Una investigación en curso revela el entramado de personajes extranjeros y lacayos nacionales que han declarado abiertamente su intención de hacer colapsar a Venezuela
«¿Qué les parece que le estemos comprando petróleo a Venezuela?», preguntó Donald Trump, desde el estrado, el pasado 11 de junio, en Carolina del Norte.
De esa manera, volvía el exmandatario de Estados Unidos a su campaña presidencial. «Al irme –insistió–, Venezuela estaba lista para colapsar. ¡Nos habríamos hecho de ella! ¡Hubiéramos tomado todo su petróleo»!
Algo de razón le cabe al magnate: entre 2015 y lo que va de 2023 –periodo que incluye su mandato– los sucesivos gobiernos de esa nación han impuesto 930 medidas coercitivas unilaterales a este país sudamericano, a través de las llamadas sanciones directas e indirectas contra la economía nacional.
En su actuación, acompañaron a Trump, Mark Esper, John Bolton, Mauricio Claver, Ron DeSantis, Elliott Abrams, William Browmfield, William Barr, Luis Almagro, voceros de la oea y algunos expresidentes de América Latina, según reveló ante el Parlamento venezolano Pedro Infante, presidente de la Comisión Especial para identificar el alcance y las responsabilidades de las confesiones de ese exmandatario estadounidense contra Venezuela.
El también Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) añadió los comentarios de portavoces de organismos como los Departamentos de Estado y del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Comando Sur, el Consejo de Seguridad Nacional, la Fiscalía General de EE. UU., la compañía de mercenarios Silvercorp y la petrolera Exxon Mobil.
En el balance de las investigaciones, hasta la fecha, se escucharon nombres de representantes de la derecha del propio país, cuyas acciones los convierten en «actores delincuentes». Juan Guaidó, María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Henry Ramos Allup encabezaron la lista.
No faltó, en la exposición de Infante, la mención a diversos delitos de carácter nacional e internacional en los cuales se violan la Constitución, el Código Penal, la Convención de Viena, el Estatuto de Roma, la Carta de las Naciones Unidas y otras legislaciones.
Además, se conoció de un gran volumen de documentos probatorios de traición a la Patria, como la solicitud de invasión de fuerzas concertadas extranjeras contra Venezuela, bajo la firma de la diputada María Corina Machado, y una gaceta aprobada por la an en desacato.
Finalmente, Pedro Infante solicitó una prórroga para continuar con la investigación, y así «determinar delitos cometidos con responsables nacionales e internacionales», remarcó. «Propondremos un conjunto de acciones que, desde la an, y en coordinación con el resto de los poderes públicos nacionales, tendremos que realizar con muchísima fuerza y con muchísimo pueblo, para defender la Patria de todos los ataques extranjeros y sus lacayos nacionales», advirtió.
Terrorismo de unos, podríamos decir; autosabotaje de otros, también. Nueve años de agresiones continuas salen a la luz, cínicamente confesadas por su principal promotor. El pez, dice la sabiduría popular, muere por la boca.