Mario Hubert Garrido │ Prensa Latina
Una gran expectación ronda a la audiencia programada para hoy del caso Odebrecht, el mayor juicio contra la corrupción en Panamá con acusados como dos expresidentes, ministros y varios funcionarios públicos.
La abogada y docente universitaria, Jacqueline Hurtado, señaló que el juicio, programado del 12 al 30 de este mes -pospuesto en julio por ausencias de letrados de la defensa debido a problemas de salud-, es una burla de la justicia a la ciudadanía que espera el desenlace, a cinco años de iniciada la investigación.
Sería una oportunidad de demostrar que el Órgano Judicial es imparcial o el comienzo de la transformación del sistema de justicia, aunque Hurtado considera que “ya hemos visto en otros juicios a enfermos mientras los juzgan y saltarines cuando los absuelven”. El pasado 18 de julio, la jueza Baloisa Marquínez pospuso para septiembre la vista.
La letrada citó normas del Código Procesal Penal, e indicó que la decisión respondía a la inasistencia injustificada de abogados de la defensa, además de la negativa de algunos de los 62 imputados a contar con ese beneficio por parte del Estado y solicitar ser representados por privados.
Esa audiencia comenzó con trasmisiones en vivo por televisión, pero al tribunal llegaron varias excusas (algunas médicas) de abogados defensores, razón por la que Marquínez suspendió el acto y lo reprogramó para la fecha alterna. Marquínez reiteró que acogerse a otra fecha solo es facultad que otorgan las leyes al Tribunal de Justicia y al juzgador, y no a los imputados ni a sus defensores.
También instó a los acusados, aún sin un representante legal, a que lo designaran y presentaran debidamente, derecho que les asiste; pidió a los abogados que estudien con tiempo los dos mil 752 tomos (un millón 300 mil hojas) de la investigación iniciada en 2017 y los cargos imputados.
El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país centroamericano apunta a los sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
El caso se originó de una denuncia del excontralor, Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que la archivaron, y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo fue reabierto en Panamá en enero de 2017.
En declaraciones a Prensa Latina, Ruth Morcillo, quien encabeza el equipo del Ministerio Público, precisó que la Fiscalía solicitará llamamiento a juicio para 50 personas investigadas, incluyendo dos expresidentes de la República: Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Los dos hijos del primero (Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares) están encarcelados en Estados Unidos, luego de confesar del blanqueo de 28 millones de dólares en coimas a Odebrecht, siguiendo instrucciones -según ellos- de su padre, el exgobernante.
Ni Varela ni Martinelli aparecieron en julio último en la sala de audiencias, y los abogados del segundo comentaron que su cliente no tenía que comparecer porque goza de fuero electoral penal como líder del partido Realizando Metas, en medio de comicios internos, beneficio que le fue retirado, por lo cual ahora está obligado, según ley, a asistir al tribunal.
Analistas estiman vergonzoso que los dos hijos de Martinelli fueran juzgados a 36 meses de cárcel en Nueva York, mientras en Panamá a duras penas está por comenzar el proceso penal. Además de las 50 personas naturales, hay una jurídica, la importadora Ricamar, que comercialmente opera la cadena de mercados Súper 99, propiedad de la multimillonaria familia Martinelli.
Según estudiosos, Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años. Sin embargo, varios analistas estiman que aunque no faltan pruebas y testimonios que incriminan a todos los involucrados en el caso, hay ausencia de voluntad, valor y empoderamiento, cuando la política suele callar la pasión de fiscales y jueces por hacer lo correcto.
La socióloga Juana Camargo comentó incluso que la audiencia de Odebrecht dará o no la certeza de castigo contra las coimas que aceptaron políticos en sus campañas electorales y durante sus mandatos. “Cada dólar que desviaron se lo quitaron a la calidad de vida, a resolver problemas vitales para los panameños como la educación y la salud”, denunció.