A pesar de que en un inicio se la acusó de facilitar los delitos a un grupo de sacerdotes, ahora enfrenta cargos por las comisión de los mismos.
Kumiko Kosaka, una monja de origen japonés que reside en Argentina, está volviendo a atravesar una etapa de audiencias ante la Justicia local tras haber recibido una nueva acusación de abusos sexuales a menores sordos en el Instituto Próvolo de la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, cuyo establecimiento depende directamente del Vaticano. La implicada se desempeñó allí entre los años 2004 y 2012.
La mujer, de 43 años, quien niega todos los cargos en su contra, se encuentra detenida desde octubre del 2017 en un centro católico mientras aguarda que comience el juicio penal. La Primera Cámara del Crimen determinó que no era necesario encerrarla en una cárcel común al considerar que su comportamiento no representa un obstáculo para el normal desarrollo de las investigaciones.
El caso Próvolo y la indignación de toda una provincia
El escándalo de abusos sexuales en el instituto católico se desató en noviembre de 2016, a raíz de una denuncia que abrió una causa judicial para indagar todos los hechos. El caso Próvolo significa, en efecto, la investigación más importante en la historia provincial sobre abusos en el marco de la Iglesia Católica.
Los implicados principales son los sacerdotes Horacio Corbacho y el italiano de 83 años Nicola Corradi, actualmente en prisión preventiva, quien también recibió una orden de detención en la ciudad de La Plata y graves acusaciones en su país de origen por posibles vejaciones a chicos con problemas auditivos, aunque las causas tramitan de forma separada.
Todos los presuntos delitos se dieron en las distintas sedes que tiene el instituto. En el caso de Mendoza, también se involucra al empleado Armando Gómez. Así, los acusados serán juzgados a partir del 5 de agosto. Por otro lado, el exmonaguillo Jorge Bordón ya reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado sobre el mismo caso y fue condenado en 2018 a diez años de cárcel por haber abusado de cinco niños. Además, el lugar fue clausurado en marzo del 2017.
Primero fue señalada como «partícipe»
Inicialmente, la monja, que continúa siendo indagada, fue señalada como la entregadora, es decir, la persona que les facilitaba los delitos a esos sacerdotes. De hecho, las víctimas la reconocían como la «monja mala». Entre otras acusaciones, se sostuvo que Kosaka habría violentado la privacidad de los niños mientras se bañaban y también cuando dormían. Sin embargo, el relato que estremeció a toda la provincia fue el de una de las aparentes víctima, quien detalló que la religiosa le colocó un pañal para contener el sangrado y así esconder los rastros de una posible violación con acceso carnal.
Tras estas graves acusaciones, en mayo del 2017 fue detenida e imputada por su presunta participación en los abusos. Así, estuvo algunos meses en un penal de mujeres llamado Agua de las Avispas, hasta que la Justicia le concedió la prisión domiciliaria, a pesar de la apelación de la Fiscalía y las familias involucradas.
Casi logró la libertad
En abril de este año, tras un proceso de audiencias, Kosaka estuvo a punto de quedar en libertad. De hecho, la Justicia le había otorgado la liberación bajo una fianza de 2 millones de pesos (unos 49.000 dólares).
No obstante, recibió otra acusación y por ello el fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la división de Delitos Contra la Integridad Sexual, solicitó una nueva detención. Por ese motivo, y aunque no haya recibido una sentencia en su contra, todavía permanece en el centro religioso con una tobillera electrónica.
Ahora también se la acusa de abuso sexual
En la denuncia más reciente que recae sobre la religiosa, un joven —que en ese momento tenía siete años— afirma que Kosaka le pedía que la masturbara a ella y también a otras niñas del lugar. El testimonio se conoció después de las primeras acusaciones, y por eso recién ahora la jueza Mariana Gardey debe definir si ordena la prisión preventiva o la puesta en libertad de la monja envuelta en la polémica.
Asimismo, la magistrada también tiene que decidir si se eleva a juicio la causa inicial sobre abusos sexuales simples, corrupción de menores y la omisión de denunciar una veintena de hechos que se le endilgan a los sacerdotes y al empleado del instituto.
- Ella sostiene su inocencia
- Asesorada por sus abogados, la religiosa se basa en la presunción de inocencia que rige en el sistema penal argentino para negar los cargos, es decir, que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, en una entrevista con Diario Uno, aseguró: «Nada de lo que dicen es cierto. Hay pruebas contundentes, concretas que demuestran que todo es falso y mis abogados lo van a exponer al momento del juicio».
Además, publicó una grabación con la intención de limpiar su imagen: «Pido un juicio justo porque mis derechos están siendo vulnerados», expresó en el video, que cuenta con una notable producción audiovisual.
¿La Iglesia encubrió?
Tras conocerse el escándalo del Próvolo, el Vaticano —bajo la dirección del papa Francisco— envió a dos curas para investigar los casos por su cuenta, de forma paralela a la Justicia argentina. Esto es habitual en la Iglesia ante esta clase de situaciones. No obstante, aquellos representantes de la Santa Sede, Dante Simón y Juan Martínez, fueron denunciados por abogados querellantes y otras agrupaciones dedicados a casos de abusos.
Los denunciantes sostienen que ocultaron datos sensibles sobre el escándalo, y que no les aportaron su información a las autoridades locales. Los fiscales, sin embargo, no dieron lugar a las denuncias contra los enviados del papa.
Por su parte, Simón y Martínez contestan en entrevistas que no escondieron nada. Agregan que si la Justicia requiere su información puede obtenerla, y que en la última década la postura institucional eclesiástica por los abusos cambió de forma radical: quien esté implicado, será expulsado sin miramientos. Explican, también, que así como existe el secreto de sumario en la justicia tradicional, la Iglesia tiene su secreto canónico, a menos que las autoridades estatales requieran información.
Con este marco, el futuro inmediato de la monja Kumiko Kosaka está por definirse. Los chicos del Próvolo esperan verla encerrada, a la espera de un juicio definitivo.