El inhumano y criminal discurso a favor del aborto que utilizan las jefas del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, y del Centro de Investigación de las Comunicaciones, se identificó con la Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional en Nicaragua, doctora Kate Gilmore, quien utilizó esos “argumentos” para presentar informes en foros internacionales sobre el supuesto “debilitamiento” de los derechos humanos en Nicaragua.
La identificación de la doctora Gilmore, quien también fue representante de Amnistía Internacional en Nicaragua, con el grupito de caudillescas y jefas del “feminismo” en Nicaragua, llámense Juanita Jiménez, Sofía Montenegro, Azahalea Solis y compañía, fue tan “convincente que cuando se fue de Nicaragua, les dejó una carta de agradecimiento, la cual les sirve como carta de recomendación para seguir acaparando financiamientos millonarios para sus proyectos de mampara y de escritorio.
La campaña a favor del aborto es otro de los infames negocios que explotan muy bien esas señoras. No les importa el país, porque para ellas negocios son negocios.
Leer documentos:
AI: debilitamiento de los derechos humanos en Nicaragua
Transcripción y una traducción al español del discurso que Kate Gilmore, Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional, pronunció hoy en la Ciudad de México durante la presentación del informe sobre la prohibición total del aborto en Nicaragua.
Damas y caballeros:
En Nicaragua, Centro América, está sucediendo una situación de debilitamiento de los derechos humanos de intensidad creciente, esto produce graves miedos, amenazas, daño e incluso la muerte a niñas y mujeres nicaragüenses.
Dejada en el abandono y extendida por la cruel indiferencia de las autoridades nicaragüenses, esta peligrosa circunstancia es la consecuencia de cálculos políticos cínicos. Es el producto de tratos hechos durante las elecciones del 2006 en Nicaragua cuando, en su búsqueda por el poder, los partidos políticos más importantes entraron en negociaciones con grupos religiosos para intercambiar la protección médica y legal a las vidas y el bienestar de niñas y mujeres embarazadas. Estos tratos marcados por el interés propio eliminaron y dieron un giro a más de 100 años de tradición legal nicaragüense al causar que se hicieran revisiones al Código Penal y así crear la total y absoluta prohibición del aborto en Nicaragua: sin excepciones bajo ninguna circunstancia.
Los cimientos de esta prohibición están basados en severas sanciones criminales para cualquier practicante médico que desafíe la ley o cualquier niña o mujer que ignore sus crueles consecuencias.
Y sus consecuencias son claramente muy crueles, extrayendo un precio muy alto de los más vulnerables: los más pobres, los más jóvenes, los más enfermos, los más aislados y las mujeres; niñas violadas y embarazadas.
Nicaragua es uno de los países más pobres en América latina y el Caribe. Tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, tiene altas tasas de mortalidad materna prevenible y tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes particularmente en áreas rurales y elevadas tasas de violencia sexual, específicamente violación e incesto a niñas pequeñas.
Es en esta demografía de la privación, que las autoridades nicaragüenses han cruelmente alterado el Código Penal, cuya criminalización de la terminación del embarazo es ilegal, no puede ser aplicado, es irracional, discriminatorio e íntimamente degradante.
- El nuevo Código Penal es ilegal pone a Nicaragua en una situación de violación de sus obligaciones a los derechos humanos internacionales en el contexto de muchos tratados de Naciones Unidas incluyendo la Convención en contra de la Tortura. Cuatro organismos de Naciones Unidas ya hicieron llamados para la anulación total de la prohibición.
- No puede ser implementado: como mi colega médico les confirmará, en muchos casos es imposible establecer médica y forensemente si una mujer o una niña tuvieron un aborto espontáneo o inducido. Globalmente el 15% de los abortos son involuntarios. Bajo el mandato del nuevo Código Penal, cada una de los miles de mujeres y niñas en Nicaragua que sufran un aborto o una terminación espontánea de su embarazo enfrentarán riesgo potencial de ser incriminadas al igual que sus médicos.
- Esta ley tampoco es razonable. Las autoridades han colocado conocidamente el embarazo de niñas y mujeres que sufren complicaciones de obstetricia en una posición imposible. Ellas no pueden tener acceso al tratamiento médico esencial aún cuando su salud y en ciertos casos sus vidas, se encuentren en grave peligro. Niñas y adultas sobrevivientes de violaciones e incesto se encuentran en doble peligro al ser obligadas por estas prohibiciones legales a enfrentar su embarazo hasta el fin aunque este sea resultado de violencia sexual.
Mientras tanto, profesionales médicos son puestos en la posición “culpable si lo hago, culpable si no lo hago”. Para obedecer la ley, los doctores deben desafiar sus propia ética profesional y desobedecer las Reglas y Protocolos de Obstetricia Nicaragüense publicado por el Ministerio de las Salud, el cual recomienda que el aborto puede ser terapéutico como una respuesta clínica en casos específicos.
La obediencia de las reglas oficiales médicas, supone que los doctores deben hacer frente a la investigación criminal y la persecución.
Este ataque a la ciencia es la causa de retrasos en la toma de decisiones en caso de complicaciones obstétricas, y la prevención de profesionales de la salud de ser capaces de proporcionar tratamiento médico esencial y cuidado médico en las consultas con sus pacientes.
- Es una ley que discrimina acusando de criminales a los procedimientos médicos que sólo son necesitados por mujeres y niñas. Mujeres y niñas con los menores recursos económicos tienen menos opciones de escapar a esta ley extrema haciendo de esta forma que se sientan obligadas a actuar fuera de la ley, poniendo en peligro su salud y sus vidas y arriesgándose al encarcelamiento. Para las más jóvenes las consecuencias negativas son aún más graves debido a que el riesgo de complicaciones obstétricas que ellas enfrentan es más alto.
- Y con la introducción de obstáculos legales a la búsqueda, provisión y entrega de cuidado médico esencial, estas prohibiciones son también degradantes, crueles e inhumanas.
o Es inhumano al negar y retrasar el acceso a cuidados médico por enfermedades, o heridas que suelen ocurrir a mujeres y niñas embarazadas.
o Es cruel dejar a niñas y mujeres embarazadas sin opciones cuando enfrentan gran dolor y sufrimiento físico y psicológico ya sea por complicaciones médicas o por el embarazo.
o Es degradante para las mujeres y niñas que están embarazadas como consecuencia de violencia sexual a quienes se les niegan las opciones médicas.
El verdadero costo humano que esto tiene podríamos nunca haberlo sabido. Debido a que, bajo las sombras de las sanciones legales como amenazas, varios profesionales de la salud no sólo tienen mucho miedo a realizar la terminación o interrupción del embarazo por indicaciones médicas, sino que también se sienten inhabilitados por la prohibición, además de estar muy atemorizados incluso de hablar con otros colegas médicos de opciones de tratamientos en situaciones que requieren con urgencia de las decisiones médicas y se encuentran indispuestos a expedir certificados de defunción o registro de pacientes con exactitud.
Estas circunstancias violan la obligación de Nicaragua hacia la libertad de información y de expresión. Son circunstancias que ridiculizan la ciencia médica y hacen de la ley un arma fuerzan a la política y a la religión hacia salas médicas donde sólo pertenecen las éticas medicas reconocidas y las mejores prácticas médicas.
La penalización del aborto significa que es más probable que las mujeres se enfrenten a un gran riesgo, métodos clandestinos para terminar el embarazo y después para evitar ser procesadas, seguramente no busquen ningún tratamiento médico para aliviar cualquier complicación que pudiera existir.
Es aún escandaloso saber que, de acuerdo al personal del Ministerio de Salud de Nicaragua, en las primeras 19 semanas de este año, 33 mujeres y niñas han muerto por complicaciones durante el embarazo, en contraposición a las 20 muertes durante el mismo período el año pasado. El 16% de las muertes maternas en 2009, son la consecuencia inevitable de las complicaciones resultantes de los abortos inseguros.
Nuestros colegas de la ONG nos informaron también del aumento significativo en suicidios entre mujeres y niñas en 2008, y expresaron su miedo ante el número actual de suicidios debido a los embarazos no deseados, ya que el número es mayor del que se ha establecido oficialmente.
Si este es el costo humano, sólo podría revisar el impacto humano, cuando por más de cinco horas la semana pasada, enfrente los ojos de una niña mientras se llenaban de miedo y pena al decirme- cara a cara- de terror, de indignidad, de humillación y de dolor físico, de su experiencia regalada por las autoridades que pasaron y borraron esta ley.
12 años de edad. 14 años de edad. 16 años de edad: niñas que han sido sujetas a violencia sexual a manos de miembros de la familia cercana o amigos, fueron obligadas a llevar por completo el embarazo- dar a luz en algunos casos a sus propios hermanos o hermanas- porque se les negó por la ley el acceso a otras alternativas.
También fuimos informados de una mujer embarazada que sufrió de cáncer de cérvix avanzado. El tratamiento correcto para el cáncer que ella requería era urgente y no compatible con el embarazo. Completamente consciente de sus obligaciones hacia sus cuatro hijos, optó por el tratamiento para salvar su vida, arriesgado una penalidad legal porque el cuidado terminaría con su embarazo. Esta situación humilla tanto a doctores como a la ciencia médica.
Las siluetas, que ven ante ustedes, nos recuerdan a todos que en Nicaragua, ningún doctor puede estar seguro de que puedan continuar su práctica médica si hablan en público en contra de la ley, o que no se le puede prometer a ninguna niña o mujer que si ejercen sus derechos humanos o desafían la ley, ellas no serán criminalmente sancionadas.
Mientras las niñas embarazadas como resultado del incesto tuvieron el coraje de aceptar nuestra invitación para reunirnos en privado, el Presidente Ortega fue al contrario. Él no tuvo el valor de defender la ley, para rendir cuentas o para comprometerse a su derogación urgente. A pesar de las múltiples peticiones, sólo el Ministro de Salud estuvo de acuerdo en reunirse con nosotros, pero no ofreció ninguna garantía que los doctores pudieran practicar el mejor cuidado médico sin miedo a las repercusiones.
Hoy AI inicia una campaña para enfocarnos a la preocupación mundial en el estado de la mortalidad y maternidad prevenible en Nicaragua. Lo hacemos en conjunto con los defensores de derechos humanos en Nicaragua, que su valor y compromiso, dan autoridad a este reporte. Y lo hacemos bajo la campaña mundial de AI para exigir dignidad, trabajando para fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos humanos globalmente.
Por la dignidad humana en Nicaragua, Amnistía Internacional pide a las autoridades nicaragüenses a:
- Eliminar inmediatamente la ley que prohíbe toda forma de aborto.
- Garantizar la seguridad y el acceso a los servicios de aborto por víctimas de violación y a mujeres cuya vida o salud puedan estar en riesgo si se continúa el embarazo.
- Proteger la libertad de expresión para aquellos que hablen en contra de la ley y ofrecer apoyo comprensivo a mujeres y niñas afectadas por la ley.
Amnistía Internacional también llama a la Suprema Corte de Nicaragua a emitir una decisión sobre la legalidad y constitucionalidad de la ley como una cuestión de máxima urgencia.
Esta semana, miré a los ojos de una madre joven- quien por su cuenta sin apoyo de su familia y frente al prejuicio de la comunidad, debe de educar a su hija/hermana. Bajo su mirada, ningún adulto puede no sentir pena.
Pero me dijo “Le cuento mi historia porque creo que la puede contar a otros, para que en algún lugar, de alguna manera, alguna otra niña no tenga que vivir con lo que yo tengo que vivir- todos los días”.
Hoy, porque ella nos lo pidió, AI pide al mundo que miren dentro de los ojos de las autoridades Nicaragüenses y exijan dignidad para las mujeres y las niñas, quienes se han comprometido a evitar la mortalidad materna, y que a través de sus leyes y políticas, las están traicionando.
