al cuestionamiento por acusaciones por presuntos hechos de corrupción a miembros del Gabinete de Bukele.
Para responder a las negativas de la Asamblea Legislativa, el Consejo de Ministros del Gobierno de Bukele ha emitido una resolución por medio de la que, invocando el art. 167, ord. 7° de la Constitución, ha convocado extraordinariamente a la Asamblea para reunirse y discutir la petición de que autorice un préstamo para financiar acciones en materia de seguridad pública.
El pedido de Bukele ha sido criticado por diversos sectores políticos por violentar la constitución y representar una violación a la independencia de cada uno de los órganos de Estado.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador, dijo ayer mediante un comunicado que en la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros “hay un vicio intrínseco” que provocaría que dicha plenaria se “contamine de inconstitucionalidad” y que lo que se aprobara en la misma sería declarado “nulo” por el Órgano Judicial, porque no hay circunstancias “excepcionales” que sustenten este proceso.
“La excepcionalidad es cuando se ve alterado el orden público, no cuando hay simples diferencias de opinión política entre el Presidente de la República y cualquier otro funcionario de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó el abogado constitucionalista René Hernández Valiente.
Ante el rechazó, Bukele convocó el viernes a una movilización para ayer domingo a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación del préstamo.
La actual situación política, el fiscal general de el Salvador Raúl Melara aseguró que se mantiene vigilante ante las acciones llevadas adelantes por ambas partes y velando por el respeto al estado de derecho en el país centroamericano.