El viceministro de Gobernación, Luis Cañas, aseguró el lunes que en Nicaragua no hay presos políticos y desmintió supuestos abusos de los derechos humanos en el sistema penitenciario nacional.
Las declaraciones de Cañas ocurrieron luego que la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, entregara a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz un informe sobre la situación de los presos vinculados a los incidentes violentos iniciados en abril, que devinieron intento de golpe de Estado.
En Nicaragua no hay ningún preso político y el informe que presentó la ministra recoge que esos reclusos -calificados aquí de terroristas y golpistas- han recibido tres mil 815 atenciones, incluidas atenciones médicas y visitas, entre otros beneficios acorde a las leyes, puntualizó.
Estas se refieren a 720 visitas familiares, 198 conyugales y 551 médicas, así como mil 355 actividades de sol y 604 de pases de paquetes, acorde con lo informado.
Sobre esto último, Cañas señaló que los detenidos no solo reciben paquetes cuando tienen visitas, sino que, además, tienen derecho a esos envíos por parte de los familiares cada 15 días.
Ante preguntas de periodistas, el viceministro precisó que en la actualidad hay detenidas en el sistema penitenciario 273 personas relacionadas con los hechos violentos desatados el 18 de abril, de las cuales 256 son hombres y 17 mujeres. Cañas aseveró que a todos ellos se les brinda la misma atención que se le ofrece a cualquier preso nicaragüense o de otra nacionalidad.
Por otra parte, afirmó que ninguna las mujeres presa por los citados incidentes padece de enfermedad terminal como cáncer, según recogen determinados medios de comunicación.
Asimismo, indicó que si las autoridades se pusieran a atender las noticias falsas y malintencionadas que circulan por redes sociales y algunos medios de prensa, no trabajarían.
El informe entregado a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz -encargada de analizar y esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis sociopolítica- va acompañado con imágenes que testifican el respeto a los derechos humanos de los reclusos, pese a lo atroz de algunos de sus crímenes.