Las organizaciones que orbitan alrededor del tema de los «derechos humanos» y la «democracia», y que se autodeclaran independientes, en realidad son solo otro brazo del imperialismo estadounidense. Es una realidad que, desde esta tribuna, se ha abordado en múltiples ocasiones, especialmente por el papel que han jugado en los planes de intervención extranjera contra Venezuela.
Multimillonarios y políticos del gobierno estadounidense, pero también con desembolsos de la Unión Europea, se encargan de abultar las cuentas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para que éstas hagan el papel de gestores en todo tipo de situaciones caóticas o de desestabilización en países cuyos gobiernos no siguen la directriz de Washington, desde «revoluciones de color» y crisis políticas.
Ahora que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de ley que busca «fiscalizar y regularizar» a las ONG, lo que ha desatado una campaña de relaciones públicas nacional e internacional para desacreditarlo, es importante repasar cuáles son las entidades y actores que las instrumentalizan para sus fines políticos.
DETRÁS DE LA CORTINA DE LA «DEMOCRACIA» Y LOS «DERECHOS HUMANOS»
ONG como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) dicen que no permiten que ningún gobierno los financie en sus actividades. La primera tiene escrito en su sitio web que, para asegurar su supuesta independencia, «no aceptamos fondos del gobierno de forma directa o indirecta», y la segunda sostiene lo mismo: «ni solicitamos ni aceptamos de gobiernos o partidos políticos fondos para nuestra actividad de investigación en derechos humanos».
Con respecto al financiamiento de origen corporativo, ambas aseguran, con distintas palabras, que se abstienen de recibir donaciones de donantes privados que pudiesen comprometer sus trabajos de investigación.
Podemos comprobar que sus afirmaciones son falaces. Aunque hay cierta discreción que evita conocer, con gran nivel de detalle, el origen del dinero que reciben HRW y Amnistía Internacional, no dejan de filtrarse informaciones que dejan expuestas a las ONG respecto a los jefes y órdenes a las que están subordinadas.
En tal sentido, reseñamos algunos datos publicados por el periodista Benjamin Norton que demuestran el vínculo de HRW y AI con el gobierno estadounidense y las grandes corporaciones.
En un primer término, está la declaración que una vez ofreció el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, en octubre de 2001, semanas después de que la administración de George W. Bush diera inicio a la invasión de Afganistán. Powell, quien estaba en una conferencia de agentes de política exterior con líderes de organizaciones no gubernamentales, resaltó la importancia de asegurar que el Departamento de Estado y otras ramas del gobierno tuviesen «la mejor relación con las ONG», porque éstas «son para nosotros un multiplicador de fuerzas, una parte tan importante de nuestro equipo de combate».
Más adelante, deshecha la idea de que las ONG no son un brazo político del gobierno, justamente al señalar que la ilusión fabricada de la independencia es «lo que las hace tan valiosas» y lo que les «brinda la flexibilidad» para hacer su trabajo.
En la actualidad, la administración Biden lo ha reafirmado. Su secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió en marzo de 2022 con los directores de HRW y AI para debatir sobre «los desafíos de los derechos humanos, incluso en Ucrania, Rusia, China y Medio Oriente». La información, que fue difundida en su cuenta en Twitter, venía acompañada de un enlace que llevaba a un informe titulado «Apoyo de Estados Unidos a los defensores de los derechos humanos«. Norton escribe que el documento muestra cómo el Departamento de Estado utiliza a supuestos defensores de derechos humanos para promover los intereses de Washington en el extranjero.
El informe se refiere a las organizaciones de la «sociedad civil» que operan en países del Sur Global, pero asimismo se extiende a HRW y AI.
Las formas en que estas ONG se vinculan al gobierno estadounidense no solo deben verse como financiamiento directo, del cual existe opacidad de sus fuentes y poca transparencia al respecto, sino que también existen otro tipo de vínculos. Norton explica que HRW está acostumbrada a contratar a exfuncionarios de la Casa Blanca, al igual que a «agentes de la CIA y criminales de guerra de la OTAN».
A nivel corporativo, HRW es financiada por el especulador financiero George Soros, a través de la Open Society Foundations, que distribuye donaciones a una vasta red de ONG para la neoliberalización de las estructuras estatales en todo el mundo, bajo el concepto de las «sociedades abiertas». Se sabe, por ejemplo, que en 2010 dio 100 millones de dólares a HRW.
Citemos la descripción que el propio multimillonario de origen húngaro tiene de las sociedades abiertas: «Los conceptos de sociedad abierta y economía de mercado están íntimamente conectados, y el capitalismo global nos ha brindado lo más cercano a una sociedad global abierta». Según Soros, Estados Unidos y la Unión Europea se acercan a clasificarse como sociedades abiertas. En otros países, las ONG financiadas por Open Society tienen el objetivo de presionar por el cambio hacia ese modelo que consigna el capitalismo en su fase neoliberal como dogma de fe.
En cuanto a AI, ésta y sus subsidiarias reciben dinero de Open Society, pero también de la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. Norton cita a la historiadora Frances Stonor Saunders, quien señala que esos grupos están vinculados a la CIA y los describe como «instrumentos conscientes de la política exterior encubierta de Estados Unidos», y que son «un componente integral de la maquinaria de la Guerra Fría de Estados Unidos».
Sus orígenes son otro factor que permiten apreciar cómo el aspecto de organización independiente es una fachada para encubrir su verdadero rostro de agente de Estados Unidos, la Unión Europea y corporaciones. Uno de los cofundadores de AI, Peter Benenson, «era un anticomunista declarado con estrechos vínculos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonias británico, que apoyaba el régimen del Apartheid de Sudáfrica a pedido del gobierno británico», escribe el periodista Alan MacLeod de MintPress, en un trabajo de investigación sobre el apoyo de las ONG al golpe de Estado en Bolivia contra el expresidente Evo Morales, en 2019.
Luis Kutner, el otro cofundador de la ONG, fue un agente del Buró Federal de Investigación (FBI, sus siglas en inglés) que se involucró en el asesinato que llevó a cabo el gobierno estadounidense en contra del líder de la organización política Panteras Negras. «Kutner pasó a formar una organización llamada ‘Amigos del FBI’, dedicada a contrarrestar y combatir las críticas al Buró», agrega MacLeod.
LA REGULARIZACIÓN DE ONG ES UN ACTO RAZONABLE DE UN ESTADO SOBERANO
En América Latina, Venezuela es un objetivo recurrente de las ONG, entendidas como instrumentos para la intervención. La obsesión de la división de las Américas de HRW lo confirma. Por mencionar algunos agravios recientes, tenemos que, en los momentos en que el plan de cambio de régimen vía «gobierno paralelo» tuvo mayor apoyo por parte de los socios de Estados Unidos, las ONG se encargaron de atacar al país con informes sesgados sobre la situación humanitaria, allanando el camino para minar la imagen de legitimidad del Estado venezolano y su gobierno a favor de la agenda estadounidense (el «proyecto Guaidó», ahora «Comisión Delegada»).
La agenda continúa actualmente. AI aprovechó la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, para hacerle llegar una carta que expresaba «la preocupación por la situación de Venezuela en torno a los derechos humanos». Se agita la nomenclatura de «crisis humanitaria» en el país debido a la firma de acuerdos en la Mesa de Diálogo en México (con la que se busca el levantamiento de las sanciones ilegales), el fin del «interinato» y el deterioro de las fuerzas políticas de las oposiciones venezolanas.
El caso no es exclusivo en la región. Durante los últimos cinco años, los intentos fallidos de desestabilizar los gobiernos de Cuba y Nicaragua, y el golpe de Estado en Bolivia, han sido conducidos en gran parte gracias a las diligencias de las ONG, contribuyendo a la creación de un contexto de violencia política, desestabilización institucional y social y campañas de relaciones públicas antiestatales.
La ley que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional busca evitar que fuerzas extranjeras, por medio de las ONG, interfieran en los asuntos internos de Venezuela. En respuesta, los esfuerzos ahora se están centrando en denunciar la acción del gobierno venezolano, calificándolo de «otro intento de restringir y controlar a la sociedad civil», dicho por AI en un comunicado publicado el pasado 25 de enero. Según esta entidad, las ONG «están en riesgo» cuando realmente se trata de que éstas sean más transparentes respecto a sus canales de financiamiento, por entrada y por salida.
A medida que ciertas ONG sigan contribuyendo a un cuadro de desestabilización social y socavamiento de la seguridad nacional de Venezuela, someter las actividades de éstas al Estado de Derecho se convierte en un requisito inevitable y urgente para seguir maniobrando hacia una gobernanza con mayor estabilidad.