Santiago Masetti-CLAE | Sur y Sur
Desde hace días, Washington opera en Honduras para desestabilizar al Gobierno, con el fin de condicionar a las instituciones, desgastar a los candidatos del oficialismo y planificar una nueva asonada antidemocrática en la patria de Francisco Morazán. Las intervenciones, directas e indirectas, de Estados Unidos en Honduras fueron moneda corriente durante todo el siglo XX y en lo que va de la actual centuria vienen siendo particularmente agresivas.
La más grave de las últimas intervenciones tuvo lugar en 2009. Agentes estadounidenses entrenaron a las fuerzas de seguridad hondureñas para la represión que se desató tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Mel Zelaya. Asimismo, sobran pruebas de la complicidad de Washington en los fraudes electorales de 2013 y 2017 que convirtieron a Honduras en una de las naciones más pobres, desiguales y peligrosas del mundo.
Ese proceso de deterioro económico, social y político comenzó a revertirse en 2021, con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de la nación, de la mano del partido Libertad y Refundación (Libre). Esta semana, circuló en diferentes medios de comunicación locales que China alertó a las autoridades hondureñas acerca de un plan de desestabilización destinado a provocar un nuevo golpe de Estado.
La información describe los pasos para agredir a un gobierno determinado. La primera fase consiste en generar dudas entre la población y así provocar inestabilidad en su institucionalidad; la segunda, emitir una orden de extradición contra un funcionario de alto nivel sin el fundamento necesario y por último relevar el mando principal del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, e iniciar una insurrección de las tropas contra el poder ejecutivo.
La operación golpista orquestada por Estados Unidos y revelada por las autoridades chinas comenzó el miércoles pasado tras la reunión que mantuvieron el entonces ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, respectivamente, con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Menos de 24 horas después del encuentro entre los altos funcionarios de Honduras y Venezuela, la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionó la reunión y acusó al ministro venezolano de «narcotraficante».
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, entendió el mensaje de Dogu como injerencia en los asuntos internos y llamó a dar por finalizado al Tratado de Extradición que su país tiene con Estados Unidos desde 1912, época aquella que se caracterizó por las intervenciones armadas estadounidenses en Centroamérica, elemento central de la denominada “diplomacia del garrote”, aplicada por Washington en toda América Latina y el Caribe.
Los cuestionamientos y declaraciones de corte injerencistas de la diplomática estadounidense contra el actual gobierno hondureño no son nuevos. El 3 de mayo de 2022 condenó la reforma de los servicios energéticos, con la cual las autoridades declararon a los mismos como bien público y parte de los derechos humanos. En sus argumentos injerencistas, la diplomacia estadounidense hablaba de un supuesto efecto negativo sobre las inversiones argumentando que habría un efecto negativo sobre las inversiones privadas extranjeras.
En marzo de 2023, Dogu opinó sobre los efectos, para ella dañinos, de la reforma tributaria para inversiones y empleo, alentada por la bancada de Libre en el Congreso. En noviembre de ese mismo año, cuestionó al Ministerio Público por las acusaciones de fraude contra las autoridades del derechista Partido Nacional y en julio de este año se opuso públicamente a la construcción de una cárcel en la isla del Cisne.
Operaciones, acusaciones y renuncias
Cuando a fines de junio pasado se conoció la sentencia de la justicia estadounidense que condenó a 45 años de cárcel al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH) por narcotraficante, todo hacía suponer que el panorama para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025 y la llegada de la candidata de Libre, Rixi Moncada, a la presidencia serían de cierta tranquilidad; que todo era una cuestión de tiempo.
Sin embargo, la derecha y los alfiles de la política estadounidense para Honduras, se enfilaron hacia una operación mediática que busca desgastar al oficialismo, generar el caos, producir una división en el seno de las Fuerzas Armadas y agredir a las instituciones democráticas. La misma consistió en la viralización de un video filmado en 2013, donde aparecía el diputado oficialista, Carlos Zelaya, en una reunión con un narcotraficante vinculado a la DEA.
Al conocer la existencia de este video el legislador del oficialismo se anticipó a la operación y explicó que el encuentro se debió a uno de los tantos que se suele tener en tiempos de campañas electorales, que efectivamente había “caído en una trampa” y renunció a su bancada, poniéndose a disposición de la justicia.
Como gesto de buena voluntad y con el objetivo de no entorpecer la investigación, el ministro de Defensa de Honduras e hijo del diputado renunciante, José Manuel Zelaya, anunció el paso a un costado de su cargo el sábado último. A través de la red social X publicó: “Para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como ministro de Defensa ante la presidenta @XiomaraCastroZ resaltando la integridad y el honor de mi padre @CarlosZelayaR”.
El martes por la tarde, poco tiempo después de publicado el video en las redes sociales, la presidenta hondureña junto a la flamante ministra de Defensa y otros altos funcionarios, brindaron una cadena nacional donde la mandataria fue contundente y expresó: «Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos.
“Como lo expresé con anterioridad, después de las amenazas de la embajadora de Estados Unidos acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA y al ex ministro de Defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo.
“El plan para destruir mi Gobierno, socialista-democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas, de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional se están reorganizando en nuestro país para gestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler”, expresó Xiomara Castro.
Luego, tomó la palabra el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien leyó los 33 casos de narcotráfico abiertos en EU a figuras del derechista Partido Nacional y del Partido Liberal, entre los que se destacan Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, Fredy Nájera y Roberto Micheletti, entre otros.
Al cierre de la cadena nacional, Rixi Moncada recordó que luego del golpe de Estado en 2009 «todo el sistema de seguridad del Estado fue desmantelado, utilizando nuestro territorio como puente para introducir cocaína a EU, convirtiéndolo en un paraíso de narcotraficantes en los 12 años y 7 meses de narcodictadura”.
En ese sentido, la titular de la cartera de Defensa rememoró: «Se inhabilitaron los radares», y luego explicó: «La noticia criminis sobre la ruta y trazas del tráfico de drogas, utilizando nuestros mares y tráfico aéreo es controlada desde Cayo Hueso en EU».
Rixi Moncada y la resistencia militante
Con la renuncia de Zelaya a la cartera de Defensa, la ex funcionaria hondureña y actual candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, pasó a ocupar ese estratégico Ministerio, cuando juramentó este domingo en la Casa Presidencial. El recorrido de Moncada comienza antes del golpe de Estado, cuando fue ministra de Trabajo en 2006 durante los primeros años del gobierno de Mel Zelaya.
Unos años después se desempeñó en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Durante los años de persecución y encarcelamiento a los miembros de la “resistencia”, fue abogada defensora de militantes perseguidos, encarcelados y exiliados.
También llegó a ser la coordinadora legal para la creación de Libre, delegada de esa fuerza política en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ministra de Finanzas durante los primeros años de Xiomara Castro, cargo que tuvo que declinar para dedicarse de lleno a la campaña electoral de 2025.
Por su parte, las organizaciones políticas y sociales oficialistas convocaron para el 15 de septiembre próximo a una multitudinaria movilización en Tegucigalpa, en apoyo a la presidenta Xiomara Castro, en defensa de la independencia, por la construcción del socialismo democrático y contra los actos injerencistas que buscan el caos y la desestabilización.
Las amenazas lanzadas por la jefa del Comando Sur del Pentágono, la generala Laura Richardson, están haciendo efecto en nuestro continente y buscan dinamitar los gobiernos que no son serviles ante los intereses de Washington. Frente a ello, existe un pueblo que diagrama su presente y futuro. Recordando que fueron (y son) resistencia, los hondureños trabajan por una sociedad libre e independiente.