* Oposición en Nicaragua no tiene “otro programa que no sea su oposición a Ortega: de hecho, mandó representantes a Washington para dar su apoyo a la Ley NICA (ACT), lo cual están en su derecho de hacer en Nicaragua en uso de su libertad de expresión, pero que en muchos otros países les valdría ser arrestados por traición a su regreso”.
El día antes del receso navideño, dos senadores demócratas se unieron a los republicanos para aceptar a trámite el proyecto de la llamada Ley NICA que, de aprobarse, obligaría al gobierno estadounidense a vetar los préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Aunque todavía falta para que se convierta en ley, dicho proyecto se perfila como una seria amenaza para el progreso social del país centroamericano.
Fue la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, hostil desde hace tiempo a todos los gobiernos progresistas en América Latina, quien apadrinó originalmente el proyecto de ley. A nadie sorprendió que recibiera el apoyo de otros senadores derechistas como Ted Cruz y Marco Rubio.
Desde que el ex líder guerrillero Daniel Ortega ganó las elecciones para un nuevo mandato como presidente de Nicaragua en 2006, ha tenido que enfrentarse a la renovada hostilidad de Estados Unidos,
Pero lo que ha resultado sorprendente es que los senadores Leahy (Demócrata -Vermont) y Durbin (Demócrata -Illinois), dos destacados opositores al apoyo estadounidense al gobierno de derecha en la vecina Honduras, hayan añadido ahora también sus nombres al proyecto de ley NICA.
¿A qué obedece la presentación de dicho proyecto de ley? Desde que el ex líder guerrillero Daniel Ortega ganó las elecciones para un nuevo mandato como presidente de Nicaragua en 2006, ha tenido que enfrentarse a la renovada hostilidad de Estados Unidos, aunque mucho más suave en las formas que de la que fue objeto durante la guerra de la Contra en los años ochenta. Sus oponentes se centran en el supuesto afán de Ortega por aferrarse al poder, especialmente después de que los tribunales anularan la provisión constitucional que impedía a los presidentes postularse para un segundo y ulteriores mandatos.
Su frustración no hizo más que intensificarse cuando su esposa, Rosario Murillo, figura clave en los gobiernos de Ortega desde el principio, se convirtió en vicepresidenta tras las últimas elecciones generales. Más recientemente, el blanco de las críticas ha sido el proceso que se siguió para celebrar elecciones municipales en noviembre pasado, en las que la mayoría de los pueblos y ciudades del país reeligieron a alcaldes sandinistas. Fue precisamente por el supuesto sesgo en el proceso electoral que se concibió la propuesta de Ley NICA.
La Organización de Estados Americanos mandó observadores para supervisar las votaciones en las últimas elecciones que se celebraron, y declaró justo el resultado.
Pero el momento en que se produce la aceptación a trámite del proyecto de ley por parte del Senado, así como lo que la motiva, no dejan de ser curiosos. En primer lugar, las elecciones municipales ya se celebraron, los resultados no fueron sorprendentes ni inesperados y la Organización de Estados Americanos, que mandó observadores para supervisar las votaciones, declaró justo el resultado, a pesar de que propuso varias recomendaciones para mejorar el proceso electoral (que fueron aceptadas por el gobierno).
En segundo lugar, el verdadero escándalo electoral en Centroamérica es el de Honduras, para el que todas las críticas que Cruz dedica a Nicaragua se aplican con creces, ya que las elecciones celebradas allí en noviembre se consideran mayoritariamente un fraude, incluso por parte de la OEA. Esto, por supuesto, no ha impedido que el gobierno de los Estados Unidos reconozca los resultados, que favorecen a su aliado, el actual presidente Juan Orlando Hernández (para ser justos, el senador Leahy ha sido muy crítico con Hernández y las elecciones en Honduras).
En tercer lugar, nadie que conozca mínimamente Nicaragua puede creer que la oposición al gobierno de Ortega tuviera posibilidad alguna de éxito en dichas elecciones: el apoyo que recibe repetidamente en las encuestas independientes es escaso, frente al 75% o más que obtiene el gobierno. Tampoco tiene otro programa que no sea su oposición a Ortega: de hecho, mandó representantes a Washington para dar su apoyo a la Ley NICA, lo cual están en su derecho de hacer en Nicaragua en uso de su libertad de expresión, pero que en muchos otros países les valdría ser arrestados por traición a su regreso.
Por supuesto que hay controversias políticas en Nicaragua, sobre todo relativas al proyecto de canal interoceánico. Open Democracy/DemocraciaAbierta ha publicado artículos de Luciana Téllez Chávez, Robert Soutar y otros sobre esta cuestión, argumentando que el gobierno ha mostrado su cara más autoritaria en su determinación de llevar a cabo el proyecto – críticas que, como he argumentado, tienen que ver más con la frustración por el fracaso de las políticas de oposición en general en Nicaragua que con las consecuencias ambientales y de derechos humanos del canal.
En cualquier caso, todo esto sería casi irrelevante si el proyecto NICA llega a convertirse en ley. Porque significaría que Estados Unidos votaría en contra de los préstamos de instituciones financieras internacionales hasta que Nicaragua, a juicio del gobierno de Estados Unidos, hubiese tomado medidas efectivas para «luchar contra la corrupción y promover la democracia, la libertad de expresión, la sociedad civil y el estado de derecho».
Aparte del descaro y la hipocresía que supone que los Estados Unidos se otorguen ese rol, dada su postura sobre Honduras y otros países, ¿hay alguien que sepa cuánto tiempo podría tomar esto?
¿Cómo usa el gobierno nicaragüense el apoyo que recibe de las instituciones internacionales? Un buen ejemplo es un proyecto actual del Banco Mundial para mejorar el acceso a los servicios de salud y reforzar el derecho a la tierra. Tanto el Banco Mundial como el FMI, donde los representantes estadounidenses votarían en contra de préstamos futuros, han anunciado nuevos paquetes de apoyo para 2018 y alabado el uso que ha hecho Nicaragua de los préstamos anteriores.
«¿Cómo podemos, en conciencia, apoyar una medida que castigaría al país más pobre de América Central?» se pregunta Vicente González, demócrata de Texas
Además de proyectos específicos, el gobierno de Ortega ha utilizado el apoyo financiero que recibe para reducir la pobreza, mejorar drásticamente el sistema escolar y desarrollar los servicios de salud. Sus logros en los últimos diez años son innegables: sin ir más lejos, Nicaragua fue uno de los primeros países de América Latina en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU para la reducción de la pobreza.
El demócrata de Texas Vicente González fue el único que se opuso al proyecto impulsado por Ros-Lehtinen durante el debate en el Senado. Señaló el hecho de que son pocos los nicaragüenses que emigran a los Estados Unidos debido al éxito de su gobierno en la lucha contra la pobreza, el tráfico de drogas y el crimen en general, en contraste con los demás países que separan Nicaragua de la frontera con México.
Nicaragua es ahora uno de los países más seguros del hemisferio. «Promulgar este proyecto de ley podría tener graves consecuencias en la región», dijo González. «¿Cómo podemos, en conciencia, apoyar una medida que castigaría al país más pobre de América Central?»