Varias personas murieron el pasado 15 de diciembre en Huamanga durante una manifestación contra el Gobierno de Dina Boluarte.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho está investigando a las fuerzas del orden en relación con las muertes ocurridas durante una protesta antigubernamental el pasado 15 de diciembre en Huamanga (Perú), según un comunicado publicado este lunes por el Ministerio Público del país andino.
El texto indica que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación en contra del personal de la Policía Nacional, del Ejército del Perú y de aquellos implicados en la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones.
Ya se han obtenido 147 vídeos de las municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos, así como se han recabado los informes sobre el número de uniformados que participó en las operaciones de ese día, precisó la institución.
Pericias balísticas, necropsias y otras indagaciones
Además, desde el Ministerio Público detallaron que se han realizado actas de entrevistas a los heridos y familiares de las víctimas, constataciones en establecimientos hospitalarios y se ha dispuesto la realización de pericias balísticas y necropsias.
«Reiteramos el compromiso de la Fiscalía de la nación de que se cumplan los lineamientos de orden, firmeza y celeridad, pero respetando siempre la objetividad, la independencia de criterio de los fiscales, y, sobre todo, la reserva de las investigaciones que ordena el Código Procesal Penal», concluyeron.
El pasado 7 de febrero se cumplieron dos meses desde que el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso. Actualmente está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, en Lima. Sus abogados sostienen que no se le brindó un antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso.
Dina Boluarte se convirtió en la presidenta interina del país latinoamericano, que desde entonces ha vivido una ola de protestas masivas que piden su renuncia, el cierre del Congreso, elecciones generales anticipadas, una Asamblea Constituyente, la liberación de Castillo y justicia para las víctimas de la represión.