Elecciones chilenas con pronóstico reservado

Prensa Latina

En vísperas de las elecciones en Chile, el panorama es hoy complejo, pues al parecer ningún candidato ganará en primera vuelta del próximo domingo y todo apunta a un balotaje el 19 de diciembre para conocer al próximo presidente.

Siete candidatos de un amplio espectro político aspiran al Palacio de La Moneda, pero la casi totalidad de los estudios de opinión coinciden en señalar que quienes tienen mayor intención de voto no llegan al 30 por ciento.

Las encuestas, que en los dos últimos años fallaron en sus predicciones electorales, ubican en los primeros lugares a Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, y al ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano.

Ninguno de los dos forma parte de los partidos que gobernaron el país durante las últimas tres décadas, lo cual obedece al descrédito de las formaciones políticas tradicionales, sobre todo después del estallido social de 2019.

Boric, con solo 35 años, es el aspirante más joven a la presidencia chilena, proviene de las manifestaciones estudiantiles de 2011 y es actualmente diputado por el distrito 28 de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Kast, del Partido Republicano, es un defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y sus posiciones son cercanas al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y al exmandatario norteamericano Donald Trump (2017-2021).

De origen alemán, Kast ha estado en el centro de la polémica por negar los asesinatos y desapariciones durante la dictadura pinochetista, pretender cavar una zanja en la frontera para impedir el paso a los migrantes o separar al país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Son dos visiones muy distintas: una de Boric que quiere avanzar en los cambios para que haya más estabilidad y otra que apuesta a la confrontación, a la negación de los problemas y a ponerlos debajo de la alfombra, como es el caso de Kast, dijo el diputado Giorgio Jackson.

En la carrera por la presidencia compiten también Yasna Provoste, de la coalición de centroizquierda Nuevo Pacto Social; Sebastián Sichel, de la oficialista Chile Podemos Más; Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista; Eduardo Artés, de Unión Patriótica, y el economista Franco Parisi, del Partido de la Gente.

Pero, a pocos días de los comicios, 58 por ciento de los electores no sabe por quién votar, según un estudio publicado por la Consultora Rebaño, un laboratorio de comunicaciones basado en inteligencia digital.

A ello se suma el problema estructural de la abstención. Desde que se aprobó el voto voluntario en 2012 la asistencia a las urnas cayó en picada, al punto de que el actual Congreso Nacional fue electo en 2017 con 48 por ciento y el presidente Sebastián Piñera con el 50.

Cualquiera que resulte electo para el período 2022-2026 deberá enfrentar un escenario difícil, marcado por los problemas sanitarios, económicos y sociales derivados de la Covid-19. La pandemia está controlada en el país, donde se registraron más de 38 mil muertes y 1,7 millones de contagios, aunque en los últimos meses hay un repunte de los casos.

A lo anterior se suma la crisis migratoria en el norte y el conflicto en la región sureña de La Araucanía, en la que el pueblo mapuche reclama la devolución de tierras ancestrales. Quien reemplace a Piñera en el Palacio de La Moneda deberá encauzar el proceso en curso para dotar al país de una carta magna que reemplace a la vigente desde la época de la dictadura.

Este fue uno de los reclamos del estallido social de 2019, y un año más tarde el pueblo decidió por abrumadora mayoría (78 por ciento) cambiar la constitución, a fin de fortalecer el papel del Estado y garantizar los derechos sociales a todos los chilenos.

La convención encargada de redactar el texto está integrada por 155 constituyentes, entre ellos 17 representantes de los pueblos originarios, y tendrá un plazo de nueve meses, prorrogables por tres más, para elaborarlo.

El próximo presidente deberá acompañar el proceso hacia la implementación de la nueva carta fundamental, que tendrá que ser sometida a mediados de 2022 a un referendo para su ratificación.

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