Regular el uso del aire acondicionado en edificios públicos y en grandes espacios utilizados para la recreación, la cultura, comercio, industrias, almacenes, hoteles, aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses, es una de las primeras medidas que entrará en vigencia en España a partir del miércoles, tras el decreto real de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el gobierno.
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado la semana pasada, entre las medidas más urgentes está limitar a un mínimo de 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a un máximo de 19 grados la calefacción en invierno. Además, en los lugares mencionados también están obligados a apagar las luces de las vitrinas o «escaparates» a partir de las 10 de la noche, así como el alumbrado en las edificaciones que estén desocupadas.
A finales de mayo, el Consejo de Ministros de España aprobó un «Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética», dirigido a la Administración General del Estado y a las entidades del sector público estatal, para «racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas, así como el establecimiento de formas de organización del trabajo de los empleados públicos», para garantizar «la plena prestación de los servicios y la atención a los ciudadanos».
Según el gobierno español, el paquete de medidas «es uno de los compromisos contemplados en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania», que aprobó el Consejo de Ministros a finales de marzo, al asegurar que el «conflicto bélico ha hecho elevar el precio de los combustibles en Europa a niveles históricos y ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética».
Las medidas, que según el decreto tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023, excluye la obligatoriedad de limitar las temperaturas en el uso de los aires acondicionados a centros sanitarios y hospitalarios, recintos educativos, desde guarderías hasta universidades, peluquerías, lavanderías, gimnasios y todos los tipos de transporte existentes.
En el caso de los hoteles, la medida se regirá de dos maneras. El consumo eléctrico en las habitaciones, por ser de carácter privado, queda exento, mientras que en los lugares comunes, incluyendo cafeterías, bares, restaurantes, entre otros, sí se aplicarán las regulaciones que estipulan multas de hasta 60.000 euros en el caso de «infracciones leves»; de hasta seis millones para las «graves»; y hasta 100 millones para las «muy graves».
«El objetivo es racionalizar el uso de edificios e instalaciones administrativas y establecer formas de organización en el trabajo que propicien ese ahorro. Entre las medidas destaca el establecimiento de horarios de encendido y apagado de edificios, el refuerzo del trabajo a distancia o el incentivo del uso del transporte público», señaló el gubernamental Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que promueve la medida junto a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), y Hacienda y Función Pública con una intensa campaña de redes y medios de comunicación.