Giorgio Trucchi
El 28 de noviembre, más de 5 millones de hondureños serán llamados a elegir al presidente de la República, a 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y más de 2 mil regidores. A medida que se acerca la fecha electoral, se polariza el ambiente político, se agudiza el conflicto y crece la tensión social.
Nadie olvida la violenta represión de 2017 contra quienes protestaban por el burdo fraude electoral que prolongó la agonía del actual régimen. En aquella ocasión, más de treinta personas perdieron la vida de forma violenta y estos crímenes quedaron en total impunidad.
Los hechos sangrientos de los últimos días vuelven a despertar los fantasmas de la violencia y la represión. El 11 de noviembre, el candidato a regidor por el Partido Liberal, Óscar Moya, fue ultimado de varios balazos en Santiago de Puringla (La Paz). Dos días después fue asesinado el alcalde de Cantarranas (Francisco Morazán) y aspirante a la reelección, siempre por el Partido Liberal, Francisco Gaitán.
Al día siguiente perdieron la vida de forma violenta el dirigente del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Elvir Casaña, y un activista del Partido Liberal, Luis Gustavo Castellanos, respectivamente en San Luis (Santa Bárbara) y San Jerónimo (Copán). En el ataque mortal contra Castellanos fueron heridos otros dos activistas.
El 15 de noviembre, otro ataque acabó con la vida de Darío Juárez, aspirante a vicealcalde por el Partido Liberal del municipio de Concordia (Olancho). Dos días después, desconocidos atentaron contra la vida de Héctor Estrada, candidato independiente a la alcaldía de Campamento (Olancho) y Juan Carlos Carbajal, candidato a alcalde de El Progreso por el Partido Salvador de Honduras.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), son más de 30 las muertes violentas registradas en el marco del actual proceso electoral, que se perfila como hasta más violento que el del año 2017.
El Observatorio reportó hasta el 25 de octubre al menos 64 casos de violencia electoral, entre ellos 27 homicidios y 11 atentados. A estos hay que sumarles los más recientes ataques que segaron la vida de cinco personas en cinco días (como se detalla más arriba) y otros ataques no mortales.
La Oacnudh condenó los actos de violencia electoral “que afectan el derecho a la participación política” e instó a las autoridades a llevar cabo “investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales”.
Una herencia de impunidad
“Estos asesinatos de liderazgos locales son el preludio de lo que podría suceder durante y después de las elecciones. Recordemos que todo esto ocurre luego de la aprobación en el Congreso de reformas y leyes que profundizan la criminalización de la protesta social y la movilización ciudadana”, advirtió Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). “Prácticamente han venido legalizando la represión contra quienes manifiestan su descontento y defienden los derechos humanos. Estos son los resultados”, agregó.
En el 2017, la represión contra quienes protestaban por el fraude electoral orquestado por el oficialista Partido Nacional cobró la vida de 37 víctimas inocentes (Cofadeh 2018). De todos estos casos solamente uno se logró judicializar y el agente acusado de disparar y asesinar fue sobreseído.
“Nunca se investigó a la cadena de mando, ni el contexto en que se ocasionaron estas muertes. La dictadura le dio a la policía militar garantías de impunidad para capturar, torturar y ejecutar a opositores en las calles. Esto no hace más que generar las condiciones para que eventos similares y hasta más violentos se repitan”, vaticinó la defensora de derechos humanos.
En este sentido, Cofadeh estará monitoreando y denunciando tanto los delitos electorales que se cometan antes y durante la jornada electoral, como las violaciones contra las personas que ejerzan su derecho al voto.
Tres para una silla
De los 16 aspirantes a la presidencia, solamente tres tienen posibilidades reales de alcanzar la victoria: Xiomara Castro, del opositor Partido Libre, quien puntea las principales encuestas; Nasry “Tito” Asfura Zablah, del Partido Nacional, principal contrincante de la ex primera dama y Yani Rosenthal, del Partido Liberal, representando al otro partido tradicional de Honduras y con escasas posibilidades de victoria.
Para Xiomara Castro se trata de su segundo intento de llegar a la presidencia del país, tras las denuncias de fraude y la cuestionada derrota sufrida en 2013 a manos de Juan Orlando Hernández.
Después de la presentación pública de su “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026”, Castro y Salvador Nasralla (Partido Salvador de Honduras) conformaron una alianza, a la que se sumó el Partido de Innovación y Unidad (Pinu), sectores del Partido Liberal y una candidatura independiente. En aras de sumar esfuerzos y votos potenciales, Nasralla renunció a su candidatura presidencial y apoyó a la de Libre.
Nasralla, un excéntrico y reconocido conductor de programas deportivos, fue candidato presidencial en 2017 de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que también integraron Libre y el Pinu y que recibió el apoyo de un amplio abanico de organizaciones sociales, populares y sindicales.
En aquella ocasión, la Alianza denunció la inconstitucionalidad de una nueva candidatura de Juan Orlando Hernández, ya que en Honduras la Carta Magna prohíbe la reelección presidencial. Asimismo, se movilizó durante semanas contra el fraude electoral que privó a Nasralla de la silla presidencial, con el consenso tácito de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA.
“Tito” Asfura, conocido popularmente como “Papi a la orden”, ha sido alcalde de Tegucigalpa durante dos períodos (2014-2022) por el partido de gobierno. Empresario con más de 30 años ocupando puestos gubernamentales y legislativos, fue accionista de una sociedad offshore en Panamá mientras era funcionario público. Al final, dicha sociedad terminó bajo el control de Banco Ficohsa, propiedad de la poderosa familia Atala Faraj.
En junio de este año, la Corte de Apelaciones declaró “en suspenso” un antejuicio en contra del candidato oficialista por los delitos de abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. Para poder avanzar, el Tribunal Superior de Cuentas tendrá que llevar a cabo una auditoría especial sobre los fondos cuestionados por el Ministerio Público.
De acuerdo con informaciones publicadas en los últimos días, el nombre del exalcalde de Tegucigalpa ha sido relacionado con el sonado caso de corrupción “Diamante”, que involucra al alcalde de San José, Costa Rica, Johnny Araya, quien está siendo investigado por las autoridades costarricenses por supuestos sobornos a cambio de obras públicas.
El tercer candidato es el exdiputado y banquero Yani Rosenthal, quien en 2017 fue acusado y sentenciado a tres años de cárcel en Estados Unidos por participar en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita (lavado de dinero del narcotráfico). Se entregó voluntariamente y fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Regresó a Honduras a mediados de 2020.
Tanto las investigaciones realizadas por los fiscales estadounidenses como los Pandora Papers revelaron la conexión que existía entre la familia Rosenthal, una de las más ricas de la región, y varias sociedades offshore que habrían sido usadas para lavar dinero.
Programas y propuestas
Si en su plan de gobierno, Xiomara Castro señala la necesidad de reconstruir la democracia quebrantada por el golpe de 2009 y refundar el país a través de una Asamblea Constituyente que “reúna a todos los sectores para convenir las bases legales de su convivencia futura en un nuevo orden consensuado”, enrumbando la nación hacia la construcción de un estado socialista democrático, tanto Asfura como Rosenthal proponen las mismas desgastadas recetas neoliberales que han llevado Honduras a ubicarse entre los países más pobres y desiguales del continente.
“Xiomara propone un gobierno de reconciliación nacional que agregue a todos los sectores de la oposición. Un gobierno que tiene el objetivo de superar estos años tan nefastos que han profundizado el modelo neoliberal, privatizando servicios, concesionando territorios, entregando bienes comunes, expandiendo el extractivismo, poniendo en venta la soberanía nacional”, dijo Gilberto Ríos, candidato a diputado por Libre.
El dirigente social explicó que el plan de gobierno de Libre propone pasar de un Estado profundamente oligárquico a uno socialista democrático. Entre muchos otros puntos se pretende derogar todas aquellas leyes y reformas aprobadas por la dictadura, que perjudican profundamente los intereses y derechos de la inmensa mayoría de la población hondureña.
Estamos hablando, entre otras, de la Ley de Empleo por Hora que profundiza la precarización laboral y anula los derechos de las y los trabajadores, la Ley de Secretos que no permite la auditoría pública a los fondos del Estado, así como la Ley de Escuchas que permite espiar a la oposición política y la Ley Orgánica de las ZEDE que violenta la soberanía nacional. También se espera revertir las reformas aportadas al Código Penal que criminalizan la protesta y movilización social.
“Va a ser un gobierno más redistributivo, de obras y proyectos sociales, que defiende los derechos humanos, consecuente con las necesidades y la seguridad de la población. En este sentido – aclaró Ríos – nos diferenciamos de los demás candidatos y partidos políticos porque son abiertamente neoliberales y representan los intereses de la oligarquía hondureña, del capital transnacional y el viejo bipartidismo. De eso se trata: derrotar al bipartidismo tradicional y al neoliberalismo”.