Bertha Mojena Milián | Granma
Un año transcurrió ya desde aquel martes 30 de mayo, día nefasto para la paz y la estabilidad de Nicaragua, en el que murieron personas inocentes y cientos resultaron heridas.
Impulsar acciones violentas era la estrategia más fértil de la oposición para provocar caos en el país centroamericano, especialmente entre abril y mayo de 2018, mediante agresiones directas contra simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), oficiales del orden público y civiles que no militaban en ningún partido político.
En un país donde los niveles de violencia son insignificantes si se tienen en cuenta cifras históricas, nuevamente la inseguridad era provocada por la confrontación política y social que exacerbaba comportamientos delictivos para desacreditar al Gobierno legalmente constituido.
Un video publicado hace apenas unos días, por la organización Juventud Presidente, recuerda que a Managua ingresaron ese día grupos de extrema derecha provenientes de diferentes regiones del país, quienes supuestamente iban a participar en el concierto por la paz organizado por el FSLN, y una caravana de sandinistas que venía del norte fue emboscada en un ataque en el que murieron dos personas y 20 resultaron heridas.
Los golpistas provocaron, también en la capital, fuertes enfrentamientos. En la zona de Tiscapa, un grupo armado arremetió contra los que, luego de participar en el concierto, se disponían a tomar los buses de regreso.
Se habló hasta de francotiradores colocados por las fuerzas del Gobierno en azoteas para enfrentar las marchas de la oposición, otra forma de culpar al FSLN y hacer que –tal como ocurrió– grandes medios de prensa occidentales y organizaciones tristemente célebres como la Organización de Estados Americanos (OEA), enfilaran sus cañones contra el sandinismo.
En días recientes, la delegación del Gobierno de Nicaragua ante la mesa de negociación precisó que se avanza en la consolidación de la paz y que siguen comprometidos con la organización de toda la actividad social, laboral y comunitaria y las movilizaciones para la restauración plena del país, afianzando así el Programa para Restablecer la Seguridad, Trabajo y Paz desde el entendimiento nacional.
Según precisa Telesur, ya se han excarcelado a 336 personas vinculadas a los hechos de 2018 y faltan otras 142 que –como parte del proceso y de acuerdo con la Constitución y las leyes de ese país– deberán excarcelarse en régimen de convivencia familiar antes del 18 de junio próximo.
También se han creado unas 500 Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz en municipios y localidades de la nación, para alcanzar el entendimiento entre diversos sectores de la población.
Un Comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), señala importantes avances “en la atención integral, con apoyos solidarios a centenares de familias que son recibidas en calidad de víctimas sufrientes del terrorismo golpista” y que se presentará en calidad de Ley el Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV), centrado en el principio de “perdón, no olvido y no repetición”.